Cierre del INADI, la libertad de odiar
En medio de la proliferación de discursos de odio y actos violentos contra diversos colectivos a nivel local y mundial, el gobierno nacional cerró definitivamente el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El objetivo principal de dicho organismo era combatir la discriminación en todas sus formas en Argentina.
El decreto 696/2024 fue firmado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dos días después del asesinato de Susana Montoya, quien junto a su familia desde hacía meses recibían mensajes con amenazas e insultos que incluían símbolos nazis, y amedrentamientos por su participación como querellantes en un juicio de lesa humanidad.
El INADI fue creado en 1995, luego del atentado a la AMIA, mediante la Ley 24.515. Por esta condición, no podría haber sido eliminado por Decreto. No obstante, la “Ley de Bases” parece habilitarlo. Sancionada por diputados y senadores de todo el arco político (a excepción del Frente de Izquierda y parte de Unión por la Patria) este paquete de leyes declara la emergencia pública en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas por un año. Durante este tiempo, se delegan ciertas facultades al Poder Ejecutivo Nacional para manejar estas emergencias, conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos del decreto se mencionan irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia.
En febrero, ya habían anunciado el cierre de todas las dependencias del organismo a nivel nacional. Con la disolución definitiva, la totalidad de los recursos pasarán a la órbita del Ministerio de Justicia, que será el encargado de “elaborar y poner en ejecución las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”. En este sentido, se resalta que “la obligación constitucional de legislar y promover medidas de acción positiva, que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, no exige necesariamente la creación de un organismo descentralizado de la administración pública nacional”.
Más allá de las críticas a las gestiones anteriores y los desafíos en pos de un mejor funcionamiento, cuesta creer que esta medida apunte a adoptar una reestructuración del organigrama en función del achicamiento del Estado, y que sirva asimismo para elaborar y agilizar las políticas contra la discriminación, la xenofobia y el racismo. Sobre todo, teniendo en cuenta que desde “La Libertad Avanza”, partidos y espacios aliados, se propician discursos que distan bastante de la construcción de una sociedad inclusiva y tolerante.
Sólo para ilustrar con algunos ejemplos mediáticos, en septiembre del 2023, el por entonces candidato a presidente, Javier Milei, fue denunciado ante el INADI por los dichos expresados durante una entrevista en un programa radial en Córdoba:. “¿Qué es en el fondo un Socialista? Es una basura, es excremento humano”, había señalado. Anteriormente, Milei había calificado de “pedazo de mogólico, imbécil, tarado” a otro economista. Ante esto, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina manifestó su rechazo al uso de la palabra mogólico como insulto. Por otra parte, hace unas semanas se conoció la visita de seis diputados de “La Libertad Avanza” a represores, condenados por delitos de lesa humanidad, detenidos en la cárcel de Ezeiza.
En consonancia con lógicas relacionadas al aniquilamiento de todo lo que no entre en la ideología libertaria, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la disolución del INADI como “Muerte administrativa”.
Del dicho al hecho
En mayo pasado, cuatro mujeres lesbianas sufrieron el ataque con una bomba molotov en una pensión en Barracas. Tres de ellas murieron. Eran amenazadas hace tiempo por un vecino que, ni más ni menos, las odiaba por su orientación sexual.
Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, en Argentina, en 2023 se cometieron 133 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto para los ataques.
Hace una año ya, Kantuta Killa y Wari Rimachi, integrantes de la Comunidad Quechua Ayllu Mayu Wasi, sufrieron un episodio de discriminación por parte de los integrantes del programa “Bien de Mañana”, conducido por Fabián Doman, que se emitía por Canal 13. Días después fueron recibidos por la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Defensora del Público; allí realizaron la denuncia correspondiente. La oportunidad de denunciar ante un organismo específico siempre genera la posibilidad de una reparación futura.
En este contexto, espacios como el INADI cobran importancia. Responden a la lógica de construcción de una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y sean tratadas con dignidad y respeto. La igualdad es un principio que parece haber sido desplazado por esta gestión, y que no merece ninguna política pública que fortalezca su vigencia.
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