El discurso de la violencia contra la comunidad Cueva del Inca
El 7 de julio de 2025, el gobierno de Jujuy publicó en su página de prensa oficial una nota titulada “Policías heridos en un enfrentamiento de privados”. Con ella, intentó encuadrar la violenta represión contra la Comunidad Cueva del Inca en Tilcara como una mera disputa entre “privados” por “tierras privadas”. Esta narrativa oficial no solo oculta y distorsiona deliberadamente la lucha de esa comunidad, perteneciente al pueblo Kolla, en defensa de su territorio ancestral, sino que, además, es parte de una metodología que se repite en diferentes ámbitos para amedrentar y disciplinar a quienes reclaman o ejercen sus derechos.
Discurso oficial
La nota describe una “pelea entre dos grupos que se disputan tierras privadas”, donde la policía habría intervenido “a fin de asegurar el cumplimiento de disposiciones emanadas de la autoridad judicial”. Con estas afirmaciones, se emite una fake news, tratando de imponer en el imaginario popular una suerte de batalla campal entre dos grupos violentos en igualdad de condiciones y un supuesto Estado garantizador de la justicia.
Nada más lejos de eso, en la escueta nota el gobierno de Jujuy se posiciona como garante de los empresarios hoteleros, ignorando toda la legislación nacional e internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas.
Al referirse a “legítimos dueños de dicho inmueble”, el gobierno avala implícitamente una lógica de propiedad privada que colisiona con el marco legal que rige en relación a los pueblos originarios con la tierra. La Comunidad Cueva del Inca, reconocida por el propio Estado desde 2014, no “disputa” tierras; defiende el territorio que habita ancestralmente y que es fundamental para su existencia cultural, espiritual y material. Este territorio, además, es parte de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, y contiene un sitio arqueológico de incalculable valor.
La violencia ejercida
Sin mostrar imágenes que lo confirmen, la nota oficial menciona “siete policías heridos” como resultado del “episodio violento”. Sin embargo, omite por completo la brutalidad del operativo policial denunciado por la comunidad: el ingreso sorpresivo en la nocturnidad, el corte de energía eléctrica —reafirmando nefastas prácticas de la última dictadura cívico-militar en Jujuy—, la destrucción de la vivienda de la presidenta de la comunidad, la detención e incomunicación de 12 de sus miembros y el uso de gases lacrimógenos.
Al centrarse únicamente en los supuestos agentes heridos, la publicación busca victimizar a las fuerzas de seguridad y, de paso, criminalizar la resistencia legítima de la comunidad, que fue agredida en su propio hogar. A diferencia de la comunidad, que intentó grabar todo el operativo, de las fuerzas policiales solo se muestra una foto descontextualizada de un policía con una lesión cercana a su ojo.
La frase “los dueños de las tierras en cuestión recuperaron lo que les pertenece e hicieron demoler una habitación de construcción reciente, es decir, ningún bien ancestral” es particularmente perversa. Primero, porque refrenda la supuesta “propiedad” de terceros sobre un territorio ancestral. Segundo, porque intenta deslegitimar cualquier daño aludiendo que lo demolido no era “bien ancestral”. ¿Acaso el acceso a vivienda no es un derecho fundamental, sea “ancestral” o de “construcción reciente”? Esta afirmación minimiza el impacto material y emocional del desalojo forzoso. Tercero, pensar que una vivienda por no ser milenaria no corresponde al territorio ancestral es ignorar la forma de habitar de los pueblos originarios, completamente distinta a las lógicas de la explotación destructiva capitalista. También es negar a las comunidades el derecho de decidir cómo habitar su propio territorio y condenarlas al estigma de vivir “como hace más de 500 años” para demostrar ser un verdadero “indio”.
La verdadera causa: Intereses económicos
La realidad, lejos de ser una simple “pelea de privados”, apunta a la existencia de poderosos intereses económicos, turísticos y extractivistas que buscan apoderarse de estas tierras estratégicas. La Comunidad Cueva del Inca ha denunciado que el empresario Carlos Vázquez busca quedarse con su territorio, y que estas acciones de desalojo forman parte de una estrategia de despojo territorial que se repite en muchas otras comunidades indígenas.
A partir de la reforma constitucional, los poderes de la provincia de Jujuy han acelerado los proyectos extractivistas y económicos por encima de los derechos humanos y territoriales de los pueblos originarios.
El gobierno nacional y gran parte de los partidos autopercibidos opositores con representación en el Congreso Nacional aportaron a la entrega de los territorios, otorgando facultades delegadas al presidente Javier Milei. La derogación de la emergencia territorial, enmarcada en la Ley 26.160; la reestructuración y recorte presupuestario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); la resolución de eliminación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI); la anulación de relevamientos territoriales y entrega de carpetas técnicas, entre otras medidas, se complementan con proyectos como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), llevando a un estado de vulneración insoportable para las familias indígenas, trabajadoras y protectoras de los tan codiciados bienes comunes.
La violencia contra la Comunidad Cueva del Inca es un capítulo más de la vulneración sistemática de los derechos indígenas. Esta metodología de generar noticias falsas con discursos que apelan al enfrentamiento se repite sistemáticamente en otros contextos y con diferentes colectivos. Sólo un ejemplo de esto es el de la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, quien acusó de “patotera, pega palos” a una jubilada de 81 años que cayó desmayada luego de ser golpeada por un policía en una manifestación frente al Congreso de la Nación.
La peligrosa narrativa oficial que distorsiona la verdad para justificar la represión es una advertencia no solo a los pueblos indígenas, sino a todos los sectores sociales que, vulnerados por los planes de miseria y odio, ejercen su derecho a la protesta. A pesar de ello, la comunidad Cueva del Inca resiste, y dos días después del desalojo volvieron al territorio para reivindicar su posesión.
📷 Colectivo de comunicadores de Cueva del Inca
- Denuncian penalmente al INAI y al gobierno de Jujuy
- El discurso de la violencia contra la comunidad Cueva del Inca
- Gobierno de Neuquén incumple acuerdo con comunidades mapuche
- El día de la independencia atravesado por el colonialismo más evidente
- El CELS presentó amicus curiae en defensa de la Comunidad Kolla Cueva del Inca
RELATED NEWS
