Denuncian penalmente al INAI y al gobierno de Jujuy

11 Jul 2025

La acción judicial es por vulneraciones sistemáticas a las comunidades indígenas

Una denuncia penal, presentada el 11 de julio pasado ante la justicia federal, expone un entramado de omisiones administrativas, abusos de poder y presuntas maniobras de corrupción que afectarían gravemente los derechos de comunidades indígenas en la provincia de Jujuy. La acción judicial fue promovida por las abogadas Silvana Llanes y Alejandra Cejas, quienes señalan al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy y al gobierno provincial como responsables de una política sistemática de desprotección.

La denuncia se apoya en un sólido marco legal nacional y supranacional. En primer lugar, se invoca la Constitución Nacional, específicamente el artículo 75, en sus incisos 17 y 22, que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizan su identidad y aseguran el respeto de sus territorios ancestrales. Esta base constitucional se entrelaza con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado argentino a garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de manera libre, previa e informada ante cualquier proyecto que afecte sus tierras, recursos o formas de vida.

Asimismo, el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación son utilizados para fundamentar la denuncia respecto a posibles delitos cometidos por funcionarios públicos, incluyendo incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Pero la presentación no se detiene allí: se complementa con tratados internacionales de derechos humanos, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconocen expresamente la propiedad comunitaria, la identidad cultural y el derecho a preservar el territorio frente al avance de intereses extractivistas.

Este conjunto normativo no sólo legitima las exigencias planteadas por las comunidades, sino que obliga al Estado a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. La omisión en reconocer personería jurídica, realizar relevamientos territoriales y respetar el consentimiento libre e informado no es solamente una falta administrativa: constituye, según la denuncia, una violación grave al orden jurídico nacional e internacional que protege a los pueblos originarios.

Principales hechos denunciados

Las abogadas Silvana Llanes y Alejandra Cejas señalan en su denuncia una serie de hechos que configuran lo que consideran un patrón persistente de vulneración institucional hacia las comunidades indígenas en Jujuy. Entre los principales puntos, denuncian la sistemática negación de personería jurídica a comunidades que han cumplido con todos los requisitos administrativos exigidos por ley. Esta falta de reconocimiento impide el desarrollo de relevamientos territoriales y la posterior obtención de títulos de propiedad comunitaria, exponiéndolas a un estado de indefensión frente al avance de intereses privados.

A su vez, advierten que la ausencia total de relevamientos territoriales por parte de organismos estatales, es una omisión que deja a las comunidades sin herramientas legales para proteger sus territorios ancestrales ante la expansión extractivista.

Otro aspecto crítico de la denuncia es la posible existencia de tráfico de influencias. Según lo señalado, funcionarios de la Secretaría de Pueblos Indígenas habrían ofrecido servicios de gestoría a empresas mineras para facilitar permisos y cateos, sin haber realizado la consulta previa, libre e informada que exige la normativa vigente. Este accionar, además de vulnerar el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, pone en entredicho la función institucional del organismo.

En esta misma línea, las letradas subrayan que la falta de reconocimiento formal también implica la negación de derechos colectivos esenciales. Sin personería jurídica ni acceso a sus tierras, las comunidades se ven impedidas de ejercer plenamente su cultura, proteger su entorno y reafirmar su identidad como pueblos originarios.

Territorios en riesgo

Integrantes de diversas comunidades originarias acompañaron la presentación judicial. Al salir del Ministerio Público Fiscal, Llanes expresó ante los medios locales: “La desprotección es estructural. Hoy denunciamos formalmente el incumplimiento reiterado por parte del INAI, la Secretaría de Pueblos Originarios y el gobierno provincial. Las comunidades han demostrado, con documentación legal, su posesión legítima de tierras ancestrales, pero se les niega sistemáticamente la personería jurídica y el título comunitario”.

Según datos mencionados por los manifestantes, más de 400 comunidades existen en Jujuy, pero apenas 200 están reconocidas oficialmente. Muchas de ellas siguen esperando los relevamientos territoriales suspendidos desde la derogación de la Ley 26.160.

La abogada subrayó que esta situación no es aislada: comunidades como El Pongo, Caspalá y la misma Cueva del Inca -que sufrió un violento operativo hace pocos días-, viven procesos de desalojo, criminalización y despojo territorial. “No podemos permitir más avasallamientos. Somos pueblos preexistentes a cualquier Estado de Derecho. Esta denuncia es apenas el inicio de una defensa activa frente a quienes vulneran nuestros derechos”, concluyó Llanes.

Intereses inmobiliarios y extractivistas

La presentación judicial apunta a evidenciar un modelo institucional que, en lugar de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, estaría cumpliendo un rol funcional a los intereses inmobiliarios y extractivistas en la provincia de Jujuy. En este marco, las abogadas peticionan la apertura de investigaciones penales contra funcionarios públicos presuntamente responsables de los hechos denunciados; la implementación de medidas urgentes que garanticen la personería jurídica de las comunidades; el reconocimiento de títulos territoriales y la protección de su identidad cultural. También se solicita la imposición de sanciones por abuso de poder y tráfico de influencias, y la restitución plena de los derechos vulnerados, que afectan tanto la integridad colectiva como la supervivencia territorial de los pueblos originarios.

La crítica situación que atraviesan las comunidades indígenas en Jujuy no es un hecho aislado: refleja una problemática estructural que se repite en distintas regiones del país. La denuncia judicial presentada en esa provincia —centrada en el reconocimiento legal, territorial y cultural de los pueblos originarios— podría sentar un precedente replicable en otras jurisdicciones, especialmente en un contexto donde el avance de proyectos extractivistas y la persistente falta de voluntad política por parte del Estado configuran un escenario de vulneración generalizada de derechos colectivos.