Amenaza de desalojos en Tafí del Valle 

La Unión de Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) en Tucumán informó recientemente que tres familias del barrio Los Grateos, en Tafí del Valle, fueron notificadas con órdenes de desalojo. Estas acciones se ejecutan en base a un decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo el 2 de octubre de 2023.

Este decreto del gobernador ordena desalojar tres inmuebles a orillas del Río Blanquito, argumentando que se trata de “uso no autorizado y de riesgo ambiental”. Además, instruye a la Dirección Provincial del Agua (DPA), con apoyo de la fuerza pública, a resguardar y proteger el terreno como patrimonio de la provincia. Asimismo, autoriza a la Fiscalía de Estado a iniciar las acciones legales correspondientes.

Con la derogación, en diciembre de 2024, de la prórroga de la emergencia territorial contemplada en la Ley 26.160 se reactivaron los despojos a lo largo y a lo ancho del país. En este contexto, el pasado 9 de abril de 2025, notificaron a tres familias del barrio Los Grateos, en Tafí del Valle.

Elena Chaile, una de las afectadas, expresó con preocupación: “Yo estoy mal, esperando la hora que vengan y me despojen de mi casa. Si a mí me sacan de acá, no tengo adónde ir”. Elena vive junto a sus hijos en una casa que construyó hace más de 20 años. A pesar de las acusaciones sobre su proximidad al río, la incertidumbre de una posible reubicación la mantiene en vilo. Su vivienda, un módulo facilitado por la municipalidad, representa el esfuerzo de décadas al que añadió una pequeña cocina: “Necesito el apoyo de todos los demás comuneros y de todas”, suplicó.

Jesica Valdez, otra de las afectadas, enfrenta una situación similar. Vive junto a su marido y cuatro hijos menores y también recibió una orden de desalojo. Explicó: “Estamos pidiendo que no nos desalojen porque no tenemos a dónde ir. Directamente no dormimos pensando en esto”. Jesica intenta mantener la calma para no preocupar a sus hijos, aunque admite: “Yo trato de no ponerme mal, de no llorar delante de ellos, pero es muy difícil”.

La situación en Los Grateos refleja una problemática que afecta a comunidades originarias en diferentes territorios de la provincia de Tucumán. Estas familias enfrentan notificaciones que les otorgan solo 10 días para desocupar sus casas, sin considerar su vulnerabilidad. Se presentaron recursos administrativos ante la DPA y un amparo ante el juez de paz para detener los procedimientos y establecer una instancia de diálogo, pero aún no obtuvieron respuestas.

“Queremos una mesa de diálogo, no esta actitud dictatorial, patotera, donde entregan un papel y te dicen que tienes 10 días o te destruyen lo que construiste con tanto sacrificio, reclamó el Cacique Alejo Azar que además es secretario general de la UPND – Tucumán. En su demanda, solicita que el Estado implemente medidas que no perjudiquen a ninguna de las partes y que respete la cultura e historia de las comunidades indígenas, quienes históricamente han habitado estos territorios.

El cacique también denunció desalojos similares en la comunidad de Los Molles e Indio Colalao, donde la familia Mamani fue despojada por orden de la jueza María Valeria Mibelli del territorio que ocupa hace más de 180 años. A pesar de contar con personería jurídica, carpeta técnica y relevamiento territorial catastral, fueron obligados a abandonar sus territorios ancestrales y vender sus animales, enfrentando amenazas calificadas como violatorias de sus derechos humanos. “Exigimos al Estado que escuche nuestras voces y se comprometa con soluciones justas”, concluyó Azar.

📷Unión de Pueblos de la Nación Diaguita 📷




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