Amenaza de despojo a la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca en San Juan

02 May 2025

La Comunidad Huarpe Salvador Talquenca de El Encón enfrenta una amenaza de desalojo tras la derogación de la emergencia territorial. A pesar de un fallo favorable que frenó la subasta de sus tierras ancestrales, otra vez se encuentran en riesgo sus derechos territoriales.

En El Encón, provincia de San Juan, la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca denunció un nuevo intento de despojo de sus tierras ancestrales. La historia de este conflicto se remonta a 2010, cuando una subasta impulsada por la abogada de una reconocida familia de políticos locales, Cantoni Bravo, puso en disputa tierras históricamente habitadas por la comunidad huarpe. En aquel entonces, la oportuna intervención del juez Luis César Arancibia, del Tercer Juzgado Civil de San Juan, detuvo la ejecución de la subasta, amparándose en la Ley 26.160. El magistrado fue contundente al señalar que la situación de las comunidades originarias distaba enormemente de la de simples usurpadores, recordando la protección que les otorgan los convenios internacionales de rango constitucional.

Sin embargo, el escenario dio un vuelco drástico con la derogación de la emergencia territorial. Los adquirentes del remate reactivaron los intentos de toma de posesión, respaldados por un mandamiento judicial. La comunidad, mediante su apoderado legal, Ariel López, impugnó la resolución del juez. Cabe destacar que el mismo juez que en 2012 reconoció la posesión ancestral de la comunidad es quien ahora parece contrariar su propio fallo.

El territorio en disputa abarca unas 9.000 hectáreas, fundamentales para la subsistencia de las familias de la comunidad, cuya actividad principal es el pastoreo de cabras en una zona árida donde los terrenos comunales permiten el acceso compartido a los recursos naturales. El alambrado y la parcelación de estos espacios podrían afectar gravemente la vida y el desarrollo de la comunidad.

Ariel López, en comunicación con Infoterritorial, explicó: “Los problemas que suceden acá en San Juan son muy parecidos a los que padecen todos los pueblos originarios de todos los rincones de la Argentina. Son ignoradas las posesiones que tienen, los campos terminan a nombre de otras personas y, entonces, por eso pasa esto. Miran para otro lado y no tienen en cuenta el desarrollo de la vida y de todas las cosas que hacen a la posesión de su territorio”.

Además, el letrado relató el modo de convivencia y las consecuencias que generaría el despojo: “Son campos que se utilizan de forma comunitaria, en donde hay hasta aguadas en común, todo lo usan así. Entonces, si alguien viene, les quita una parte significativa de ese territorio, les alambra, les corta todo el camino de los animales, el pastoreo… en definitiva, les arrebata a las familias la posibilidad de desarrollarse en un territorio donde siempre han vivido”.

La existencia y ocupación ancestral de la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca están respaldadas por su inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, otro de los organismos cerrados durante la gestión del gobierno de Javier Milei, y por el reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que llevó a cabo un relevamiento técnico catastral de sus tierras en el año 2008. A pesar de estos antecedentes, que deberían garantizar su derecho territorial, la amenaza de desalojo avanza, poniendo en jaque la estabilidad de esta comunidad originaria.

“La Constitución Nacional Argentina, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a sus tierras. La pretensión de despojarnos de nuestro territorio ancestral no solo vulnera este principio fundamental, sino que también desconoce nuestra historia, nuestra cultura y nuestro vínculo espiritual con la tierra que habitamos desde tiempos inmemoriales”, expresaron en un comunicado público.

El llamado de la comunidad Huarpe Salvador Talquenca debería resonar con urgencia entre las autoridades provinciales y nacionales, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad en general. En su comunicado enfatizaron: “La defensa de nuestro territorio es la defensa de nuestra cultura, nuestra historia y el legado para las generaciones futuras”

Este caso en San Juan no es un hecho aislado. Se suma a la creciente inquietud que embarga a numerosas comunidades indígenas en todo el país. Desde que Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia que puso fin a la emergencia territorial indígena de la Ley 26.160, la incertidumbre jurídica en torno a la posesión de la tierra indígena se ha profundizado, favoreciendo la avanzada de privados y empresas con intereses en estos territorios.

A pesar de la fragilidad de la normativa, que debía ser renovada periódicamente por decreto ante la movilización de las comunidades indígenas, durante años brindó cierta protección contra los desalojos. “No permitiremos que la derogación de una ley nos arrebate lo que legítimamente nos pertenece y que está amparado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”, se advirtió en el escrito de la comunidad.

Juana Castro, integrante de la comunidad Salvador Talquenca, expresó: “Actualmente estamos preocupados, pero sabemos que, aparte de la Ley 26.160, tenemos la Constitución Nacional, que nos ayudará a defendernos, porque nosotros tenemos la posesión histórica”.

La situación actual es de alta expectativa, ya que en los próximos días se espera una resolución por parte del poder judicial. La comunidad y su abogado señalaron que el fallo debería ser favorable a la posesión indígena y alertaron: “Defenderemos con todas las herramientas legales y comunitarias nuestro derecho intransferible a la tierra”.

📷Comunidad Huarpe Salvador Talquenca