“Anciana y mapuche”, un maridaje peligroso en tiempos libertarios

Isabel Catriman recibe ayuda de su hija para subir las escaleras del juzgado de Esquel. ©Roxana Sposaro

26 Mar 2025

El pasado 21 de marzo, en los Tribunales de Esquel, tuvo lugar una audiencia oral y pública en donde la abogada Verónica Heredia solicitó explicaciones respecto al violento allanamiento policial realizado contra Isabel Catrimán, una mujer mapuche de 82 años, investigada, aunque no imputada, en relación con un ataque incendiario a maquinaria y vehículos en una estancia de Trevelin, Chubut. La fiscalía confirmó que las pericias realizadas resultaron negativas, dejando en evidencia la controversia por el procedimiento policial.

Si sólo por ser mapuche se carga con el estigma de terrorista, ¿Qué más se puede esperar si a ello se le suma ser una mujer mayor de 82 años? En la gran Ciudad de Buenos Aires podría ser acusada, cualquier miércoles, de “atentar contra la república”, y recibir los palazos y gases de los uniformados, que ya son parte de la dureza del paisaje urbano. Pero Isabel vive alejada, muy arriba en la montaña, rodeada de un bosque nativo, en las cercanías de la Laguna El Martillo, en Esquel, al límite del Parque Nacional Los Alerces. Su cuidado con la naturaleza, y el hecho de haber sufrido incendios forestales en su propio territorio, parecen importar poco al Ministerio Público Fiscal (MPF) que la incluye en la investigación en relación a un supuesto ataque con “bombas molotov”.

El 11 de febrero, Isabel sufrió un violento operativo policial en su territorio, perseguida en el marco de la investigación por el presunto “atentado incendiario” en la estancia Amancay, en Trevelin, Chubut. Este procedimiento surge de una investigación del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal jefa María Bottini, y fue ordenado por el juez Jorge Criado, como parte de una jornada en la que se allanaron, por lo menos, 12 lugares en distintas localidades de Chubut, incluidas comunidades, casas particulares y una radio comunitaria. Ese mismo día, en Lof Pillán Mahuiza, detuvieron a Victoria Núñez Fernández, quien aún continúa privada de su libertad bajo arresto domiciliario.

*Fiscal jefe de Esquel María Bottini y procurador Ismael Cerda ©Roxana Sposaro*

Si no es imputada, ¿en calidad de qué se hizo el allanamiento?

Isabel quiere entender el porqué de tanta violencia. Frente a la mirada del juez Jorge Criado, la fiscal general María Bottini y el procurador Ismael Cerda, su abogada relató los hechos que motivaron la solicitud de la audiencia:

“La señora Catrimán estaba sentada tomando mate a las 7 de la mañana en su domicilio. Rompen la tranquera, entran más de 10 personas encapuchadas, todas vestidas de negro, con armas largas, blandiendo al grito ‘¡Cuerpo a tierra, levanten las manos!’, sin saber de qué se trataba. Entraron a su domicilio. Se cayó porque tiene problemas en su pierna izquierda. Ni siquiera tuvieron compasión. Dice que empezaron a revolver todas las cosas como ratas. Hasta dieron vuelta una olla con grasa. La señora, sin entender, en un momento fue apuntada. Todo el tiempo le apuntaban a la cara. Las personas encapuchadas, en un momento, cargaron como si fueran a disparar. Entonces se empezó a sentir mal porque sufre de presión. Tiene 82 años. Ahí, una de las personas, la única que no estaba encapuchada, el oficial Crettón, le dijo que era un allanamiento dispuesto, ordenado por el juez Criado. Entonces la señora Catrimán preguntó: ‘Bueno, ¿por qué? ¿qué hice?’. No le contestaron absolutamente nada. Sin embargo, la pararon en la esquina de su cocina, la midieron, le tomaron fotos y huellas digitales. Me dice: ‘Me metieron algo en la boca’. ‘¿Qué le metieron en la boca?’ No sé. ¿Algún aparato? ‘¿Quién le metió un aparato en la boca?”.

*Isabel Catriman junto a su abogada, Verónica Heredia ©Roxana Sposaro*

Para la abogada, a pesar de que el juez y el Ministerio Público Fiscal sostienen que Isabel no está formalmente imputada, el desarrollo de medidas como allanamientos, recolección de muestras biológicas, toma de fotografías, huellas dactilares y extracción de material genético colocan a Isabel, de facto, en la posición de una imputada.

“Éstas son medidas de persecución penal que solo se justifican si hay una sospecha razonable y motivada, lo cual no se evidencia en este caso. Es ilegal”, explicó Heredia al salir de la audiencia. Además, criticó el argumento del juez de remitir la defensa a la fiscalía para obtener los fundamentos del allanamiento que, pasado más de un mes, Catrimán aún desconoce.

La fiscal Bottini afirmó en la audiencia que “en principio, dio negativo el allanamiento, por lo cual Catrimán estaría desvinculada y no ha sido imputada”. No obstante, aclaró que aún están pendientes las pericias sobre un celular secuestrado en su domicilio; en otras palabras, sigue siendo investigada. Estas declaraciones agravan aún más la controversia, ya que confirman que las medidas se llevaron a cabo sin elementos contundentes contra Isabel. “Es una práctica conocida como ‘ir a la pesca’, donde se buscan indicios sin tener previamente a quién imputar, esperando que los resultados guíen el proceso”, señaló Heredia.

Sin explicar argumentos

Toda la explicación del juez Criado se basó en un laberinto de artículos, leyes y circuitos jurídicos que Isabel Catrimán, al ser consultada por este medio, expresó no comprender. A su vez, el juez respondió que el Ministerio Público Fiscal es responsable de informar sobre las razones del allanamiento. La fiscal Bottini propuso a Heredia separar y entregarles la parte del largo expediente en la que se menciona a Catrimán, privándola de conocer la totalidad de la causa.

El juez Criado le recordó que podía denunciar por excesos a las autoridades de las fuerzas que realizaron el operativo, o incluso al mismo magistrado.

Sin embargo, durante toda la audiencia ni el Ministerio Público Fiscal ni el juez pudieron esgrimir un mínimo argumento contra Isabel de los supuestamente mencionados en la causa.

*Audiencia realizada en Esquel* ©Roxana Sposaro

Los buenos modales, sólo para algunos

“La allané, la secuestré, le metí una cosa en la boca. Pero todavía no está imputada. Todavía no sé… ¿están yendo a la pesca?’” preguntó Heredia en medio de la falta de argumentos para involucrarla en la investigación.

“Compórtese” , interrumpió el juez Criado.

Consultada sobre la visible molestia del juez ante la expresión “ir a la pesca”, Heredia explicó que, lejos de ser irrespetuosa, dicha práctica es reconocida en el ámbito jurídico penal. Se refiere a acciones amplias y exhaustivas del Ministerio Público Fiscal que se realizan sin tener un sospechoso o evidencia clara, buscando construir un caso en función de los resultados.

Este enfoque, criticado por la jurisprudencia y la doctrina penal especializada, vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional, tratados internacionales de derechos humanos y el Código Procesal Penal de Chubut.

La situación es aún más compleja considerando la vulnerabilidad de Isabel. Su edad, género y pertenencia a una comunidad originaria demandan un trato más cuidadoso, conforme a las 100 Reglas de Brasilia, reconocidas tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

“Con estas tres vulnerabilidades, Isabel está sometida a un proceso sin que le permitan ejercer siquiera su derecho a conocer en calidad de imputada, porque a partir de ahí tendría derechos. Y se le está investigando por las dudas de que, en algún momento, aparezca algo”, denunció la abogada.

Heredia anticipó que impugnará la resolución del juez y continuará denunciando lo que considera un proceder arbitrario. Para Isabel, y muchos otros que enfrentan situaciones similares como Victoria Nuñez Fernández, el proceso judicial se transforma en un camino lleno de desprecio y racismo, lejos de lo que se espera del concepto de justicia.

Foto de portada: Isabel Catriman recibe ayuda de su hija para subir las escaleras del juzgado de Esquel. ©Roxana Sposaro