Comunidad Buenuleo: Denuncian excesos en operativo y escalada del conflicto

17 Mar 2025

La Defensoría Pública pidió revisar la legalidad del operativo realizado el 11 de marzo a cargo de la fiscal Betiana Cendón

El pasado 14 de marzo se llevó a cabo una audiencia oral y pública, a pedido de los defensores públicos Marcos Ciccarello y Natalia Araya, para revisar la legalidad del operativo a cargo de la fiscal Betiana Cendón. En la diligencia que participaron un centenar de efectivos de la Policía de Río Negro y empleados del municipio de Bariloche.

Este operativo tuvo como objetivo cumplir con el fallo de “restituir” 92 hectáreas a Emilio Friedrich. Sin embargo, para el defensor oficial Ciccarello, el procedimiento representó “una escalada del conflicto”, señalando que el operativo excedió el contenido de la orden judicial. Según él, dicho operativo resultó innecesario, dado que la comunidad Buenuleo ya se había retirado voluntariamente del territorio en disputa días antes del desalojo.

En el debate, realizado vía Zoom, Ciccarello también señaló el retiro de una tranquera ubicada dentro del territorio de la lof, y la habilitación de un supuesto “camino vecinal” ubicado dentro del territorio que la comunidad. Con el apoyo de una grúa de la municipalidad de Bariloche se retiró la tranquera, y así se permitió el acceso al predio reclamado por Friedrich. Según los datos catastrales mencionados por la defensa no existe servidumbre de paso, ni camino municipal, dentro del territorio.

Irregularidades en el Procedimiento

Ciccarello subrayó que la tranquera fue retirada sin una orden específica, basándose únicamente en una nota interna de la municipalidad. Además, argumentó que el territorio en cuestión forma parte de un lote de la reserva nacional y no del ejido municipal, lo que plantea un conflicto de competencias, destacando la necesidad de resolver este tipo de disputas en el ámbito civil y no mediante procedimientos policiales. “En este caso la fiscalía apeló a las vías de hecho”, advirtió el defensor

En este sentido, remarcó que la Ley Nacional N° 24.910, que fija los límites de la Reserva Nacional Nahuel Huapi – Zona Gutiérrez, “establece que el remanente del lote 127 en su conjunto es propiedad privada dentro de Parques Nacionales”. A su vez, mencionó otras sentencias judiciales que ratifican dicha normativa.

Además, recordó que Víctor Sánchez, socio de Friedrich, Antonio Puñalef, Facundo Vera, Víctor Vera y Olga Flores fueron condenados por agredir a integrantes de la comunidad mapuche, y señaló la preocupación por la integridad de los comuneros en caso de que se imponga un camino vecinal que atraviese el territorio de los Buenuleo.

En este sentido, hizo referencia a una medida cautelar 954/19 -resolución 23/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual exige que el Estado argentino adopte medidas culturalmente adecuadas para proteger los derechos de la comunidad mapuche que habita al pie del Cerro Ventana.

La Respuesta de la Fiscalía

Por su parte, la fiscal Betiana Cendón negó el operativo de desalojo: “nosotros fuimos a constatar y restituir”. Respecto al camino y la tranquera, expresó que consultó a la asesoría letrada de la municipalidad acerca de si el camino en cuestión era propiedad privada o de otro organismo. Argumentó que el retiro de la tranquera no fue ordenado por ella, sino que se realizó en un procedimiento ordenado desde el municipio de Bariloche, en coordinación con la Policía de Río Negro. No obstante, reconoció que “aprovecharon” esta medida para cumplir el fallo judicial de “restitución”, que se realizó en simultáneo.

Según Cendón, el tribunal que emitió la sentencia de desalojo no tiene competencia sobre los reclamos de la defensoría, afirmando que estas cuestiones deberían tramitarse en el fuero civil.

Además remarcó que el relevamiento de la comunidad “es nulo”, en alusión a la resolución 44/2024 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En este sentido el abogado Alejandro Pschunder profundizó sobre el conflicto territorial y político.

Nuevas denuncias

El abogado Alejandro Pschunder, representante legal de Friedrich, anunció al tribunal que, pocas horas antes de la sesión, se presentaron cuatro nuevas denuncias por usurpación y daños contra miembros de la comunidad Buenuleo.

Pschunder enfatizó que, según su postura, “hoy no hay territorio, si quieren territorio tienen que iniciar todos los trámites de nuevo con el derecho de defensa”. Su declaración estuvo basada por la reciente resolución N° 44/2024 del INAI, firmada por el presidente del organismo, Claudio Avruj. Entre otras resoluciones, Avruj dejó sin efecto la resolución que previamente, reconocía la ocupación pública, tradicional y actual de la comunidad lof che Buenuleo, una vez realizado el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral en la comunidad reconocía la ocupación pública, tradicional y actual de la comunidad lof che Buenuleo.

Durante su intervención, Pschunder celebró “un pasado que por suerte ya no está más”, y sugirió que, en caso de dudas, el tribunal debería comunicarse directamente con el presidente del INAI para aclarar la validez de la nueva normativa. Finalmente, expresó que el desalojo es “sobre todo el lote pastoril 127”, contradiciendo el fallo que refiere sólo a 92 hectáreas.

Llamado a la pacificación

Cicciarello reclamó. “Evitemos la conflictividad y tratemos de pacificar este conflicto”, e insistió en el control de legalidad de la medida llevada a cabo por la fiscal Cendón. Mientras el tribunal integrado por los jueces Romina Martini, Ignacio Gandolfi y Víctor Gangarrossa, evalúa la petición de la defensoría pública, el conflicto persiste, y queda en manos de las autoridades judiciales buscar soluciones dentro del marco legal que también incluya los derechos indígenas.

Foto: Roxana Sposaro