Dos fallos a favor de mujeres adultas mayores mapuche

28 Mar 2025

Dos juzgados de familia en la provincia de Chubut emitieron resoluciones en protección de dos mujeres ancianas mapuche: Isabel Catrimán y Agustina Gafe de Nahuel. Las sentencias imponen órdenes de restricción hacia particulares denunciados por violencia contra la mujer adulta mayor, reforzando medidas de seguridad para ellas que, además, enfrentan la usurpación de sus respectivos territorios por parte de los denunciados. Ambas mujeres son representadas legalmente por Sonia Ivanoff quien destacó la importancia de estas decisiones como pasos hacia la justicia y la visibilización de los atropellos históricos que viven las mujeres mapuche en sus comunidades indígenas.

Isabel Catrimán, Lof Catrimán Colihueque. Laguna El Martillo

El 21 de marzo de 2025, el Juzgado de Familia de Esquel, bajo la subrogancia de la jueza Juliana Paredes, emitió una resolución en el marco de la Ley XV N° 26 y la Ley N° 26.485 de protección integral a las mujeres. La magistrada dispuso la prohibición de contacto y acercamiento de Manuel Flores y Walter Ñancucheo hacia Isabel Catrimán, una octogenaria que habita en cercanías de Laguna Martillo, en el límite con el Parque nacional Los Alerces.

En sus fundamentos, la magistrada subrayó la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar la violencia, destacando el marco jurídico internacional y regional, como la Convención Belem do Pará y las recomendaciones del Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial contra Mujeres Indígenas (CEDAW). Asimismo, enfatizó que estas medidas deben ser efectivas para cesar riesgos y evitar agravamientos.

La medida incluye restricciones en el domicilio, lugares de trabajo, recreación y cualquier otro espacio habitual de Isabel, extendiéndose, en un principio, a un radio de 100 metros por un plazo de 30 días, con posibilidad de prórroga.

Esta cautelar se suma a las emitidas en otras oportunidades, siendo destacable que no existía hasta el 2024, que comenzaron jueces de la Circunscripción Judicial de Esquel y Lago Puelo, a dictar medidas de protección para mujeres mapuche tehuelche. A pesar de los reiterados reclamos y denuncias, las amenazas de muerte y hostigamiento, ya sea por terceros como por personal policial, eran invisibilizados, remitiendo sólo a resolver a cuestiones intrafamiliares.

El relato de Isabel Catrimán, documentado por el Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS), ilustra una compleja cómo la disputa territorial que comenzó con el fallecimiento de Lucio Freeman, fue victima de racismo, discriminación y violencia que fue naturalizada por los tribunales. La transacción comercial de tierras que se realizó en pleno inicio de la pandemia COVID , se hizo a puerta cerrada y “con ella adentro”, convirtiéndose en un trato y destrato institucional para con ella y los demás integrantes de la Lof. Se inició un período de hostigamientos y amenazas hacia Isabel, sin que el sistema judicial y administrativo del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), emitiera una una solución definitiva que garantice la seguridad y tranquilidad de Isabel; su primo, Gregorio, y su hija, Gloria.

Desde 2020, Isabel Catrimán viene denunciando episodios de violencia reiterada por parte de Ñancucheo y Flores, quienes trabajan como puestero y encargado de la Sociedad El Martillo, compuesta por Sayi Serra, Alicia Bordas de Samamé y Martín Famulari. Los privados “compran de alguien que no era ocupante real de tierras fiscales”, en un dudoso accionar del IAC, que recibió el reproche de un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que sostuvo la necesidad de iniciar un proceso de consulta y participación para confirmar la Comisión de Tierras Indígenas dentro del IAC, en donde una de las partes sea “aborigen” antes de emitir actos administrativos. .

Agustina Gafe de Nahuel , Comunidad Mapuche Tehuelche Epulafken – Bajo La Cancha

La Comunidad Epulafken Bajo la Cancha ocupa el territorio desde hace más de un siglo. Este asentamiento, reconocido por la presencia del cacique Marcelo Nahuel desde 1905, simboliza la pervivencia de las comunidades mapuche tehuelche tras el genocidio fundacional del Estado y el despojo territorial masivo que proponía la colonización.

En febrero pasado, Rogelio Alvarado y Fabiana Guerra ingresaron al territorio de la comunidad invocando un contrato de alquiler con el empresario Felipe Mayo. Este supuesto contrato, sin documentación formal presentada, ha sido utilizado como pretexto para realizar acciones violentas, tales como cortar alambres, derribar carteles comunitarios, tirar tranqueras, introducir animales en grandes cantidades e incluso portar armas de fuego, hechos que derivaron en la detención de Alvarado por Gendarmería Nacional. Este conflicto se da en el contexto de un juicio de recobrar posesión interpuesto por Felipe Mayo, que está pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Las acciones de Alvarado han causado graves daños, incluyendo la muerte de un potrillo en una aguada comunitaria, y derivaron en denuncias por parte de la comunidad que solicitó medidas de protección para Agustina Gafe de Nahuel.

*Agustina Gafé de Nahuel junto a sus hijos – ©Roxana Sposaro*

Aunque el Juzgado de Familia de Sarmiento, a cargo del juez Santiago Martin Alejandro Huaiquil, se declaró incompetente en razón de la materia, dictó una orden preventiva de prohibición de acercamiento, subrayando la necesidad de garantizar la protección de género en situaciones de violencia estructural.

Las medidas incluyen la prohibición de acceso y acercamiento de Rogelio Alvarado y Fabiana Feliza Guerra en un radio de 400 metros respecto del domicilio, lugar de trabajo, estudio o esparcimiento Agustina Gafe de Nahuel, por un período provisional de 15 días.

Milicias empresariales

Mauro Millán, es Lonko de Lof Pillán Mahuiza, una comunidad mapuche en Corcovado. Chubut. Su padre, de 84 años fue empujado, golpeado y maniatado por efectivos policiales durante el allanamiento del 11 de febrero pasado en el que además, detuvieron a Victoria Nuñez Fernández quien se encuentra cumpliendo arresto domiciliario, investigada por un supuesto ataque incendiario del que asegura que no tuvo participación.

Millán sostiene que el accionar privado y estatal está direccionado a las mujeres y a la ancianidad, y genera un permanente acoso que consiste en enviar gente, amedrentar, acosar, inclusive a instalarse muy cerca: “Existen grupos empresariales con intereses sobre los territorios que, con la complicidad y la anuencia del gobierno y de la propia justicia, están generando un marco tan grande de violencia, que se roza el sicariato”.

Pero esta historia no es nueva, los discursos de odio por parte de autoridades nacionales, provinciales, legisladores y funcionarios públicos allanaron el terreno para convalidar la acción de grupos parapoliciales al servicio de empresarios con intereses en los territorios. Para ejemplificar, Millán menciona las “milicias empresariales” que merodean las calles de El Bolsón violentando a quienes se manifiestan en favor de las comunidades y expresiones solidarias como son las brigadas autoconvocadas para combatir los incendios forestales. Tambien, el asesinato de Elías Garay Cayicol en Cuesta del Ternero en 2021, por parte de dos empleados de Rolando Rocco, empresario que recientemente logró el desalojo de la Lof Quemquemtrew.

Otro caso llamativo, es el grupo de vecinos llamado “Autoconvocados por la Patria”, que su actitud se asemeja más a la de una organización parapolicial que a la de una vecinal: “Es un grupo de unos 30 personas que andamos por la calle y cada tanto nos cruzamos con personas, como en este caso Matías Santana, lo hemos hecho anteriormente en otras detenciones”, aseveró el empresario Diego Frutos en el medio Bariloche 2000 acerca de la colaboración en la detención de un referente mapuche en 2024

Precedentes contra el racismo estructural

Para la abogada Sonia Ivanoff, los casos de Isabel Catriman y Agustina Gafe de Nahuel ponen de manifiesto no sólo la desidia estatal frente a los conflictos territoriales, que son usurpaciones cometidos en contra de las comunidades, sino también la oportunidad de avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres mapuche.

Ivanoff enfatizó el racismo estructural presente en el sistema judicial y estatal en general. “Los juzgados en Chubut están en constante interacción con integrantes del pueblo mapuche – incluso sus empleados tienen esa identidad- pero la invisibilizan y evitan hablar del autoreconocimiento y la existencia mapuche tehuelche en Chubut. Ello evidencia que el racismo es una política y la puesta en practica, la discriminación. En estos tiempos ocurre todo lo contrario, cuando denuncia un no mapuche -terrateniente, empresario o funcionario de gobierno- las fiscalías no son objetivas en su trabajo. Está ocurriendo todo lo contrario, el mapuche debe probar su inocencia y cuando ellos denuncian las usurpaciones, despojos o abuso de autoridad en el territorio, sus denuncias son archivadas.”

A pesar de esto, la abogada rescata, “lo positivo es que los juzgados de familia comienzan a emitir fallos a favor de mujeres mapuches en los territorios”.

Para Millán, estos fallos son “una especie de diagnóstico-advertencia” que no se pueden ignorar, “pequeños parches” que no terminan de involucrar a los responsables políticos y empresariales que alimentan la violencia sobre los territorios: “Ojalá que no termine en un desenlace desgraciado que siempre es desfavorable para nuestro pueblo”.