Represión en Neuquén: Amplio repudio a la violencia contra comunidades mapuche

20 Jul 2025

Neuquén, 20 de julio de 2025 – La ciudad de Neuquén hoy fue escenario de un violento desalojo y represión policial que dejó varios heridos y mas de una docena de detenidos, incluyendo menores de edad y miembros de organizaciones de derechos humanos.

El ataque se produjo contra integrantes de las comunidades Mapuche Fvta Xayen, Newen Kura, Ragilew Cárdenas y Kelv Kura, quienes desde el 15 de julio mantenían una protesta pacífica, encadenados frente a la Casa de Gobierno provincial. Su reclamo: el reconocimiento y la entrega de sus personerías jurídicas. La inmediata presencia de manifestantes en la zona fue clave para la liberación de los detenidos.

Este acto de violencia estatal desató un amplio repudio por parte de la Confederación Mapuche de Neuquén, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, y una vasta red de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas.

Un reclamo legítimo respondido con brutalidad

Las comunidades mapuche exigen al gobierno provincial, encabezado por Rolando Figueroa, el cumplimiento de un derecho fundamental reconocido tanto en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional como en el artículo 53 de la Constitución de la provincia de Neuquén: la entrega de sus personerías jurídicas. Este reconocimiento legal es esencial para ejercer su identidad y otros derechos. A pesar de llevar más de un año esperando una respuesta y de un supuesto compromiso reciente del propio gobierno, la respuesta fue la represión.

Jorge Nawel, werken de la Confederación Mapuche de Neuquén, convocó a la reflexión y la organización urgentes, ante lo que describió como una escalada de violencia estatal contra los pueblos originarios. Nawel equiparó la represión actual con la “anterior época de represión que fue con el ex gobernador Sobisch” y denunció la clara influencia de la “doctrina Bullrich” a nivel nacional.

El werken relató la brutalidad del operativo, que incluyó “aplastar con la rodilla la cabeza contra el cemento” a jóvenes y comunicadores mapuches. Esta violencia, remarcó, ocurrió en medio de un proceso de diálogo iniciado con la mediación del obispo de Neuquén. Para Nawel, el desalojo fue “absolutamente convulsivo y violento”, violando cualquier protocolo y revelando una intención deliberada de “castigar sin distinción, ni de piel, ni de color, ni de religión”, todo en favor de los intereses extractivistas de las corporaciones petroleras.

Retroceso político y violencia creciente

Nawel no dudó en señalar que el gobernador Figueroa,al igual que los funcionarios nacionales, busca “generar votos más que repudios” a través de la represión a los pueblos indígenas. “Esto es apenas un botón de muestra”, sentenció, anticipando un futuro donde la violencia estatal será una constante. La promesa de “paz social y seguridad jurídica” en Neuquén, explicó Nawel, se traduce en la garantía de que “si alguien se le ocurre reclamar, no va a tener ninguna duda en apalearnos”.

El dirigente mapuche advirtió sobre la grave situación: “ya pasó la época en que esto era políticamente incorrecto y que era repudiable o que era condenable. Ahora capta voto esto”. Este cambio de paradigma, subrayó, exige a las comunidades una preparación y organización sin precedentes.

La organización como única salida

Frente a este escenario regresivo, Nawel instó a la prudencia: “Tenemos que tener más que nunca el corazón caliente pero la cabeza fría como para poder elaborar cuestiones lo más sabia posible”. El objetivo, señaló, es enfrentar a “una bestia que lo único que sabe es golpear”, sin importar si son mujeres, ancianos o niños. De hecho, durante el operativo policial, fue necesario retirar a los niños para protegerlos.

Complicidad judicial y el llamado a la solidaridad

Nawel no solo criticó al gobierno, sino también al poder judicial. Denunció la “corrupción absoluta” en el accionar del fiscal que ordenó el desalojo y del fiscal general de la provincia, José Gerés, quien previamente había exhortado al gobierno a cumplir con sus compromisos. “Uno manda un exhorto para que se cumpla con los compromisos que el Estado ha firmado y el otro ordena desalojo. Lo hacen en medio de un proceso de mediación. No le importa nada romper reglas, romper protocolos”, denunció.

Finalmente, Nawel enfatizó que la violación de derechos y leyes es “diaria” y que la justicia provincial, “absolutamente corrupta”, opera en complicidad con el poder político, incluso ignorando los protocolos de mediación. Ante este panorama, instó a la sociedad a mantenerse unida y preparada para cualquier imprevisto, destacando la importancia de la reacción colectiva demostrada ante la represión y la necesidad de potenciarla para enfrentar los desafíos venideros.

Repudios y Solidaridad

La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro emitió un comunicado expresando que el gobierno provincial, “una vez más, fiel a su historia de violaciones de derechos de las comunidades mapuche, no solo responde con represión violenta e injustificada, el compromiso asumido días atrás con las comunidades de hacer efectiva la entrega de Personerías Jurídicas de la misma”.

Calificaron la acción del gobernador Figueroa como “negacionista, autoritaria y sesgada de odio”, vinculándola a un supuesto “adiestramiento que reciben los gobernadores por parte del gobierno nacional, representado en la persona de Patricia Bullrich”. Ambas confederaciones exigieron la “urgente liberación de todos los detenidos y detenidas y la inmediata entrega de las personerías jurídicas de las comunidades mapuche”.

Los organismos de Derechos Humanos

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) también se pronunció, señalando que las comunidades afectadas que se encuentran cerca de Vaca Muerta y “vienen lidiando con la intrusión en sus territorios de empresas extractivas, como ser las empresas petroleras”.

SERPAJ subrayó que la falta de reconocimiento jurídico “afecta al derecho identitario y al ejercicio de otros derechos que poseen los integrantes de este pueblo”, y recordó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2013, que establece que la normativa vinculada a los derechos indígenas son “guías de contenido mínimo a ser respetado, garantizado por los Estados”.

Por su parte, la APDH Neuquén comunicó que el gobernador Figueroa “desalojó con una represión desmedida el acampe de nuestros hermanos mapuches” y repudió “enérgicamente la decisión del gobierno provincial de ordenar el desalojo violento de las comunidades que reclamaban pacíficamente”. La organización denunció que el gobierno “dejó de asegurar una instancia de diálogo para la resolución de su reclamo” y optó por el uso de la fuerza.

Además de las mencionadas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la Multisectorial Fiske Menuco, Radio Universidad CALF, Partido Obrero, Partido de los Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista y otras organizaciones, también repudiaron la represión, sumando sus voces al reclamo por el respeto a los derechos de los pueblos originarios y al cese de la violencia estatal.

📷 El Tren – Programa de Radio de Daniel Osovnikar