Comunicado de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios y Afrodescendientes de la UNPSJB

18 Oct 2025

El Estado argentino debe detener la criminalización racista: exigimos la derogación de la “lista ilegal de personas mapuche” de la ministra Bullrich

La Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), mediante un comunicado público, repudió la Resolución 210/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional, que declara ilegalmente a la RAM como organización terrorista y difunde una lista de personas mapuche, vulnerando derechos constitucionales y tratados internacionales. Denuncian que se trata de una medida racista, nula de origen, basada en inteligencia ilegal y falsedad informativa, que configura persecución étnica y abuso de autoridad. Exigen su derogación inmediata y la intervención de organismos internacionales.

Puelmapu (Chubut), 17 de octubre de 2025

La Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco expresa su más enérgico repudio y condena a la Resolución Nº 210/2025 del Ministerio de Seguridad de la Nación, dictada por la Ministra Patricia Bullrich, mediante la cual se declara ilegalmente a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista. Dicha resolución utiliza un listado amañado y falaz para estigmatizar y perseguir a integrantes del Pueblo Mapuche, reproduciendo una práctica de criminalización institucional y racista.

Las “organizaciones, comunidades y personas del Pueblo Mapuche” son las víctimas directas” de estos actos de persecución y criminalización estatal. Como tales, están legitimadas para constituirse en querellantes por la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (artículo 248 del Código Penal), así como para presentar denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos, en particular ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conforme al precedente Norín Catrimán y otros vs. Chile, donde la Corte Interamericana condenó la utilización del derecho penal con fines de represión étnica y política contra el pueblo mapuche.

La Ministra de Seguridad carece de facultades legales para declarar una organización terrorista sin el aval de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El acto administrativo es nulo de origen, por extralimitarse en sus competencias y utilizar el Decreto Nº 918/2012 -referido al lavado de activos- con fines políticos e ideológicos.

El anexo de la Resolución 210/2025 contiene un listado de causas, que constituye una auténtica “lista ilegal”, elaborada sobre información falsa o causas judiciales archivadas y con sobreseimiento. El único denominador común es la pertenencia de las personas al Pueblo Mapuche, lo que configura un acto de discriminación flagrante, violatorio de la Ley Nº 23.592 y de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional.

La inclusión ilegal de personas mapuche en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET) genera un daño actual y gravísimo. Se han bloqueado cuentas bancarias y billeteras virtuales, impidiendo incluso el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y afectando derechos básicos como la alimentación, la salud y la subsistencia de las familias.

Las comunidades y organizaciones mapuche estan legitimadas para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas cautelares para que ordene al Estado argentino la suspensión inmediata de la Resolución Nº 210/2025, la exclusión de las víctimas del listado RePET y el cese de todo acto de persecución étnica e institucional.

La Ministra Bullrich se vale de tareas de inteligencia ilegal y de la falsedad informativa para construir un “enemigo interno” inexistente: el pueblo mapuche. Este discurso de odio busca encubrir su impericia en la gestión de la seguridad y consolidar un proyecto político represivo.

Esto no es seguridad. Es un gravísimo abuso de autoridad y una forma institucionalizada de terrorismo de Estado.