Rafael Nahuel y las injusticias del juicio
Esta semana el Tribunal Oral Federal de General Roca dio inicio al juicio a cinco miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por el asesinato del integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu el 25 de noviembre de 2017.
La primera jornada comenzó con la lectura inicial del requerimiento de elevación a juicio en el que se imputa a los efectivos del grupo Albatros de prefectura, Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, “como coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa”, del joven Rafael Nahuel de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, ocurrido en 2017.
La querella ejercida por Marcelo Przybylski, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitó que el cabo primero Sergio Cavia sea imputado como “autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad”.
Asimismo, solicitó que los prefectos Juan Ramón Obregón, Francisco Javier Pintos, Sergio García y Carlos Sosa sean imputados como “partícipes necesarios del delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad, en concurso real con el delito de coautor de tentativa de homicidio doblemente calificado”.
Por otra parte, Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, en un cuarto intermedio expresó a las comunidades indígenas y organizaciones sociales que se acercaron para acompañar a la familia que “ Se está planteando la misma teoría que se planteaba en la dictadura militar, el enfrentamiento para garantizar la impunidad”.
Ruben Marigo, abogado de la familia por la Apdh Bariloche, destacó que no hubo un enfrentamiento sino un asesinato por la espalda de Rafael Nahuel y la herida de dos compañeros más. “No hay un solo herido, no hay una sola bala que no pertenezca a los prefectos”.
Entre otros pedidos, el fiscal subrogante Rafael Vehils Ruiz solicitó que los imputados sean detenidos al considerar que existe “riesgo procesal” de una posible fuga. El Tribunal presidido por Alejandro Silva y los vocales Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava resolvió rechazar este pedido, argumentando que los acusados “han estado siempre a derecho”. Así también, rechazó el pedido de que se impute por tentativa de homicidio doblemente calificado en contra de Johana Colhuan y Gonzalo Coña, quienes fueron heridos durante el mimo hecho por los disparos de los uniformados.
Las querellas obtuvieron una respuesta negativa para que el juicio se realice en San Carlos de Bariloche, pedido fundamentado en lo que significa para la familia y allegados el traslado todas las semanas a 600km de su lugar de origen, zona en donde sucedieron los hechos. Sin embargo, finalizando la audiencia, Rubén Marigo tuvo que plantear al Tribunal que se le exija a los imputados y al abogado defensor de tres de ellos, Marcelo Hugo Rocchetti, “estar presentes en la sala de audiencia”, ya que durante casi toda la jornada de la mañana mantuvieron sus cámaras apagadas.
“Los albatros asesinos deberían estar acá dando la cara como la damos nosotros”, sentenció Graciela Salvo, madre de Rafael Nahuel frente a los medios.
Segunda jornada cargada de odio
La transmisión por el canal del Poder Judicial en youtube no se realizó como sucedió en la jornada anterior; ni siquiera se conformó una sala virtual para la prensa. Diferentes medios de comunicación presentaron un reclamo frente a esta evidente limitación a la información y a la publicidad de los juicios, tal como lo prevé la ley.
La familia de la víctima estuvo presente en la sala de audiencias. Siguiendo con el beneficio de la virtualidad, los imputados Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa leyeron declaraciones, sin responder preguntas ante los magistrados que integran el Tribunal Oral Federal de Gral. Roca.
Dichas declaraciones pusieron en evidencia sesgos racistas y contenido de odio, abonando la idea del “enfrentamiento armado” y que “lo mataron sus compañeros”, lo cual está absolutamente desacreditado por las pruebas que se presentaron durante la investigación.
El 22 y 23 de agosto se llevarán a cabo las próximas audiencias. Se estima que aproximadamente 100 testigos asistirán a este juicio que durará, según fuentes judiciales, hasta octubre. Su resultado sigue siendo incierto, como incierto es también “poder hacer justicia”, por Rafael Nahuel, su familia, y su comunidad.
Escribe: Roxana Sposaro
Foto de portada: Jaime Carriqueo
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