Violencia, otra vez, contra los Pueblos indígenas
Escribe Silvina Ramírez
Dos hechos de los últimos días ponen el foco en la ya habitual y trágica realidad de los Pueblos Indígenas del Chaco. El primero, en relación a la represión sufrida por miembros del Pueblo Qom en Villa Bermejito, como reacción a sus demandas por la suspensión de pensiones por discapacidad y AUH. El segundo tiene que ver con una decisión judicial, que suspende la de primera instancia que dispuso una medida cautelar, la que ordenó la continua provisión de alimentos y agua a comunidades indígenas del Pueblo Wichí en diversas localidades y parajes de la provincia del Chaco, tales como El Sauzalito, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza. La última palabra la tendrá el Superior Tribunal de Justicia; sin embargo, el titular del Ejecutivo provincial ya inició acciones persecutorias del juez, a través de una presentación al Consejo de la Magistratura suscripta por diputados propios.
Dos decisiones que provienen del gobierno chaqueño, gobierno libertario alineado a las políticas de la gestión nacional, y que demuestra un total desprecio por los Pueblos Indígenas. No sólo envía a las fuerzas de seguridad a reprimir demandas de las comunidades indígenas, basadas en su frágil situación y sus necesidades básicas insatisfechas, sino que discute decisiones tendientes a garantizar derechos y atender situaciones de vulneración de éstos, que no encuentran en la provincia una solución estructural.
Pero lo que llama la atención, aunque no debería sorprender, es la reacción del Estado provincial frente a escenarios de enorme carencia. En lugar de formular políticas concretas que puedan morigerar condiciones de falta de alimentación, de ausencia de apoyos económicos, de pobreza extrema, el gobierno hacer oídos sordos a las demandas indígenas, y utiliza el aparato estatal para ignorarlas. En un caso, para perseguir y reprimir; en el otro, para desoír una orden judicial a través del propio Poder Judicial.
Los mecanismos del Estado para vulnerar derechos funcionan, a contrapelo del sentido común que indica que éstos deberían ser instrumentales a su protección. El caso de la provincia del Chaco no es una excepción. Tenemos ejemplos a lo largo del país, en otras provincias, en las que las comunidades indígenas padecen las mismas crueldades. Las víctimas de las violaciones estatales se convierten en perseguidos por el Estado. No es otra cosa que lo que está pasando en la dimensión nacional con la inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), a miembros de comunidades mapuche que viven en el sur argentino.
Lejos de adherir a teorías conspirativas, no es casualidad lo que está sucediendo –articuladamente- en todo el país. La embestida contra los Pueblos indígenas es de tal magnitud, que se persigue no sólo su exterminio físico sino simbólico. A ello apunta la propaganda de gobierno que circuló en conmemoración del día de la diversidad cultural (que vuelve a llamarse, “contra legem”, día de la raza), que retoma una dicotomía perversa, civilización vs barbarie, progreso vs salvajismo, orden vs caos. En definitiva, es la sociedad occidental vs los Pueblos indígenas.
Con esas premisas, es imposible pensarse como una sociedad intercultural, y como un Estado que debe dar cabida a los Pueblos Indígenas y no expulsarlos, como lo viene haciendo sistemáticamente. No obstante, es de esperar que, en un plazo no muy largo, los ciclos políticos se renueven, y se pueda volver a pensar en el respeto de derechos que siguen estando vigentes, a pesar de la resistencia del gobierno a garantizarlos.
- Violencia, otra vez, contra los Pueblos indígenas
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