Autoridades Mapuche intimaron al gobernador de Neuquén por incumplimiento de ley

La Confederación Mapuche de Neuquén intimó al gobernador Rolando Figueroa por no cumplir el decreto 108/2023, que ordena la creación de un Registro Especial de Comunidades y Organizaciones Mapuche, y la ley 3401/2023 de Consulta Previa, Libre e Informada.

En la nota dirigida al gobernador Rolando Figueroa, la Confederación Mapuche de Neuquén intimó al gobierno provincial  a cumplir con la creación del Registro Especial de Comunidades y Organizaciones Mapuche en la provincia. El decreto 108/2023, publicado hace más de un año y medio, estableció la obligación de crear este registro. Sin embargo, el plazo de 90 días para su implementación se cumplió en junio de 2023, y aún no se ha concretado

El acceso a la personería jurídica es un derecho fundamental de las comunidades y organizaciones indígenas otorgado por la Constitución Nacional (Art. 75 inc. 17), Constitución Provincial (Art. 53), Convenio 169 de la OIT (ratificado por Ley Nacional 24071), entre otros.”, remarcaron en el escrito presentado el pasado 25 de julio.

Cabe destacar que el actual ministro de Gobierno, Jorge Tobares, había afirmado ante medios locales que avanzaría en la creación de dicho registro, pero en los hechos esto aún no ha sucedido.

Los firmantes mencionaron que la situación es aún más preocupante, considerando el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2013, “Confederación Indígena de Neuquén c/ Provincia de Neuquén s/ inconstitucionalidad”. En el mismo, se ordenó a la provincia ajustar su legislación en materia de derechos y política indígena a los estándares mínimos de derecho en particular en cuanto a la identificación por vía de autoconciencia, en cuanto al asentamiento mínimo de tres familias y en cuanto a la consulta obligatoria al pueblo originario.

En ese fallo, la Corte consideró que el decreto 1184/02 imponía condiciones que significaban una clara restricción y regresión respecto a lo establecido a nivel federal y lo declaró inconstitucional y señaló que el decreto impugnado “no sólo no prevé el concepto de autoidentificación establecido en el artículo 2 de la ley de política indígena y el artículo 2 inciso 1 del Convenio núm. 169 como un criterio fundamental de inscripción, sino que lo sustituye por el principio opuesto de identificación del Estado”

A su vez, el máximo tribunal subrayó: “El decreto 1184/02 fue dictado (…), desconociendo la obligación establecida por el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual en su artículo 6 expresa que: “los gobiernos deberán: consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.”

Pasada más de una década y diferentes gestiones en el poder ejecutivo provincial, se siguen incumpliendo las normativas indicadas por la Corte Suprema.

Entre las demandas a Figueroa, la Confederación Mapuche reclamó que la Inspección Provincial de Personas Jurídicas tiene casi una veintena de expedientes pendientes de resolución, a pesar de que las comunidades han cumplido con todos los requisitos establecidos. Consideran que este retraso no solo constituye una ilegalidad, sino también causa un daño irreparable a las comunidades afectadas y vulnera sus derechos fundamentales.

Finalmente, señalaron que respecto a la promulgación de la Ley 3401/2023, que reglamenta el Derecho a la Consulta en el ámbito provincial, aún no se ha implementado ningún protocolo en la práctica. Dato relevante, teniendo en cuenta el avance de los proyectos sobre los territorios comunitarios, en especial los vinculados a Vaca Muerta.

Cuando el Gobernador Figueroa habla de seguridad jurídica para Vaca Muerta, debe tener en cuenta todas las leyes que se están incumpliendo para perjudicar al pueblo mapuce, y repitiendo una vieja y rechazable receta de intentar avanzar sobre los territorios como si la población originaria no existiera. Ese, es el principal motivo de conflictos que luego intentan apuntar al pueblo mapuce como responsable, cuando venimos exigiendo que se cumplan las leyes que el mismo Estado ha creado”, concluyeron en un comunicado público anunciando la intimación.

Foto: Confederación Mapuche de Neuquén



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