Comunidad Ci.Pa.Qui en alerta por orden de desalojo en Purmamarca
La comunidad indígena de Ci.Pa.Qui (Ciénaga, Petacalco y Quisquiri), en Purmamarca, Jujuy, denunció la intimación de desalojo contra una familia integrante del territorio comunitario. La notificación, fechada el 11 de noviembre y firmada por el director provincial de Asuntos Judiciales, Gustavo Marcelo Camu, y el Procurador Fiscal Ramiro J. Paz, establece un plazo de quince días para abandonar la vivienda.
La familia afectada, integrada por tres menores y adultos mayores, señaló que está siendo “hostigada y vigilada constantemente por efectivos policiales de civil, alrededor de la vivienda” dentro del territorio comunitario.
Judith Cruz, joven madre de la comunidad, difundió en sus redes sociales un comunicado en el que relató la gravedad de la situación: “El 11 de noviembre pasado mi familia y yo hemos sido notificados de una orden de desalojo dirigida al padre de mis tres hijos, Juan Tolaba, donde se nos intima desalojar nuestro hogar en un plazo de 15 días. Esta orden se refiere a mi pareja y a nosotros como simples ‘ocupantes’, siendo que él y toda nuestra familia ha vivido en estas tierras a través de distintas generaciones”, expresó.
La mujer remarcó que en el territorio viven sus tres hijos de 10, 6 y 4 años, quienes “aquí crecieron, juegan y disfrutan en nuestra quinta y con nuestros animales”. Señaló además que la familia depende de la producción agrícola y ganadera para subsistir: “Cultivamos variedad de hortalizas y frutales, criamos chivos y chanchos y todo lo que podemos. Hoy lo que nos quieren quitar así tan fácilmente es más de un lote: es nuestra fuente de trabajo y nuestro sustento diario. Es todo lo que tenemos y que nos ha costado tanto poder construir con nuestro sacrificio y el de nuestros hijos”
Cruz cuestionó la actitud del Estado provincial: “¿Realmente el Estado provincial y local desconocen nuestra existencia? ¿Desconocen mis derechos como mujer y como madre y el de mis niños? Hasta cuándo las comunidades indígenas vamos a seguir aguantando tantos desalojos ilegales de un gobierno que se cree dueño de nuestros territorios y de nuestras vidas? Hoy le toca a mi familia vivir estos horribles días de angustia y de impotencia. Y así también vimos que esta injusticia ya sucedió con otras familias de la Quebrada”.
En este contexto, Cruz advirtió que “ahora hay vehículos de personas extrañas rondando nuestra casa, vigilándonos como si fuéramos delincuentes. Ya nos quedan pocos días para frenar el desalojo, esperamos que la municipalidad intervenga y la Secretaría de la Niñez y de la Mujer también. No se puede vivir con tanta angustia”.
La comunidad convoca a la solidaridad de vecinos y organizaciones: “Pedimos el apoyo de todos nuestros vecinos para evitar que nos saquen de nuestra casa cuando se cumpla el plazo este 26 de noviembre (o antes). Agradecemos a quienes nos dan su apoyo como vecinos y comunidades de Qhapaj Ñan, a las de aquí como Ci.Pa.Qui, Chalala y del pueblo en general, como también otras partes que se solidarizan difundiendo”.
La orden de desalojo a la comunidad Ci.Pa.Qui no es un caso aislado. En distintos puntos de la provincia de Jujuy, el Estado ha ordenado desalojos contra comunidades indígenas, en un escenario marcado por el avance de intereses inmobiliarios y extractivistas sobre territorios ancestrales. Muchos desalojos se concentran en zonas de alto valor turístico o inmobiliario y reproducen un clima de hostigamiento constante.
En Guerrero, cinco familias originarias fueron expulsadas de sus viviendas en octubre del 2024 tras un operativo de infantería que incluyó detenciones y violencia. Los comuneros denunciaron que la medida favorecía a sectores ligados al poder político y empresarial.
En Tilcara, la comunidad Cueva del Inca sufrió este año dos operativos en los que efectivos policiales derribaron viviendas, golpearon y detuvieron a integrantes de la comunidad, que denunciaron que se trató de un intento de despojo y que la justicia actuó en complicidad con intereses de empresarios hoteleros. A pesar de ello, la comunidad continúa resistiendo en su territorio.
También en Tilcara, la comunidad indígena Pukará advirtió sobre nuevas amenazas de desalojo y reclamó al gobierno provincial la entrega de títulos de propiedad comunitaria, denunciando que se los sigue considerando “ocupantes” pese a generaciones de arraigo en el territorio. La orden de desalojo se encuentra suspendida.
Estos casos repiten el mismo patrón: el Estado provincial niega los derechos de los Pueblos Indígenas, reconocidos por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, mientras despliega operativos policiales y judiciales que criminalizan a las comunidades.
Video: Somos Originarios
Imágenes: Judith Cruz
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