Solicitan nulidad de la Audiencia Pública por el Proyecto Calcatreu

29 Ago 2024

Las Asambleas del Curru Leufú argumentan que las resoluciones recientes han sido tomadas sin la debida consulta y participación ciudadana, vulnerando derechos fundamentales y acuerdos internacionales. Ante esto, interpusieron ante la Lic. Judith Jiménez, a cargo de la secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático, un recurso administrativo en el que enumeran hechos, razones y argumentos que evidencian que la Audiencia Pública convocada para el 30 de agosto, por el proyecto Calcatreu, está plagada de vicios administrativos.

En el petitorio entregado solicitaron la declaración de nulidad absoluta de la resolución que convoca a la Audiencia Pública no vinculante, y que se revoque de oficio la resolución de crisis. Además, advirtieron que, en caso contrario, se apelará a la vía judicial, mediante acción penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El proyecto

Calcatreu es uno de los proyectos mineros de la empresa canadiense Patagonia Gold Corp. Tiene como objetivo la explotación de recursos minerales, específicamente oro y plata, en la región del macizo de Somuncurá, que se encuentra a 80 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci (Wawel Niyeo), en la provincia de Río Negro, Argentina. El proceso utilizado para la extracción del oro incluirá el uso de cianuro, perforaciones hidráulicas rotopercutoras y voladuras mediante el uso de explosivos. Este emprendimiento está situado en una zona donde convergen tres cuencas hidrográficas, por lo cual genera un riesgo inequívoco a la gestión de los recursos hídricos y al ambiente.

Cabe aclarar que este proyecto minero se ubica a 12 km del límite con Chubut, provincia que también sufrirá las consecuencias ambientales. No obstante, esto no fue tenido en cuenta para la convocatoria de la audiencia pública.

Desde un primer momento, tampoco fue escuchada la posición de las principales organizaciones que nuclean a las comunidades mapuche tehuelche en la provincia. Si bien el 15 de agosto pasado, el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Copeam) aprobó unánimemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, considerándolo viable, ni el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CoDeCI) ni la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, fueron incluidos en el Copeam. Las Asambleas de Curru Leufú denunciaron también que la única ONG inscripta en el COPEAM es dirigida por un ex funcionario de Arabela Carreras, y existe muy poca información sobre la misma (IBAPP) en internet.

Este contexto implica un conflicto donde, claramente, los intereses de explotación minera prevalecen ante las preocupaciones ambientales y sociales, particularmente de las comunidades indígenas que se oponen al proyecto y buscan proteger sus territorios y derechos. La aprobación del proyecto, y la decisión de no incluir a representantes mapuche tehuelche en las asambleas, expresa la falta de equidad en la toma de decisiones.

Las comunidades

Por su parte, Orlando Carriqueo, Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro, entrevistado por Antena Libre FM 89.1 Mhz, Radio Pública y Universitaria, expresó la oposición al proyecto Calcatreu, y denunció la campaña mediática para silenciar a quienes se oponen a los intereses extractivistas:“Hace más de 30 días que ningún medio provincial ha sacado la palabra del Parlamento Mapuche que ha pedido espacios para hablar de minería”.

El referente mapuche también advirtió: “Vamos a defendernos y no le vamos a dar la seguridad jurídica, vamos a litigar contra la empresa si el gobierno hace oídos sordos y la empresa va a tener que pagar los costos por cualquier daño que haga” Por otro lado, expresó que el gobierno miente al proponer trabajo a sectores de la construcción, ya que este es un proyecto minero, que como sucedió con otras experiencias, duran poco tiempo y dejan el territorio arrasado.

En esta misma línea, señaló que no le están proponiendo a las comunidades la posibilidad de tener otras tierras ante el desastre ambiental que se avecina:“ lo que plantea el convenio 169 de la OIT es que las comunidades tendrían derecho a pedir mejores tierras, si es que esas tierras no van a servir más, como es lo que va a pasar con Calcatreu. La provincia podría expropiar estancias que le han sacado tierra a las comunidades. Podría expropiar a Lewis y su Lago Escondido y a sentar ahí nuevamente a las comunidades (…)”

Las asambleas

Por su parte, las asambleas comparan estas irregularidades con las cometidas en la Audiencia Pública por el segundo tramo del Oleoducto Vaca Muerta Sur en Sierra Grande, en agosto del año pasado.

En este sentido, señalaron en el petitorio presentado a la secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, que el Gobierno de Río Negro realizó modificaciones legales y maniobras en tiempo récord, para excluir a los órganos de representación legítima del Pueblo Mapuche Tehuelche en lo que fue la constitución del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (COPEAM).

A su vez, indicaron la modificación que implica que sólo la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), que tiene carreras afines a la minería, puede proponer un representante. Esto excluye a otras universidades nacionales en la provincia que no tienen programas de minería, limitando la diversidad de perspectivas y conocimientos en el COPEAM para favorecer a los intereses alineados con el desarrollo minero.

Además, enumeraron varios pedidos de información que no obtuvieron respuesta por parte de las Secretarías y funcionarios responsables. Por otra parte, destacaron las graves consecuencias que podría tener en el territorio y los bienes comunes naturales de la provincia, y señalaron que no se han cumplido las normas mínimas de participación e información previa, a pesar de los reiterados pedidos.

Con respecto al estudio de Impacto Ambiental y a la convocatoria de Audiencia Pública, mencionaron faltas legales, administrativas y arbitrariedades en el procedimiento.“(…) No garantiza la implementación plena y efectiva del derecho al acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.(…) No garantiza la participación del público, ya que no proporciona la información de forma clara, oportuna y comprensible (…) no contempla plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público…”, cuestionaron entre otros puntos.

Solicitan reunión con el intendente

En este contexto las asambleas también solicitaron una reunión urgente con José Mellado, el Intendente de Ing. Jacobacci: “le exigimos una reunión al Intendente local, José Mellado, para que se haga responsable de la integridad, seguridad y acceso a la información de las personas y medios que se manifiestan en contra del proyecto Calcatreu, antes, durante y después de la Audiencia Pública del 30/08.”, mencionaron en una público, en el cual también indicaron que el Intendente Mellado ha ignorado sistemáticamente las preocupaciones de asambleas y comunidades.

La audiencia pública convocada es ilegítima, ya que vulnera derechos constitucionales y acuerdos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, que exige la Consulta Libre, Previa e Informada a las comunidades indígenas. Ante la falta de garantías y el avasallamiento que representa la audiencia del 30 de agosto, las organizaciones responsabilizan al gobierno municipal de cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas que se manifiestan en contra del proyecto.

En días previos a la audiencia, la localidad de Ingeniero Jacobacci se encuentra militarizada. El avance extractivista sólo cierra de espaldas a los pueblos y con represión.

Foto: Carolina Blumenkranc