Piden por la libertad de Luciana Jaramillo y denuncian violencia racista
“El 26 de septiembre empieza el juicio contra los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu. El Tribunal ya tiene la sentencia firmada”, señalaron en un comunicado público desde la Gremial de Abogadas y Abogados, a dos semanas del inicio del juicio, en el que ocho integrantes de esa comunidad mapuche serán juzgados, acusados de usurpación.
La afirmación de la Gremial fue en respuesta a la resolución emitida por el Juez Federal Hugo Greca, que el 10 de septiembre pasado ordenó la detención de Luciana Jaramillo y Romina Rosas, con el argumento de “garantizar su presencia” en el juicio. Los abogados remarcan que ambas estaban a disposición del tribunal y calificaron estas acciones como un uso abusivo del Poder Judicial.
Jaramillo fue abordada por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) mientras se encontraba en la oficina de la Dirección de Género y Diversidad en Cushamen, y fue trasladada a la Unidad Operacional de Seguridad preventiva de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche. Por su parte, Romina Rosas al enterarse del pedido de detención, se presentó espontáneamente en el Escuadrón 35 de Gendarmería en El Bolsón para notificarse.
El reclamo por la libertad de Jaramillo, y para que se dé marcha atrás con el pedido de detención de Rosas, se viralizó rápidamente en redes sociales. La situación de Romina Rosas conmovió especialmente, ya que en 2022 dio a luz mientras estaba detenida en el Hospital de Bariloche tras el operativo de desalojo a su comunidad. Junto a Jaramillo, la machi Betiana Colhuan Nahuel y Celeste Ardaiz Guenumil permanecieron detenidas durante ocho meses. Actualmente, Rosas cursa un embarazo de siete meses, y aunque inicialmente se ordenó su detención, posteriormente esta medida fue suspendida.
Una semana antes, el 5 de septiembre pasado, Gonzalo Fabián Coña se presentó voluntariamente en el Juzgado de Las Heras en Santa Cruz. El momento fue grabado por quien lo acompañaba, para evitar noticias falsas acerca de ese suceso. Sin embargo, lo que sospecharon que sucedería finalmente sucedió, y desde el Ministerio de Seguridad se difundió la detención como el resultado de un exitoso operativo de esa cartera. “Este peligroso pseudomapuche terrorista, mano derecha de Jones Huala, tenía un pedido de captura activa por usurpación de tierras en Villa Mascardi. Hace instantes, en un gran operativo, fue detenido por Gendarmería”, publicó la ministra Patricia Bullrich en la red X.
Los abogados denuncian situaciones de autoritarismo y decisiones judiciales que favorecen a empresarios y terratenientes, ya que a pesar de que el delito de usurpación por el cual serán juzgados es excarcelable, el tratamiento por parte de jueces y fiscales es desproporcionado: “Cada audiencia, cada trámite, es una manifestación de autoritarismo y resoluciones ya armadas. Una y otra vez insistimos: jueces, fiscales y Tribunales seguirán respondiendo a las políticas que “bajan” desde las instancias del Poder real, de las grandes empresas, terratenientes, latifundistas y, encima, de los sectores racistas y supremacistas.”
Solicitada del Comité por los Presos Políticos Mapuche de Puelmapu
Apenas conocidas las detenciones de las mujeres, el comité por los Presos Políticos Mapuche de Puelmapu emitió un comunicado que recibió gran cantidad de adhesiones por parte de comunidades, organizaciones sociales y políticas:
“Queremos denunciar la violencia racista perpetrada por el actual gobierno y su aparato judicial contra el Pueblo Mapuche.
Están cometiendo una aberración en términos de derechos humanos, derechos de género, derecho a la maternidad, derecho de la niñez, absolutamente todos los derechos están siendo violados de manera impune por parte de la justicia.
La lamngen Luciana Jaramillo se encontraba en el interior de la Dirección de Género y Diversidad de Cushamen, cuando de manera sorpresiva fue abordada por efectivos federales que le mintieron diciendo que debía ser conducida a una revisión médica a Bariloche.
Asímismo, circuló la orden de detención de Romina Rosas quien se encuentra cursando el 7mo mes de embarazo; de ser detenida su gestación corre riesgo. Recordemos que ella es quien parió en el hospital esposada, rodeada de militares sin el más mínimo derecho, ni respeto. Cabe destacar que ninguna de las mujeres Mapuche estaba en condición de prófuga.
Es dramática la situación que tienen que atravesar nuestras hermanas, que ya han sido en gobierno anterior reprimidas, torturadas encarceladas sus infancias, sus hijos sus niñeces, han sufrido terribles traumas debido a esta violencia institucional y ahora vuelven a cometer el mismo crimen.
Cambian los gobiernos, pero la intención de exterminar al pueblo mapuche se sostiene.
Exigimos la inmediata liberación de las lamngen Luciana Jaramillo y el resguardo a la integridad física y su correspondiente libertad a ambas”
Link para adhesiones aquí
La comunidad
Lof Lafken Winkul Mapu es una comunidad mapuche que, en 2017, inició una recuperación territorial en la zona bautizada como Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro.
La lucha de esta comunidad tiene un carácter tanto político como espiritual. En el territorio, la Machi Betiana Colhuan Nahuel pudo desarrollar su espacio espiritual, el “rewe”. Sus miembros indicaron, en reiteradas ocasiones, que buscan proteger y vivir en armonía con la naturaleza, siguiendo sus prácticas ancestrales.
El 25 de noviembre de 2017 diversas fuerzas federales, entre ellas la Prefectura Naval Argentina, con el respaldo del Ministerio de Seguridad, llevaron a cabo el intento de desalojo de la comunidad. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad dispararon por la espalda, asesinando a Rafael Nahuel e hiriendo a otras dos personas. La investigación del asesinato de Rafael Nahuel estuvo plagada de peritajes contradictorios, pruebas extraviadas y demoras judiciales. Si bien se condenó a 5 años de prisión al prefecto Sergio Cavia, por considerarlo autor material, y a 4 años y 6 meses de prisión a otros cuatro integrantes del grupo Albatros, Francisco Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Sosa y Sergio Damián García, por considerarlos partícipes necesarios; la condena aún no está firme, y todos se encuentran en libertad.
En 2022, un Comando Unificado, esta vez bajo la dirección de Aníbal Fernández, despojó definitivamente a la comunidad del territorio ancestral. Este operativo resultó en la detención de siete mujeres, de las cuales cuatro permanecieron detenidas durante ocho meses. En respuesta, la ministra de Mujeres y Diversidad denunció violaciones a los derechos humanos y presentó su renuncia.
En medio de este conflicto con las mujeres detenidas, se llevaron a cabo mesas de diálogo entre la comunidad y el Estado Nacional. El acuerdo alcanzado reconocía el rewe (espacio ceremonial) como sitio sagrado de dicha comunidad. Además, el Estado se comprometió a dar cesión de uso a la Machi Betiana Colhuan, a fin de que pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales para todas las comunidades mapuche tehuelche. También se acordó que la Comunidad Lafken Winful Mapu se reubicaría en otras tierras -distintas a la del rewe de Villa Mascardi- cuya localización sería analizada en el marco de la mesa de diálogo que se realizaría posteriormente.
Nada de esto fue cumplido por el Estado; en agosto pasado la Cámara Federal de Casación Penal anuló el acuerdo homologado por el mismo juez federal de Bariloche que ahora ordenó las detenciones de las dos mujeres mapuche.
Pocos días después del fallo de la Cámara se fijó la fecha del juicio contra el Lof Lafken Winkul Mapu. El juicio se fijó para el 26, 27 y 30 de septiembre, y se realizará en las instalaciones del Escuadrón 34º de Gendarmería Nacional en Bariloche, en un contexto regresivo para los derechos de las comunidades.
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