Violencia y censura a Comunidad Diaguita Indio Colalao

11 Sep 2025

El pasado 8 de septiembre, una integrante de la comunidad Indio Colalao fue abruptamente interrumpida en una entrevista en el programa “Tucumán con Todo”, emitido por el canal “América Tucumán”. Marina Mamani intentaba, en el contexto del “Día de la Mujer Originaria”, contar los abusos que su comunidad sufre a diario.

“Vengo a denunciar desalojos, acoso, amedrentamiento, hostigamiento, golpes, maltrato. Todo eso tenemos por algunos que dicen ser dueños”, alcanzó a decir la mujer diaguita antes de que el periodista Germán Valdés decidiera cortar su intervención con preguntas que la mujer no sólo respondía, sino que argumentaba con documentación:

“Es su palabra y hay que darle réplica a la otra gente y se nos va a hacer muy largo…”. sentenció Valdés, omitiendo que unos meses antes había entrevistado en el mismo estudio a uno de los empresarios que sostiene un conflicto con Indio Colalao, sin darle ningún derecho a réplica a la comunidad.

¿Qué se intentó silenciar?

En comunicación con Infoterritorial, Marina nos contó cómo es la vida y organización en el territorio ancestral del Valle de Choromoro: “Nuestra conexión con la tierra es de generación en generación, donde uno va muriendo y vamos dejando el territorio para los que van viniendo. Tampoco nosotros somos dueños, porque sólo somos pasajeros por este mundo”. Este modo de vida, basado en el respeto y el cuidado de la naturaleza, contrasta violentamente con el avance de intereses económicos y políticos que no reparan en daños.

El cacique, Pedro Virgilio Chávez, es quien suscribe todos los trámites legales, respaldado por el Concejo de la comunidad del cual Marina es parte. Además, Indio Colalao cuenta con personería jurídica 33/11, Carpeta Técnica Territorial y relevamiento territorial catastral con participación del INAI, la Defensoría del Pueblo y la Universidad de Tucumán. Sin embargo, los documentos parecen no tener peso frente a los intereses privados. “Dicen que ya no sirve toda esa cosa”, lamenta Mamani.

Marina también detalló el sistemático proceso de violencia y despojo que sufren las más de 400 familias que lo habitan desde hace más de 180 años. Al menos, tres focos de conflicto reflejan la impunidad con la que operan los poderosos.

La Ovejería: Una comunidad desplazada

En abril, su hermana Irene Mamani —también integrante de Indio Colalao—fue desalojada de su vivienda comunitaria en La Ovejería. La comunidad denunció que Irene fue intimada a desalojar su territorio bajo amenaza de detención en un procedimiento arbitrario. “¿Por qué primero nos despojan y después investigan?”, cuestionó Marina, explicando que luego del desalojo se inició la investigación sobre la “supuesta usurpación”.

Irene es madre de dos hijas, abuela de cuatro niños. Responsable del sustento familiar y del cuidado del campo y los animales, se vio obligada a abandonar el lugar para evitar ser encarcelada, lo que habría dejado a su familia sin protección ni recursos. La medida fue calificada como desproporcionada y violatoria de derechos básicos, especialmente por tratarse de una mujer que sostiene su hogar en condiciones de vulnerabilidad a pesar del acompañamiento comunitario. “Ese campo se usaba para darle vida a esas criaturas y no les ha importado nada”, denunció la comunera.

Además, explicó que el desalojo de Irene afectó a la actividad ganadera de la comunidad: “Todos íbamos para esa zona con nuestros animales. Las vacas están en el río, algunas no las hemos sacado porque no tenemos a dónde llevarlas”, remarcó la comunera, reflejando la desesperación y la falta de alternativas.

El operativo fue impulsado por particulares que alegan propiedad sobre el terreno, entre ellos una ciudadana alemana, Astrid Olbrichich, y Sixto Pondal, apellido vinculado al poder político local. “¿Cómo me puede desalojar un alemán en mi propio país?”, se pregunta Marina con indignación.

Casilla construida tras el desalojo de Irene Mamani. La comunidad denunció que los animales regresan por costumbre a la zona, y tanto ellos como los comuneros que van en su búsqueda son atacados desde allí con disparos de armas de fuego.

Monte Bello: Territorio ancestral en la mira de un barrio privado

Otro foco de conflicto se encuentra en Monte Bello, también relevado como territorio comunitario. Allí, Daniel Lencina Serrano, junto a Ana Alejandra García Mascoff, se presentaron como propietarios y comenzaron a vender parcelas para urbanización.

La comunidad, que ha cuidado históricamente el bosque nativo, ve cómo el desmonte y la especulación avanzan sin freno. “Nosotros ese lugar lo súper cuidamos. Pero desde que entró Lencina empezó a vender todo y ahora está por hacer un barrio en todo el territorio comunitario”, relató Irene, reflejando el dolor de perder el territorio donde cultivaban, criaban animales y sostenían su vida comunitaria.

La expulsión no sólo implica la pérdida de un espacio físico, sino también de un modo de vida ligado a la tierra: “No tenemos ni a dónde arar ahora. En todo ese lugar sabíamos criar vacas, cabritas y de ahí vivíamos. Ahora ya no tenemos nada de eso, porque ya nos han quitado ese lugar”.

Riarte: La violencia de los poderosos

El tercer conflicto es en la zona de Riarte. El territorio comunitario, que abarca unas 19 mil hectáreas y lleva el nombre de un comunero diaguita desde el siglo XVII, se ha convertido en escenario de intimidaciones sistemáticas por parte de empresarios agropecuarios que reclaman la propiedad de las tierras.

Freddy Moreno Núñez Vela, y Jorge Posse, habrían accedido a las tierras en 2003 mediante una maniobra vinculada al vaciamiento del Banco del Crédito Rural, durante la presidencia de Alfonso Prat Gay en el Banco Central. Desde entonces, la comunidad denuncia una escalada de violencia: encierro de animales, cobros ilegales de pastaje, agresiones físicas, destrucción de bienes y amenazas constantes.

Recientemente un hombre mayor, Facundo Costilla, fue golpeado por personas que la comunidad identifican como sicarios. Además, denunciaron que encerraron a sus animales y le cobraron pastajes de manera arbitraria. Ante la reiteración de las amenazas y hostigamientos, se solicitó una medida cautelar para proteger su integridad, sobre la que aún no tienen respuesta. “No queremos otro caso Chocobar”, advirtió Mamani, en referencia al miembro de la comunidad Los Chuschugasta, asesinado por un terrateniente y dos policías de Tucumán, en 2009.

“Nos golpean, nos roban las vacas, nos rompen los celulares, y cuando denunciamos, la justicia archiva todo. Pero si ellos denuncian, nos mandan la Gendarmería”, relató Marina. La comunidad sostiene que Posse y Moreno nunca habitaron el territorio, donde existen una iglesia, un cementerio y una escuela cerrada desde 2005 por decisión del gobierno provincial, complicando la escolarización de las infancias.

La comunidad no sólo defiende su derecho a la tierra, sino también su modo de vida. Mientras los hombres trabajan en la cosecha de maíz y ají, las mujeres buscan espacios cercanos para cuidar a sus hijos, ante el cierre de la escuela local. “Vivimos ahí desde siempre. Ellos son nuevos y nos quieren sacar de cualquier manera”, afirmó.

Violencia y desprotección judicial

A pesar de las denuncias de Indio Colalao, quienes fueron llevados a juicio fueron nueve comuneros acusados por los empresarios de robo, intento de asesinato y usurpación. Aunque fueron absueltos de los cargos más graves, recibieron condenas en suspenso por usurpación, lo que dejó un precedente judicial que los agresores han aprovechado para intensificar el acoso.

Marina también recordó que, en un juicio abreviado realizado en San Pedro de Colalao, los agresores admitieron haber actuado bajo las órdenes de Jorge Posse. A pesar de ese antecedente judicial, la violencia no cesó: “Ahora volvieron con nuevos sicarios”, denunció, evidenciando la continuidad del hostigamiento y la impunidad con la que se sostiene el conflicto.

Derechos indígenas negados

Mamani señaló que uno de los mecanismos más recurrentes en estos conflictos es la judicialización individual: “Usan la estrategia de demandar como privado, no nos demandan como comunidad”. Así, los juicios se fragmentan, los comuneros quedan aislados y los derechos colectivos se diluyen.

A pesar de presentar documentación que acredita la pertenencia comunitaria, el Poder Judicial se niega a reconocerla. “En todos los juicios que tenemos, demandan individualmente”, denuncia.

Incluso los intentos de restitución territorial han sido saboteados. “Nos han reintegrado dos o tres veces, después nos vuelven a sacar y nos vuelven a meter máquinas”, contó Marina. El último desalojo ocurrió en enero, durante la feria judicial, aprovechando la inactividad de los tribunales.

Destruyeron la casa de Irene Mamani

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina, establece que los pueblos indígenas deben ser consultados y reubicados en caso de desalojo. Pero en la práctica, ese derecho es ignorado. “Nadie respeta el convenio 169. Las leyes están hechas para ocupar hojas, nada más debe ser”, cuestionó Marina con amarga ironía.

Lo que Marina intentaba expresar en televisión era un pedido desesperado: “Queremos paz, queremos tranquilidad. Eso es lo que yo iba a pedir en el programa de noticias, pero lamentablemente me han recibido con un balde de agua fría”. El corte abrupto de su testimonio fue un reflejo de lo que le sucede a diario a los Pueblos Originarios: su voz es silenciada, sus derechos son ignorados y su existencia misma es puesta en duda.

El testimonio de los integrantes de la Comunidad Indio Colalao puede ser silenciado y tergiversado por los medios hegemónicos, pero la comunidad seguirá resistiendo los despojos, el abandono institucional, la complicidad judicial y el avance de intereses privados sobre sus tierras comunitarias.

Entrevista interrumpida: https://screenapp.io/app/#/shared/gyI8HRBmef

Fotos y videos: Comunidad Diaguita Indio Colalao y Equipo de Prensa de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita – Tucumán