El INAI crea una base de datos única sobre comunidades indígenas
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) oficializó el 9 de septiembre de 2025 la Resolución 145/2025, que crea el Sistema Integrado de Bases de Datos Única (BDU) para relevar, sistematizar y cruzar información sobre comunidades indígenas en todo el país. Aunque el texto invoca tratados internacionales y leyes nacionales que reconocen derechos colectivos, la medida, como ya es costumbre en la gestión de Claudio Avruj, fue adoptada sin la participación y consentimiento de los Pueblos Originarios, generando preocupación y rechazo.
La norma dispone la creación de un repositorio centralizado de datos que incluirá información sociodemográfica, territorial, organizativa y jurídica de las comunidades indígenas. El sistema será gestionado por la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas, y se nutrirá de bases de datos internas del INAI, así como de organismos nacionales y provinciales que adhieran mediante convenios de cooperación.
Según el texto oficial, el objetivo es “evaluar y monitorear las políticas públicas vigentes” y “planificar y diseñar las que resulten necesarias conforme los resultados que arroje dicho sistema de información”.
La Resolución 145 habilita al INAI a custodiar y cruzar datos sensibles sobre ubicación, población, recursos naturales y personerías jurídicas de las comunidades. Aunque menciona la Ley de Protección de Datos Personales (25.326), no se explicita cómo se garantizará la confidencialidad, el consentimiento ni el uso no discriminatorio de la información.
Además, convoca a las provincias que conforman el Consejo Federal de Políticas Indígenas —las cuales son denunciadas por no reconocer la propiedad comunitaria y criminalizar la protesta indígena— a compartir sus bases de datos, lo que podría habilitar mecanismos de control y vigilancia sin garantías de protección colectiva.
Sin consentimiento
Representantes de diversos Pueblos se anoticiaron de la medida en el marco de una capacitación sobre el Convenio 169 y su aplicación, convocada por el INAI con presencia de funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Contradictoriamente, la resolución fue firmada un día antes sin consulta previa, violando el principio de consentimiento libre, previo e informado consagrado en el Convenio 169 de la OIT, al que Argentina adhiere por Ley 24.071.
La resolución se publica en un contexto de fuerte debilitamiento de los objetivos fundacionales del INAI: derogación de emergencia territorial de la Ley 26.160, desmantelamiento de áreas esenciales como el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCi), la disolución del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCi), y conformación inconsulta del Consejo Federal de Políticas Indígenas, donde los gobiernos provinciales deciden en nombre de los Pueblos y Comunidades sin informar ni rendir cuentas.
El Convenio 169 de la OIT establece que toda medida que afecte a los pueblos indígenas debe ser consultada de manera previa, libre e informada. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refuerza este principio, reconociendo el derecho a la autodeterminación y al consentimiento vinculante.
La Resolución 145/2025, al omitir estos estándares, se reincide en las políticas de gestión unilateral que vulnera derechos colectivos y profundiza la desconfianza institucional, potenciada por el avance de los proyectos extractivistas sobre sus territorios.
La creación de una base de datos única sobre comunidades indígenas, sin consentimiento, representa un retroceso más en materia de derechos. Lejos de fortalecer políticas públicas, la medida refuerza prácticas de colonialismo sobre las comunidades que siguen reclamando reconocimiento y reparación.
📷 Red social x Claudio Avruj
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