Pino Quiñe: intento de desalojo e ilegalidades

06 Oct 2025

La comunidad resistió en el territorio y recibió el acompañamiento de otras comunidades mapuche tehuelche y organizaciones sociales mientras avanza una respuesta legal que exige el reconocimiento de sus derechos colectivos y la nulidad del procedimiento.

El 1 de octubre, la policía de Río Negro ejecutó un operativo de desalojo violento contra la comunidad mapuche-tehuelche Pino Quiñe, ubicada en la costa del Río Colorado, cerca del paraje La Japonesa. La orden fue emitida por la jueza civil Natalia Costanzo, a favor de Rielves S.A., una empresa sin actividad registrada desde los años 80, que logró litigar sobre tierras vendidas ilegalmente durante la última dictadura cívico-militar.

El operativo dejó a las familias dispersas, incomunicadas y expuestas a la intemperie. Se denunció maltrato policial, destrucción de viviendas, robo de pertenencias y apropiación de bienes por parte de la empresa. A pesar de la violencia, la comunidad logró resistir y retornar a la ruka (casa).

El 3 de octubre, el Parlamento Mapuche Tehuelche y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Co.De.Ci) convocaron a una caravana de acompañamiento hacia el territorio de la Lof Pino Quiñe. Participaron organizaciones sociales, asambleas socioambientales, gremios y comunidades cercanas.

La caravana partió desde Cipolletti con la presencia de Fernanda Neculman, integrante del Parlamento Mapuche Tehuelche; Lila Calderón, lamngen de la agrupación política Dignidad Rebelde y referente de barrios populares; la consejera zonal Luci Antipan; y representantes de la mesa política del Co.De.Ci, entre ellos José Morales, junto a referentes de la Educación Intercultural Bilingüe. En Fiske Menuco se sumaron autoridades y referentes comunitarios, como el werkén de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, Hugo Aranea, e integrantes de la Asamblea por el Agua y la Tierra. En Villa Regina, miembros de la comunidad Pino Quiñe acompañaron y guiaron el recorrido hasta el territorio.

El fotoperiodista Jaime Carriqueo, integrante del Pueblo Mapuche Tehuelche, acompañó la caravana hacia el territorio y compartió uno de los momentos más conmovedores de la jornada: “Carlos Pino, Lonko de la comunidad, contó con profunda emoción que, en medio del operativo, llegó a pensar en prenderse fuego o abandonar todo. Pero entendió que no debía suceder, que eso no puede pasar. Su hija Yesenia, entre lágrimas, agradeció el acompañamiento de quienes se movilizaron hasta el lugar”, relató.

Carlos Pino, Lonko de la comunidad junto al abogado Mauro Istueta

Durante el recorrido, Carriqueo también conversó con Mauro Istueta, abogado de la comunidad, y con Fernanda Neculman, integrante del Parlamento Mapuche Tehuelche, quienes aportaron claves jurídicas y políticas para comprender la gravedad del operativo y la resistencia organizada.

“El procedimiento fue ilegal en múltiples aspectos”

—¿Por dónde pasa la ilegalidad del operativo?

Istueta: La orden judicial se ejecutó sin respetar los protocolos que deben aplicarse cuando hay una comunidad indígena involucrada. No se notificó al Co.De.Ci, organismo institucional de representación indígena, ni a la policía rural de la jurisdicción correspondiente. Además, se contrató personal policial de franco, proveniente de Choele Choel, lo cual será investigado judicialmente. La violencia ejercida fue desmedida, tanto sobre las personas como sobre sus pertenencias. No hubo intervención de defensores de menores, a pesar de que en el territorio había niños, niñas y personas mayores. Tampoco se respetaron los procedimientos para el resguardo de bienes: los objetos retirados de la ruka debieron ser trasladados a un depósito judicial, y el lugar debió quedar bajo custodia. Nada de eso ocurrió.

—¿Qué acciones judiciales se presentaron?

Istueta: Se presentó un Habeas Corpus, que es una garantía procesal y constitucional que busca poder resguardar la integridad física de las personas estén sufriendo una amenaza o un atropello por parte del Estado. Es un mecanismo, una herramienta para que se actúe a la inmediatez. Además, un amparo por derechos indígenas, solicitando una resolución judicial que suspenda el operativo de desalojo y que judicialmente se reconozca a la Lof Pino Quiñe como comunidad indígena.

“Hay una voluntad política de despojo”

La comunidad cuenta con personería jurídica y fue incluida en el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la Ley 26.160 en 2019. El fallo que habilitó el desalojo había sido suspendido por la vigencia de esa ley, pero fue reactivado tras su derogación por el decreto 1083/24 del gobierno de Javier Milei.

Esto constituye una grave violación a los derechos indígenas reconocidos en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

—¿Se pueden entender estos conflictos sólo desde el ámbito judicial?

Neculman: Lo que se busca es desalojar a la familia con sus animales y todo lo que les queda en el territorio. Esto responde a una decisión política del actual gobernador, Alberto Weretilneck. No estamos hablando de empresas petroleras ni de terratenientes extranjeros. Es una familia que ha vivido históricamente en ese lugar, con posesión tradicional y ancestral. Lo que hay acá es una voluntad política de despojo.

—Desde algunos medios se cuestiona la ocupación tradicional de las comunidades. ¿Por qué creés que se plantea eso?

Neculman: Porque hay una historia de silenciamiento y despojo. La empresa detrás de este conflicto no tiene actividad desde los años 80, pero sí la tuvo durante la dictadura militar, cuando muchas familias fueron desalojadas y expulsadas de la costa del Colorado. La familia Pino Quiñe fue una de ellas. Hace 20 años que volvieron a su territorio, y tuvieron que comprar el lugar que les fue robado. Entonces acá estamos hablando de una injusticia tremenda. ¿Cómo puede ser justo que las comunidades despojadas por el Estado -en dictadura o en tiempos de conformación de este mismo Estado nacional- tengan que pagar por sus propias tierras?

Por estos días, la comunidad Pino Quiñe permanece en estado de alerta, aguardando la respuesta judicial a las demandas presentadas por su abogado. Sostienen una guardia permanente en la tranquera, atentos a cualquier movimiento de las fuerzas represivas, que podrían regresar en cualquier momento para retirar los animales o intentar un nuevo desalojo.

Fotos y cobertura: Jaime Carriqueo