Advertencia de la CIDH: “El desarrollo no puede darse a costa de los pueblos indígenas”

En el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) emitieron un contundente comunicado en el que instan a los Estados de las Américas a respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas frente al avance de las industrias extractivas.

Impacto extractivo y vulneración de derechos

Durante su 193º Período de Sesiones, la CIDH recibió información alarmante sobre el impacto de proyectos extractivos —incluidos aquellos vinculados a la transición energética— en territorios indígenas. La Comisión advirtió que la clasificación de estos emprendimientos como de interés público o de interés nacional está siendo utilizada para silenciar el debate sobre sus consecuencias reales* en las comunidades originarias.

Además, se denunció un patrón creciente de criminalización de líderes indígenas que defienden sus territorios. Según el comunicado, se han iniciado procesos penales con cargos ambiguos, sin garantías de debido proceso, acompañados de desalojos violentos, represión estatal y violencia de género.

Derechos fundamentales en riesgo

La CIDH y REDESCA recordaron que los pueblos indígenas tienen derechos consagrados internacionalmente, entre ellos, la autodeterminación y autogobierno, la propiedad colectiva de tierras y recursos, la consulta y consentimiento previo, libre e informado, el acceso a la justicia y libertad de expresión y la participación en beneficios de proyectos que los afecten.

Estos derechos, subraya la Comisión no pueden ser debilitados por argumentos económicos ni por la presunción de beneficios nacionales. El desarrollo, afirman, debe ser sostenible y respetuoso de las comunidades.

Obligaciones estatales y responsabilidad empresarial

El comunicado también exige a los Estados que regulen y supervisen adecuadamente a las empresas involucradas en actividades extractivas, conforme a los estándares interamericanos y los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Las empresas, por su parte, deben respetar el derecho a un medio ambiente sano y la relación espiritual, cultural y de subsistencia que los pueblos indígenas mantienen con sus territorios.

Asimismo, se exige que los estudios de impacto ambiental y social sean realizados por entidades independientes, y que se garantice la participación efectiva de las comunidades en todas las etapas de los proyectos.

Mujeres indígenas: doble vulnerabilidad

La CIDH y REDESCA hicieron especial énfasis en la situación de mujeres, adolescentes y niñas indígenas, quienes enfrentan impactos diferenciados y múltiples formas de violencia en el contexto extractivo. La protección de sus derechos debe ser prioritaria en cualquier política pública. “Muchas veces, se acusa formalmente a esas personas de delitos definidos con ambigüedad o con demasiada amplitud y se las procesa sin las garantías básicas del debido proceso, lo cual implica un hostigamiento por protestar o por defender los derechos en cuestión. Esas acciones muchas veces van acompañadas del despliegue de fuerzas de seguridad, de desahucios violentos y de conflictos sociales en los que a veces se exacerba la violencia de género contra mujeres, adolescentes y niñas”, expresa el documento.

Llamado a los Estados

La criminalización de quienes defienden los derechos indígenas y ambientales es inaceptable. En este sentido, la CIDH y su REDESCA piden a los Estados que “reafirmen su compromiso con los derechos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas impidiendo la criminalización de quienes los defienden, personas cuya labor es especialmente importante dados el cambio climático y la degradación ambiental en curso”. A su vez, la CIDH reafirma su compromiso de acompañar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones y se declara abierta al diálogo con todas las comunidades indígenas que lo requieran.

Este pronunciamiento se da en un momento clave, en el que el avance de megaproyectos extractivos en América Latina que han generado fuertes tensiones con pueblos originarios que exigen respeto por sus derechos y territorios.



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