Auditorías en el Impenetrable: El Pueblo Wichí denuncia violencia institucional
En medio de un clima nacional marcado por recortes sociales y escándalos de corrupción, los caciques del pueblo Wichí emitieron un comunicado urgente. Solicitan la “reconsideración y cese inmediato” de las auditorías que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI están llevando a cabo en sus territorios, denunciando que estas medidas administrativas constituyen una forma de violencia institucional que vulnera derechos fundamentales.
Auditorías imposibles en territorios olvidados
Las auditorías, parte de un plan nacional de revisión de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, son calificadas por los líderes Wichí como “prácticamente imposibles” de cumplir. Las comunidades viven en condiciones de extrema pobreza, aislamiento geográfico y sin acceso a infraestructura básica. Solo para realizar un trámite, un viaje de ida desde una comunidad al pueblo de Juan José Castelli puede costar hasta $50.000 por persona en transporte informal, sin contar alojamiento, comida y medicamentos.
Los caciques advierten que las exigencias administrativas actuales no solo son desproporcionadas, sino que afectan gravemente la salud física, mental y emocional de los beneficiarios. El miedo a perder los ingresos mínimos genera estrés, ansiedad y desprotección en familias ya debilitadas por la precariedad.
Ajuste fiscal y escándalo en ANDIS
Este endurecimiento de controles se da en el marco de una política de ajuste fiscal impulsada por el gobierno de Javier Milei, que busca reducir el gasto público a costa de recortar los paupérrimos ingresos de los más humildes. En paralelo, ANDIS atraviesa una crisis institucional tras la salida de su ex director Diego Spagnuolo involucrado, junto a Karina Milei y Lule Menem, en denuncias por presuntas coimas y negociados con proveedores de medicamentos.
¿Puede alguien que vive en la pobreza extrema cometer fraude?, sugiere la lectura del comunicado presentado por los referentes wichí, señalando que se está culpabilizando y poniendo en duda la situación del “eslabón más débil, más indefenso y más fácil de señalar”. Mientras tanto, parece que la corrupción sigue beneficiando a la vieja casta y sus nuevos administradores.
La Ley de Emergencia en Discapacidad
En este contexto, el Congreso sancionó en julio la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca garantizar derechos esenciales como salud, educación, transporte, inclusión laboral y pensiones. La norma fue vetada por el presidente Milei por “razones fiscales”, pero la Cámara de Diputados rechazó el veto con mayoría calificada. El Senado también ratificó la ley. De cumplirse en la práctica, sería una herramienta clave para proteger a quienes hoy están siendo auditados y vulnerados. Para las comunidades rurales, el contexto es más adversos aún.
El reclamo wichi
El pueblo Wichí exige un régimen de excepción que contemple sus particularidades culturales, geográficas y socioeconómicas. Piden la suspensión inmediata de las auditorías hasta que se implementen políticas públicas adecuadas, y proponen sistemas de ayuda humanitaria basados en relevamientos interculturales, con participación de equipos interdisciplinarios y traductores.
Reafirman que los beneficios sociales son un “derecho inalienable y fundamental” para prevenir la pobreza extrema y la desprotección. Y concluyen con una frase que resuena como advertencia: “Sin justicia para los Pueblos Originarios no hay verdadera democracia.”
Foto: Chaco por día
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