Pino Quiñe. La lof resistió el desalojo y se encuentra en el territorio

Comunicado de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro

Algunas circunstancias escapan a la legalidad y a la comprensión lógica. ¿Qué situación posibilita que la empresa Rielves SA desaparecida en los años 80 sin información actual pueda litigar sobre una tierra de la cual despojó a familias mapuche en la Costa del Colorado durante la Dictadura Militar en el año 1976? Esa es la situación que atraviesa la Lof Pino Quiñe. Familias continuadoras de la ocupación tradicional y pública de Manuel y Luis Marileo que nacieron y murieron en ese territorio enmarcados dentro del derecho consuetudinario de la posesión indígena. Esta “empresa” con algún tipo de artilugio reñido con la legalidad y teñido de corrupción, algo muy común en la provincia de Rio Negro, logró un fallo a través de la Jueza Civil de Choele Choel Dra. Natalia Costanzo. Uno de los abogados litigantes Costaguta Gerardo actúa en diferentes acciones como representante legal de la Agencia de Recaudación Tributaria de Rio Negro, con lo cual siempre cuenta con acceso a información privilegiada.

 Ese fallo ya fue suspendido con anterioridad en razón de la vigencia de la ley 26.160 que el gobierno de Milei dio de baja a través del decreto 1083/24. Esto es lo que ha impulsado la causa nuevamente sin cumplir la obligación del Estado de reconocer el Territorio Indígena cuya posesión detentan las comunidades. La Lof Pino Quiñe tiene personería jurídica y además contó con acta de inicio de relevamiento territorial de la ley 26160 en el año 2019.

 A pesar que la ley ha caducado por impulso del gobierno de Milei, un gobierno corrupto extractivista entreguista y antidemocrático de derecha, no exime al Estado y fundamentalmente al Poder Judicial de cumplir con el respeto a los DDHH y convenios internacionales que son de obligatoria aplicación en un estado de derecho. El incumplimiento de estas normas constituye para Jueces y Fiscales el delito de Prevaricato e incumplimiento de los Deberes de Funcionarios Públicos por lo cual también están expuestos a ser denunciados por graves violaciones a los DDHH, y además teniendo en cuenta que son decisiones que claramente perpetúan una política genocida en contra de las comunidades Mapuche Tehuelche.

 El Estado de argentina está obligado a reconocer la posesión indígena a través de su propia constitución en el art. 75 inc. 17 además de la vigencia e incorporación del Convenio 169 de la OIT al marco normativo legal en la República Argentina donde obliga a los Estados a reconocer la ocupación tradicional de las comunidades indígenas. Otro instrumento del marco internacional que Argentina ha firmado es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. En la provincia de Rio Negro el artículo 42 de la constitución provincial reconoce la preexistencia del “indígena rionegrino” (entiéndase mapuche tehuelche desde una perspectiva paternalista y asimilacionista) promueve la propiedad inmediata de la tierra que posee y respeta el derecho que le asiste a organizarse.

 Pero algo trascendental para las comunidades indígenas de Rio Negro es la ley 2287/88 que crea el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Un organismo de Co Gestión entre las comunidades y el Estado, con mayoría de representación indígena, para cumplir con los estándares del derecho internacional en la materia. Los gobiernos de Río Negro siempre han intentado manipularlo o como es el caso de la actualidad desfinanciarlo totalmente para que no pueda cumplir con sus funciones entre las cuales la principal es reconocer inmediatamente la posesión de las tierras indígenas, investigar títulos de propiedad en base a despojos, solicitar expropiación y proveer la adjudicación de tierras aptas y suficientes, además de promover sus áreas de salud, educación, cultura, viviendas, seguridad social, comunicación, producción y todo lo que tenga con brindar seguridad jurídica y proyección de las comunidades. Es decir, una ley atiende la situación jurídica económica y social de las comunidades. Potestad reafirmada por el artículo 59 de la nueva Ley de tierras 5705/23 que le brinda única y exclusiva competencia al CoDeCI en los reclamos, reconocimientos y titularización de tierras indígenas. 

 Frente a todo este contexto de violación de los derechos indígenas y los derechos humanos, la comunidad Pino Quiñe ha resistido el intento de desalojo e integrantes de la Lof se encuentran en resguardo del territorio comunitario. Si bien la policía de Rio Negro junto con el Martillero Publico Eduardo Tejada han desvalijado la casa despojando a la comunidad de todas las pertenecías, ellos se encuentran en el territorio cuidando las chivas que están en parición y en resguardo de sus vacas. También se están acercando comunidades y están presentes en el territorio de la Lof la Consejera del CoDeCi Lucia Antipan y la Referente de la Mesa Política de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche Mariela Carrasco. Solicitamos la presencia de Asambleas Ambientales, Organizaciones Sociales, grupalidades, militantes políticos y militantes por un mundo mejor y estamos ante la necesidad de ropas alimentos colchones frazadas elementos de limpieza etc 

Rechazamos la actuación de la Justicia de Rio Negro que legitima el despojo de las comunidades.

Cuestionamos la no aplicación de nuestros derechos por parte de Jueces y Fiscales.

Reivindicamos nuestros derecho al territorio y a decidir sobre todos los “recursos” que forman parte de él.

Nos declaramos en estado de alerta ante tantos atropellos.

Marichiwew Marichwew!!!



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