El Chaco y los Pueblos Indígenas: indiferencia estatal y pobreza estructural

Escribe: Silvina Ramírez

En 2007, una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pedido del Defensor del Pueblo de la Nación, ordenó al Estado nacional y al Estado chaqueño que suministraran agua potable y alimentos a las comunidades Qom del sudeste de la provincia, haciendo referencia no sólo a la notable situación de vulnerabilidad en la que se encontraban, sino a un exterminio silencioso que avanzaba lentamente frente a la desidia del Estado.

En 2025, después de 18 años, la situación se repite. En diciembre de 2024 la Defensora General adjunta solicitó al Superior Tribunal de Justicia, mediante un amparo con medida cautelar, medidas concretas para proteger al Pueblo Wichí, demandando al gobierno provincial asistencia urgente. El STJ derivó este pedido a un juzgado de primera instancia, que resuelve la cautelar favorablemente, ordenando al Poder Ejecutivo, otra vez, la provisión de agua potable y alimentos, hasta que se sustancie el amparo, a las comunidades wichís del impenetrable. Debe recordarse que aquella medida cautelar ordenada en su momento por la CSJN todavía se encuentra vigente.

Ante el incumplimiento de la medida, el juez impuso una multa diaria considerable al gobierno provincial. Las dilaciones en el pago continúan, y las comunidades afectadas siguen en la misma situación. A pesar de que el juez ha sostenido que los derechos a la salud y a la vida son constitucionales, y que merecen la máxima protección, el gobierno de la provincia del Chaco no parece ser interpelado por razones que, es obvio decir, son más que evidentes.

Queda claro que la ineficiencia estatal no se transforma con la judicialización. El fallo de la CSJN de 2007 es un precedente importante, y en su momento fue tomado como un paso adelante en la lucha por los derechos indígenas. Sin embargo, el fondo de la situación permanece invariable. No será con la entrega de agua y alimentos, que siempre son esporádicas y coyunturales, que variará las condiciones de vida de los pueblos indígenas que habitan el Chaco. Qom o Wichí, todos sufren de los mismos padecimientos que recrudecen, con gobiernos que sólo levantan la bandera del equilibrio fiscal, de un gasto público nulo (como si el agua, la comida, fueran un dispendio) y que se rebelan ante decisiones judiciales, seguramente con el convencimiento de que finalmente podrán actuar con impunidad, que ese dinero de la multa -que debería llegar a las comunidades wichís- nunca será depositado.

Condiciones de desamparo profundo, derechos básicos violados, comunidades indígenas olvidadas, forman parte del escenario que ni siquiera la administración de justicia puede cambiar. Mientras tanto el tiempo sigue pasando. En 2007 se pensó que una decisión de la máxima instancia de justicia del país podría empezar a revertir un estado de cosas que estaba cada vez más deteriorado. Después de casi dos décadas, y con nuevas intervenciones judiciales, todo permanece. Las políticas concretas siguen sin siquiera esbozarse, y sólo se escuchan debates políticos vacíos, que están muy lejos de las comunidades indígenas que deberían priorizar. El escenario político hoy es cada vez más mezquino. Los Pueblos Indígenas siguen esperando.

📷Santiago Dunne



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