“Hay una tríada maldita de derechos vulnerados: Propiedad Comunitaria, Consulta y Cogestión”

14 Oct 2025

La abogada especializada en derechos indígenas, Silvina Ramírez, advirtió sobre el grave retroceso institucional que atraviesan los Pueblos Originarios en Argentina.

La especialista, que participó en la elaboración del informe anual “Los Pueblos Indígenas en la Argentina de la Derecha Libertaria”, denunció políticas regresivas, discursos estigmatizantes y una avanzada extractivista que vulnera derechos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales.
“La idea fue hacer foco en la dimensión nacional. Queríamos mostrar cuál es la política de esta gestión frente a los derechos indígenas”, explicó la abogada en una entrevista emitida en el programa “Otro Aire” de la Radio Universidad Nacional de Misiones.

Según el informe, las decisiones del gobierno nacional impactan transversalmente en todas las comunidades, y muchas provincias replican ese enfoque. “Están alineadas con este nuevo tono de época que propone esta gestión, y comparten ciertas miradas que también vulneran derechos”, agregó.

El regreso del Día de la Raza: “Una crueldad institucional”

Consultada sobre la reinstauración del Día de la Raza, la especialista fue contundente: “Sí, llama la atención, pero no sorprende. Esta decisión y los discursos que lo acompañan evidencian una regresión alarmante en el reconocimiento de los derechos indígenas. “Todo lo que sea indígena es sinónimo de salvaje, de retroceso, de primitivismo”, denunció Ramírez, al señalar que esta mirada, que se creía superada, reaparece ahora sin matices ni disimulo.

“Decir que ‘ganó la civilización’ es profundamente ofensivo. Quienes trabajamos desde hace años en estos temas sostenemos que el Estado argentino se construyó sobre el genocidio indígena, que ese genocidio fue fundante. Alabar la conquista en estos términos, ensalzando una supuesta civilización y progreso sobre los pueblos indígenas, es de una ignorancia, un desconocimiento, y otra vez, una crueldad. Como ya viene siendo común, lamentablemente, hablar de crueldades en este gobierno”, concluyó.

Propiedad privada, desfinanciamiento y extractivismo

Durante la entrevista, Ramírez profundizó en los principales ejes que estructuran el informe. Uno de los puntos centrales fue la propiedad comunitaria indígena, reconocida constitucionalmente desde la reforma de 1994, pero sistemáticamente cuestionada. “La propiedad comunitaria siempre fue conflictiva desde su inclusión en la Reforma Constitucional del 94. Se la presenta como incompatible con la propiedad privada, cuando en realidad son perfectamente armónicas”, explicó.

Según la abogada, el gobierno actual promueve la fórmula “propiedad privada, libertad, familia” como si la propiedad comunitaria representara una amenaza. En diciembre de 2024, el Ejecutivo derogó la Ley de Emergencia sobre la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena. “Era insuficiente, pero al menos prohibía los desalojos. Hoy se promueven abiertamente los despojos”, advirtió.

Otro eje abordado fue el desfinanciamiento y vaciamiento institucional. Ramírez denunció el cierre del Programa de Fortalecimiento Comunitario, que brindaba apoyo jurídico a las comunidades, y la eliminación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Además, señaló que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) fue subordinado a la Jefatura de Gabinete, perdiendo autonomía y capacidad de acción. “Lo deja sin posibilidad de decir nada y le recorta competencias”, afirmó.

Finalmente, Ramírez alertó sobre el avance de grandes inversiones extractivas en territorios indígenas sin consulta previa. “El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) abre la puerta a corporaciones para explotar territorios indígenas, sin importar si están o no habitados. Se promueven explotaciones de litio, hidrocarburos y otros negocios extractivos. La vulneración de derechos es total”, concluyó.

Estigmatización y terrorismo: “El enemigo interno”

Uno de los puntos más graves del informe es la criminalización de organizaciones indígenas, especialmente en la Patagonia. La Resistencia Ancestral Mapuche fue catalogada como organización terrorista por su reivindicación de sus derechos territoriales. “Es un mensaje de alerta para el resto de las organizaciones, porque convengamos que nadie distingue si RAM, si esto o si lo otro. Ya directamente el tilde de una comunidad o organización indígena como una organización terrorista es una luz amarilla para decir ‘ojo, que cualquier organización indígena eventualmente puede formar parte de esta lista de organizaciones terroristas’”, consideró Ramírez.

La especialista también denunció la estigmatización en torno a los incendios forestales: “En vez de revisar las políticas preventivas, se busca un chivo expiatorio planteando que ‘las comunidades indígenas incendian donde viven’. No sé cuál sería el beneficio de quemar su propia casa, pero son estigmatizadas así: incendiarias y terroristas”.

Este discurso, advirtió, permea en la sociedad. “Se reactiva la figura del enemigo interno, como ocurrió con el caso de Santiago Maldonado. Los Pueblos Indígenas se convierten en eso, cuando lo que hacen es demandar derechos reconocidos por la Constitución y por instrumentos internacionales que siguen vigentes, a pesar de Milei”.

Racismo estructural

La abogada también se refirió a la negación de la identidad indígena: “Para esta gestión, los Pueblos Indígenas no preexisten ni existen. Y los que existen son catalogados como falsos. Empiezan a dudar de su identidad como si tuvieran, y esto lo decimos en términos cómicos si no fuera trágico, un ‘mapuchómetro’”, haciendo alusión al Pueblo Mapuche pero de un prejuicio que se repite también con otros Pueblos Indígenas.

“Hay estudios que acreditan la preexistencia, la ancestralidad, la conservación de sus instituciones. No es un invento ni un grupo de avivados. Pero en el imaginario siempre está eso de que vienen a quedarse con lo que no les pertenece. Y encima tenemos este vicio de origen: que todos descendemos de los barcos, pero sangre india no, nunca jamás. Hay racismo, sin lugar a dudas”.

Derechos vigentes, derechos vulnerados

La especialista recordó que existe un marco jurídico robusto que el Estado debería respetar: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución Nacional 75 inciso 17, que desde 1994 incorpora los derechos indígenas. Asimismo, cada provincia tiene su propia Constitución, que en general ha replicado la fórmula de la Constitución Nacional, y legislación secundaria de diferentes materias.

Todos estos instrumentos están vigentes. El derecho a la propiedad comunitaria, a la consulta previa, libre e informada, y a la cogestión de los recursos naturales son derechos reconocidos. Pero nadie consulta a los pueblos indígenas”, remarcó agregando que la ley de emergencia que fue derogada porque “hoy los conflictos se traman primordialmente alrededor del territorio”. No obstante, el derecho a la propiedad comunitaria sigue contemplado en todos estos instrumentos que tienen fuerza normativa.

En este sentido, expresó que “El RIGI debería haber sido consultado. Pero no lo fue. Las comunidades se enteran cuando ya es tarde. Hay una tríada maldita de derechos vulnerados: propiedad comunitaria, consulta y cogestión”.

Justicia y territorios en disputa

Finalmente, la abogada denunció la connivencia entre poder político y judicial: “La justicia no responde. Uno pensaría que tendríamos más decisiones protectoras, pero muchas veces fallan a favor del terrateniente de turno porque hay intereses compartidos”.

La disputa territorial se intensifica: litio, uranio, petróleo, gas, tierras raras, agua y negocios inmobiliarios. “Vaca Muerta está asentado sobre comunidades indígenas. Hoy pelean para que las consulten, pero también para que no las sigan contaminando. Tienen sismos cada dos por tres. Igual les pasan por arriba”.

En este contexto, Ramírez concluyó sobre las gestiones nacional y provinciales: “La ideología es que los territorios están despoblados. Que las comunidades no existen. Entonces accionan en consecuencia. Consideran que no tienen con quién interactuar e ignoran permanentemente el derecho a la consulta”.

📷 Roxana Sposaro