El Banco mundial reconoció reclamo de comunidades

27 Feb 2025

Por falta de consulta decidió suspender los estudios hidrogeológicos en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.

Recientemente, los gobiernos de las provincias de Salta y Jujuy crearon la Comisión Interjurisdiccional para la Gestión Integral Ambiental de la Cuenca de Salinas Grandes, con el objetivo de explorar y explotar el litio en la región. Sin embargo, las comunidades locales no fueron invitadas a participar en estos estudios, una omisión que llevó a un reclamo presentado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y las comunidades afectadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ante esta situación, las provincias solicitaron la intervención técnica del Banco Mundial. No obstante, tras recibir una carta de las comunidades expresando sus preocupaciones, el Banco Mundial decidió suspender los estudios hasta que se respeten los estándares internacionales de derechos indígenas, especialmente el derecho a una consulta previa, libre e informada.

Esta decisión del Banco Mundial subraya la importancia de garantizar la participación y consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas en la producción de información necesaria para la toma de decisiones sobre el uso de sus territorios. Además, señala la necesidad de que dicha información forme parte de una discusión más amplia sobre las prioridades del desarrollo de las comunidades locales, en lugar de estar dirigida únicamente a promover una actividad económica.

El Banco Mundial también destacó la importancia de procesos que busquen conocer integralmente un territorio, considerando tanto aspectos ambientales como culturales. En este marco, la preservación de la vida, cultura e identidad de las comunidades debe ser una condición esencial, con la explotación de litio siendo solo una opción entre muchas otras.

Frente a la decisión del Banco Mundial, se instó a las empresas mineras y a los estados provinciales interesados en explotar el litio en Salinas Grandes a adoptar una postura similar, respetando los derechos de las comunidades locales y apostando por su desarrollo sostenible y justo.

Esta decisión del 24 de febrero pasado, se produjo tras las preocupaciones expresadas por las comunidades locales sobre la falta de consulta y consentimiento previo, marca un avance significativo en la defensa de los derechos indígenas.

Foto: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)