El Servicio Penitenciario Federal desacata orden judicial y retiene a Jones Huala en Rawson
A pesar del oficio judicial, emitido el 17 de octubre por la Oficina Judicial del Distrito General Roca, Subsede San Carlos de Bariloche, que solicitó el traslado del lonko mapuche Facundo Jones Huala desde la Unidad 6 de Rawson hacia la U14 de Esquel en un plazo de 48 horas hábiles, la Dirección General del Servicio Penitenciario Federal (SPF) resolvió no otorgar el cupo.
La Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina denunció públicamente que el Ministerio de Seguridad se niega a cumplir la orden del Juzgado Federal de Bariloche, a cargo del juez Gustavo Zapata, que dispone el traslado de Jones Huala a la Unidad 14 de Esquel. “Pese al planteo expreso del Juez y el consentimiento expreso de la Fiscalía ahora el Servicio Penitenciario desacata la resolución y plantea mantenerlo bajo estrictas medidas de Seguridad y entrometiéndose en cuestiones del expediente judicial para las que carece de facultad”, afirmaron en un comunicado difundido el 21 de octubre.
La resolución judicial, emitida tras una audiencia pública, ordenó el traslado del referente mapuche a un régimen penitenciario de mediana seguridad. “Todos y todas vieron la audiencia y tuvieron a la vista la resolución judicial que establecía sacar a Facundo Jones Huala del sistema de máxima seguridad de la Unidad 6 y trasladarlo a la Unidad de Mediana Seguridad de Esquel”, señalaron los abogados. La decisión contó con el acuerdo expreso de la Fiscalía.
La Gremial advirtió que el desacato institucional revela una práctica sistemática: “A veces los jueces no le creen a la Gremial cuando afirmamos que las Fuerzas de Seguridad o penitenciarias nos dicen en la cara que ellos ‘no responden a los jueces’ sino a ‘sus propios mandos’”.
El comunicado sostiene que el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, insiste en mantener a Jones Huala en el régimen más duro por decisión política, ignorando la orden judicial. “Surge con nitidez cómo se manejan en la Argentina aplicando el Derecho Penal del Enemigo a prisioneros políticos”, denunciaron.
La resolución incumplida
El juez Gustavo J. Zapata resolvió iniciar el procedimiento administrativo para el traslado de Facundo Jones Huala desde la Unidad 6 de Rawson a la Unidad 14 de Esquel. La decisión se fundamenta en la ausencia de oposición por parte del Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado de Río Negro, así como en los antecedentes presentados por la defensa vinculados al respeto de los derechos culturales de los Pueblos Originarios.
“Estoy persuadido de que no veo obstáculo para que el señor Jones Huala sea trasladado a la Unidad 14 de Esquel”, afirmó el magistrado, tras considerar los elementos aportados por la defensa y las manifestaciones de las partes. El juez valoró que Jones Huala ya estuvo alojado en dicha unidad sin registrar problemas de conducta ni incidentes de seguridad, y que el establecimiento resulta más cercano a su entorno familiar y comunitario.
El Ministerio Público Fiscal, representado por la Dra. Angela Pagano Mata, expresó que no se opone al traslado, siempre que se cumpla con el procedimiento formal para dichas solicitudes. La fiscal citó el fallo “Néstor Rolando López y otros” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sancionó al Estado argentino por traslados abusivos superiores a 800 kilómetros, y recordó que el propio imputado presentó una nota formal solicitando el traslado y comunicando el inicio de una huelga de hambre.
La Fiscalía de Estado de Río Negro, a cargo de la Dra. Blanca María Passarelli, adhirió en su totalidad a lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal.
El juez dispuso que la Oficina Judicial gestione las actuaciones necesarias para verificar el estado del trámite administrativo, y en caso de no existir, ordenó su sustanciación conforme a la normativa vigente. También solicitó la colaboración del Ministerio Público Fiscal para procurar un cupo en la Unidad 14 de Esquel.
La resolución judicial reconoce la necesidad de garantizar condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente cuando se trata de personas pertenecientes a Pueblos Originarios. No obstante, el traslado se encuentra pendiente de ejecución ante la negación del Dirección General del Servicio Penitenciario Federal, dependiente de Ministerio de Seguridad Nacional.
El Juez de Garantías convocó a una nueva audiencia para el 23 de octubre, en la que los abogados que defienden al lonko solicitarán que se ratifique la resolución y se ordene al Servicio Penitenciario Federal acatarla. “Será una gran oportunidad para determinar dónde está parado cada uno”, concluyeron los representantes de la Gremial.
📷 Roxana Sposaro
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