Una condena con gusto a impunidad
Luego de más de tres meses de juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, el miércoles 29 de noviembre se leyó el veredicto. En una escueta lectura de la sentencia, y con el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca vallado y con fuerte presencia policial, los jueces Alejandro Silva (presidente), Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava dictaron la condena de 5 años de prisión y 8 de inhabilitación para el prefecto Sergio Guillermo Cavia como “autor material del homicidio, agravado por haber sido cometido con arma de fuego, en exceso de la legítima defensa”, y de 4 años y 6 meses e inhabilitación por 7 años para los albatros Javier Francisco Pintos, Juan Ramon Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García, en calidad de “partícipes necesarios”.
El pedido traído al juicio oral por la fiscal original de la causa, Silvia Little, en representación del Ministerio Publico Fiscal, que enmarca el hecho como “exceso en legítima defensa”, predominó en la decisión de los jueces. Así se legitimó la teoría del enfrentamiento, sin siquiera contemplar la “coautoría” de los cinco imputados, pedido por las querellas y la propia fiscalía en sus alegatos finales: las querellas habían pedido prisión perpetua, mientras que la fiscalía había solicitado penas similares a las aplicadas.
Tampoco se contemplaron los disparos con balas de plomo que recibieron las otras dos personas que estaban junto a Rafa. Tanto Johana Colhuan como Gonzalo Coña sobrevivieron y en calidad de testigos aportaron en este juicio su versión de los hechos. Por ahora, para el Poder Judicial no son víctimas, por lo tanto nunca se investigó el intento de homicidio, algo que fue pedido por la fiscalía y las querellas.
Bronca de calle
Antes de la lectura del veredicto, los cinco Albatros imputados por el homicidio de Rafael Nahuel ejercieron su derecho a las palabras finales ante el Tribunal. Javier Francisco Pintos, Juan Ramon Obregón, Carlos Valentín Sosa, Sergio Guillermo Cavia y Sergio Damián García afirmaron que actuaron “conforme a derecho”, en “cumplimiento del deber” por orden judicial y “sin cometer excesos”.
Desde el día anterior a la audiencia, el edificio judicial fue vallado y custodiado por efectivos de Policía Federal y de Gendarmería Nacional. La familia de Rafael Nahuel estuvo en la sala junto a Mariano Przybylski y Horacio Pietragalla Corti, integrantes de la Secretaría de DD.HH. de Nación, y los abogados de APDH Nacional y APDH Bariloche, Sebastián Feudal, Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, quienes los acompañan en el pedido de justicia desde hace 6 años.
Comunidades mapuche y organizaciones sociales acompañaron en las puertas del juzgado desde muy temprano. Al final de la audiencia, frente a los Tribunales Graciela Salvo, mamá de Rafa, expresó frente a los medios sentirse muy desilusionada por el fallo: “Vamos a seguir pidiendo justicia por Rafita porque no estamos conformes con la sentencia que le dieron a los albatros. (…) La justicia se está burlando de la familia, ellos no sienten el dolor de los padres…”. Un triste detalle de calendario: ese mismo día era su cumpleaños.
Por su parte, el werken (vocero) del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro Orlando Carriqueo, denunció la sentencia como injusta y señaló el asesinato del joven mapuche como un crimen de lesa humanidad y terrorismo de Estado: “Esta sentencia injusta es el peor ejemplo para conmemorar los 40 años de democracia, y la peor manera de conmemorarlos será el nuevo gobierno. Ojo, esto que digo no le quita responsabilidad al actual, que ha desalojado a la comunidad el año pasado, cuando firmamos un acuerdo para la devolución del territorio que nunca cumplió y que no sabemos cuándo se va a cumplir”.
A su vez, enfatizó: “El pueblo mapuche va a seguir peleando en la tierra, como lo viene haciendo hace 140 años, porque es la dignidad del pueblo que se niega a desaparecer y que lucha porque es dignamente parte de este territorio, ni siquiera dueño. Por eso luchamos, por eso nos duele tanto este tipo de sentencias pero no le creemos a la Justicia porque ha sido siempre el brazo ejecutor del despojo de las familias, de los territorios, de los barrios. Esta es la Justicia y con esta cara hay que verla”.
Rubén Marigo, de APDH Bariloche, advirtió que “si la Justicia sigue justificando estos delitos, seguiremos teniendo estos casos”. A su vez, anticipó que seguirán con este juicio junto a los miembros de la Secretaría de DDHH hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La mejor defensa de los Albatros fue la del Fiscal” dijo y volvió a recalcar: “Este es un delito político, es violencia institucional”.
Pietragalla y Przybylski, representantes salientes de la Secretaría de DDHH de Nación, afirmaron ante los medios presentes que apelarán el fallo, a pesar de estar finalizando su gestión. Para ello, las querellas y defensas deberán esperar los fundamentos de la sentencia, que el Tribunal proporcionará, según adelantaron en la audiencia, el 29 de diciembre, al borde de la feria judicial, lo que posterga la presentación de las apelaciones para febrero de 2024.
La doble vara del Poder Judicial
La condena de los padres de Rafa es la irreparable pérdida de un hijo a manos de las Fuerzas del Estado. Esperaron 6 largos años para asistir a un juicio en el que debieron trasladarse, una y otra vez, más de 500 kilómetros para asistir a las audiencias, a diferencia de los hoy condenados, quienes jamás pisaron los tribunales durante el debate y permanecerán en libertad hasta que la sentencia quede firme.
Condenados están las y los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, a seguir resistiendo la violencia ejercida desde el Estado que desoye sus propios acuerdos y leyes; y desde el Poder Judicial que, en la figura del mismo fiscal de este juicio, Rafael Vehils Ruiz, tomó un reclamo de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, presentando un recurso para que la Cámara Federal de Casación Penal revise la resolución del juez federal Hugo Greca, que homologó el acuerdo firmado en las mesas de diálogo con representantes de Parques y el Estado Nacional (fueron largos meses de un grupo de mujeres mapuche ilegítimamente privadas de la libertad por su presencia en la comunidad cuando en octubre de 2022 se desató un nuevo operativo represivo), requiriendo también que se avance con el juicio a las mujeres mapuche imputadas por usurpaciones.
Vuelven quienes nunca se fueron
Existe un mito acerca de que los asesinos siempre vuelven a los lugares donde cometen sus crímenes. Los condenados tuvieron su oportunidad durante la inspección ocular, pero sólo dos de ellos lo hicieron.
¿A dónde vuelven los que, sin ensuciarse las manos, riegan la tierra de sangre? ¿A dónde vuelven los responsables políticos? ¿Los que con sus discursos avivan los conflictos?
Algunos militaron para volver, como la ex (y futura) Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien volvió a Pu Lof en Resistencia Cushamen para sacarse una foto en la tranquera de la comunidad y publicarla un 1 de agosto, a sabiendas del dolor de la familia Maldonado, ya que allí fue el operativo previo a la desaparición y la muerte de Santiago. Vuelve, a pesar del fracaso electoral, acordando con el partido que, entre sus candidatos, propuso al ex jefe de la Prefectura de Bariloche Leandro Ruata y a la negacionista, Victoria Villarruel, vinculada a genocidas como Etchecolatz.
Otros, fallidamente intentaron quedarse para continuar con su prolija gestión de la represión, como la del Comando Unificado Patagónico, responsable del desalojo en Lof Lafken Winkul Mapu el año pasado, con las mujeres detenidas y judicializadas sin pruebas firmes y las mesas de diálogos llenas de promesas incumplidas.
Los que vuelven, los que se van, los que nunca se fueron y los que llegan para quedarse: todos pisotearon los territorios, vulneran, niegan y criminalizan los derechos de los pueblos indígenas. Gobierne quien gobierne, es la política de Estado que se despliega para avanzar con los proyectos extractivistas. En eso no hay grietas.
Memoria, verdad y justicia
Rafa era un joven de 22 años, que se encontraba en un proceso de autorreconocimiento de su identidad mapuche, que acompañaba a su comunidad en el reclamo legítimo de un espacio territorial sagrado, necesario para el desarrollo de su cultura. Necesario para salir de ese destino impuesto de pobreza y exclusión que habita en las periferias de las ciudades. Pero el Estado no lo permitió, y del 23 al 25 de noviembre de 2017 envió a todas sus fuerzas represivas para acabar con sus sueños y los de su comunidad.
Las balas del Estado asesinaron a Rafa e hirieron a otras dos personas. Podrían haber sido más. Por un pedazo de tierra, por seguir negándole sus derechos a un pueblo Nación que se resiste a desaparecer y con la fuerza de los caídos seguirá clamando: marichiwew! (“¡Por cada uno que caiga, diez se levantarán!”).
Cobertura Colaborativa: Revista Citrica – Radio Zona Libre – Infoterritorial
Escriben: Gioia Claro – Roxana Sposaro
Foto: Jaime Carriqueo
RELATED NEWS
