La institucionalidad argentina para pueblos indígenas: su devenir azaroso
Escribe: Silvina Ramírez
Desde el retorno de la democracia, se visibilizaron a los pueblos indígenas como un sector que reclama políticas públicas específicas. Desde los diferentes gobiernos se han generado, ambivalentemente, instancias y políticas destinadas a garantizar algunos de sus derechos. A partir de la ley 23.302 de 1985, ley que creó el Instituto Nacional de Asuntos indígenas (INAI), se consideró pertinente que un organismo nacional especial pudiera dar cuenta de las políticas necesarias e imprescindibles para garantizar los derechos contemplados en un marco normativo cada vez más robusto.
El INAI llevó adelante políticas heterogéneas, dependiendo de quién estuviera a su cargo, y de cuál era la gestión de gobierno en la que se encuadraba. Sin embargo, progresivamente, fue deslegitimándose frente a las comunidades indígenas, ya sea porque no se comprometía con políticas públicas que dieran una respuesta cierta a las demandas; ya sea porque se vio incapaz de desplegarlas frente a otras instancias del Estado que hacían todo lo contrario, socavando derechos antes que respetarlos.
Así las cosas, principalmente las políticas sobre tierras y territorios, y su ejecución/ inejecución, han generado innumerables conflictos territoriales, configurando múltiples escenarios. Comunidades indígenas con relevamiento, comunidades indígenas sin relevamiento o en proceso; y reacciones disímiles frente a la relevancia de las carpetas técnicas –carpetas que son resultado del relevamiento- van gestando un estado de situación en donde predomina el malestar y los reiterados incumplimientos.
En la actual gestión de gobierno, la institucionalidad pensada en su momento enfrenta, de modo preocupante, incertidumbres y contradicciones. En un primer momento la insinuación de la disolución del INAI, luego se decidió desplazarlo de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (ahora sólo Ministerio de Justicia) a la del Ministerio del interior, y frente a su disolución, actualmente se encuentra bajo la jurisdicción de la vice jefatura de gabinete del interior de la jefatura de gabinete de ministros (algo que parece ser un trabalenguas, o lo que es peor, esta subsunción también podría significar desjerarquización).
Por medio de la resolución 40/2024, el presidente del INAI resolvió crear “el Consejo Federal de Políticas indígenas, integrado por representantes de los organismos de gobiernos provinciales con competencia en materia indígena”. Según señala esta resolución, entre otros objetivos, este consejo tiene: “constituir como espacio permanente de diálogo, encuentro y colaboración, entre las provincias y el gobierno nacional, en la formulación e implementación de manera coordinada de las políticas públicas destinadas para los pueblos indígenas”. Asimismo, convoca a las reuniones, entre otros actores, a los representantes de los pueblos indígenas propuestos por las organizaciones territoriales indígenas y del Consejo de Participación indígenas, CPI que se mantuvo, a pesar de todo.
La pregunta que surge, y el dilema que interpela, es si la creación de otra instancia estatal –aunque no signifique, según la misma resolución, ni generación de estructura, ni erogación presupuestaria- significa la formulación de políticas que cuenten con la participación de los pueblos indígena, y no sólo que ellos sean meros destinatarios; y el dilema que interpela es si este espacio está destinado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos ya existentes, o si, por el contrario, es una puesta en escena (otra más) en donde se disfrazan ausencias, persecuciones, hostigamientos, con un Consejo Federal que, eventualmente, puede despertar una falsa expectativa en las comunidades indígenas.
Está claro que las decisiones de fondo se gestan en otros espacios, y son las que en mayor medida impactan negativamente en las comunidades. En el actual contexto, no puede sorprender que la desconfianza nos atraviese. Un gobierno que ensalza la individualidad, que desprecia ostensiblemente cualquier dimensión colectiva, no parece ser proclive a reconocer derechos indígenas. Crear “más institucionalidad” que se aboque a los temas indígenas despierta, al menos, cierta incredulidad y escepticismo.
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