Escuchar a los Pueblos Indígenas

06 Sep 2025

Marcha atrás con un protocolo de consulta inconsulto sobre minería en la provincia de Mendoza

Escribe: Silvina Ramírez

En Mendoza, meses atrás, mediante resolución 130/25, la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente reguló la consulta, sin haber sido consultada a las comunidades indígenas. En ese momento, lo que quedó claro fue que, revestido de invocaciones a la normativa internacional y local, se reguló una consulta a medida de los intereses económicos; sus efectos sólo concedían una legitimación aparente para el sector minero, dado que la opinión de las comunidades podía ser dejada de lado, dando razones alineadas a las empresas. En definitiva, la consulta generaba escenarios de supuesta participación, sin que las comunidades pudieran incidir en las decisiones finales.

Sin embargo, y luego de la presentación de un recurso por parte de la Organización Identidad Territorial Malalweche, mediante resolución 139- EyA, se ordenó revocar la resolución 130 e iniciar un proceso de diálogo con las comunidades. La organización indígena y las comunidades reclaman una ley provincial que regule la consulta en las diferentes áreas del Estado, conforme a estándares internacionales contemplados tanto en el Convenio 169 de la OIT como en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta revisión del criterio adoptado de modo inconsulto por la provincia de Mendoza deja algunos aprendizajes importantes. En primer lugar, cómo un reclamo organizado por las comunidades indígenas, y sus organizaciones, pueden llegar a impactar de modo tal que se vuelva atrás con una medida adoptada. La decisión en el ámbito administrativo de revisar una resolución que se aparta de todo el marco normativo, es un signo de que los Pueblos Indígenas pueden demandar para ser escuchadas, y generar cambios desde ese lugar.

En segundo lugar, es una advertencia a la provincia -que puede ser trasladada al resto de ellas y también a la esfera nacional- de que existen derechos indígenas, que están vigentes, y que deben ser respetados. Las empresas necesitan ciertas condiciones para llevar adelante la explotación minera, hidrocarburífera, etc. Afrontar una serie de conflictos con las comunidades indígenas, precisamente porque se vulneraron derechos, no es el mejor escenario para ellas. En ese sentido, se deben transitar y agotar los canales de diálogo para llegar a consensos sobre acciones que involucran los territorios indígenas.

En tercer lugar, las políticas económicas actuales, por lo general, son contradictorias con los derechos indígenas. Resoluciones como las de Dirección de Minería de la provincia de Mendoza, hoy anulada, no contribuyen a la construcción de un Estado intercultural; por el contrario, generan climas de incertidumbre jurídica, provocan tensiones entre diferentes sectores, y obstaculizan cualquier posibilidad de participación genuina de las comunidades indígenas.

La creación de un espacio de diálogo desde las instituciones provinciales es una buena noticia. Existen casos parecidos de “regulación de consultas inconsultas”, por ejemplo, en las provincias de Río Negro y Chubut, que debería ser revisadas para tomar la dirección correcta. Escuchar a los Pueblos Indígenas se vuelve, hoy, un imperativo para el Estado. Es de esperar que estas instancias estatales también escuchen.

📷Roxana Sposaro