A siete meses de los allanamientos a mapuches en Chubut
“No existe ni estado de sospecha”
Así lo expresó el abogado Luis Virgilio, al denunciar que —con excepción de Victoria Núñez, quien continúa siendo la única imputada sin pruebas concluyentes en su contra— ninguno de los demás ha sido formalmente investigado por la justicia. A pesar de ello, siguen sin recuperar sus pertenencias incautadas y enfrentan una estigmatización pública promovida por autoridades provinciales y nacionales.
A siete meses de los 12 operativos simultáneos realizados en domicilios y comunidades mapuche-tehuelche de Chubut, el abogado Luis Virgilio denunció que ninguna de las personas allanadas está siendo investigada por la justicia ya que no hay “estado de sospecha”, mientras que Victoria Núñez Fernández continúa imputada sin pruebas concretas. El caso, que comenzó con un despliegue policial masivo y una fuerte campaña mediática anti mapuche, revela una preocupante trama de criminalización, arbitrariedad judicial y violencia institucional.
El 11 de febrero de 2025, fuerzas provinciales y federales irrumpieron en al menos doce domicilios y espacios comunitarios en la región cordillerana de Chubut. Los allanamientos, ordenados en el marco de una causa por un incendio en la estancia Amancay en Trevelin, se realizaron con violencia, afectando especialmente a mujeres y ancianos. En ese contexto, se secuestraron celulares, elementos personales y se tomaron muestras compulsivas de ADN a integrantes de las comunidades.
El defensor de los miembros de las comunidades afectadas, que además es miembro de la Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina, explicó que tras presentarse ante el Ministerio Público Fiscal a cargo de María Bottini y el juez de garantías Jorge Criado, se confirmó que ninguno de sus representados está vinculado a la causa. “No están imputados ni siquiera en estado de sospecha. Sin embargo, fueron sometidos a procedimientos invasivos y violentos. Les retuvieron sus pertenencias durante meses sin fundamento legal”, señaló.
Virgilio expresó que el juez Jorge Criado emitió una resolución reconociendo que las personas allanadas no están siendo investigadas. A pesar de ello, los elementos personales continúan en poder del poder judicial. Por eso, el letrado presentó un escrito el 12 de septiembre solicitando la devolución inmediata de los bienes y una certificación formal que aclare la situación judicial de los integrantes de las comunidades allanadas y estigmatizadas.
Actualmente, la única persona que permanece imputada es Victoria Núñez quien fue detenida en el Lof Pillán Mahuiza y acusada de participar en el incendio. Sin embargo, las pruebas presentadas por la defensa, incluyendo registros de GPS y cámaras de seguridad, ubican a Núñez a más de 80 kilómetros del lugar del hecho en el momento del ataque. A pesar de ello, continúa siendo investigada.
El abogado también denunció que el gobernador de Chubut Ignacio Torres y funcionarios del Ministerio Público Fiscal realizaron declaraciones públicas en las que vincularon, sin pruebas, a miembros de las comunidades mapuche con el incendio, generando un clima de estigmatización y hostilidad. “No es lo mismo que lo diga un ciudadano cualquiera a que lo afirme el gobernador en cadena nacional. Sus palabras tienen presunción de legitimidad y generan daño”, sostuvo Virgilio.
Otro grave episodio ocurrió cuando las hijas de la referente mapuche Moira Millán, interpelaron públicamente a la fiscal María Bottini durante una actividad pública en la que la fiscal exponía sobre violencia de género. Ambas habían sido víctimas de los allanamientos ordenados por esa misma fiscal. Tras el episodio contundente pero pacífico y argumentado, fueron denunciadas por “contravención al código urbano”, hecho que el abogado calificó como una represalia institucional. Además, remarcó la doble vara para acusar: “El gobernador, acompañado por fiscales, el Ministerio de Seguridad y otros estamentos del Estado, afirmó en conferencia de prensa —sin presentar pruebas— que los miembros de las comunidades mapuche son responsables de los incendios ocurridos en la región. ¿No constituye esto una violación al Código Urbano?
Virgilio también denunció que se le ha impedido el acceso a la causa como defensor, bajo el argumento de que sus representados no están imputados. “Si el día de mañana quieren formular cargos, voy a plantear la nulidad. No nos dejaron controlar la investigación. Evidentemente hay una intención política de sostener un relato que criminaliza a las comunidades”, afirmó.
El pedido de que la causa sea considerada “compleja” por parte del Ministerio Público Fiscal también fue interpretado como una maniobra para extender los plazos de investigación y evitar que se evidencie la falta de pruebas. “Si no fuera compleja, en seis meses deberían haber formulado cargos o cerrado la investigación. Lo que buscan es diluir el escándalo y proteger el discurso oficial”, concluyó.
Mientras tanto, las comunidades afectadas siguen esperando justicia, reparación y el fin de la persecución en un contexto donde el poder estatal parece más interesado en construir enemigos internos que en garantizar derechos.
📷Roxana Sposaro
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