Un foro privado-estatal para consensuar el despojo

24 Sep 2025

El próximo 26 de septiembre, Bariloche será sede de la cuarta edición del Foro Debate impulsado por Consenso Patagonia, organización, conformada por poderosos sectores extranjeros y nacionales con intereses inmobiliarios, forestales, turísticos y rurales.

Aunque el encuentro se promociona como un ámbito de intercambio entre Estado, sector empresarial y sociedad civil —bajo el título “Estado, Empresas y Sociedad: hacia políticas de inclusión”—, las organizaciones que nuclean a las comunidades mapuche-tehuelche en Río Negro advirtieron que detrás de esa narrativa se oculta una estrategia orientada al despojo territorial y a la exclusión sistemática de los Pueblos Originarios.

La participación confirmada del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y del presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, generó un fuerte repudio por parte de organizaciones indígenas como la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Rio Negro, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CO.DE.CI) y el Consejo de Participación Indígena (CPI).

Según denunciaron, ambos funcionarios han actuado en favor de los sectores más concentrados del poder económico —entre ellos la Sociedad Rural, empresarios extranjeros como Joe Lewis, representantes de Emiratos Árabes Unidos y compañías mineras, petroleras y forestales—, en detrimento de los derechos colectivos de las comunidades.

¿Qué tan “inclusivas” son las políticas y acciones de los actores de este foro? Aquí van algunas…

Alberto Weretilneck

El gobernador de Río Negro promovió proyectos megamineros como Calcatreu, adhirió al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) e impulsó la modificación del marco legal provincial para facilitar la instalación de emprendimientos extractivos. Como resultado, la legislatura provincial aprobó una nueva Ley de Tierras, modificaciones a las leyes de Código de Procedimientos Mineros y regalías mineras.

También con el impulso de Weretilneck, la Legislatura aprobó un protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada, que ha sido elaborado sin participación de las comunidades indígenas, ni del CO.DE.CI ,ni de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. El protocolo aprobado -denunciado como inconstitucional- no tiene carácter vinculante, exige personería jurídica para participar y otorga al Estado la facultad de definir unilateralmente quiénes son las comunidades consideradas “afectadas”. Esta perspectiva, basada exclusivamente un arbitrario reconocimiento institucional, niega los procesos de recuperación identitaria propios de los procesos post genocidios y refuerza el concepto de “pseudomapuches” o “maputruchos”, dependiendo esta clasificación del posicionamiento de las comunidades y sus referentes frente a los proyectos privados que afecten a sus territorios

Claudio Avruj

Uno de los ejes más controvertidos del foro se titula “Hacia una política indígena que ordene el territorio” y estará a cargo del presidente del INAI.

Desde su asunción, Avruj impulsó una serie de medidas que desmantelan los avances logrados por las comunidades: derogó la emergencia territorial indígena, anuló relevamientos técnicos y dejó sin efecto reconocimientos territoriales en casos como Lof El Sosneado, Lof Limay Kurref y Lof Suyai Levfv (Mendoza), Agrupación Mapuche Quinchao y Rams (Neuquén), y Lof Buenuleo (Río Negro), sólo por contar algunas comunidades afectadas en la patagonia. Estas decisiones para “ordenar el territorio” beneficiaron a empresarios, afectaron directamente la vida comunitaria, los proyectos productivos e impulsaron las ordenes de desalojos.

Todo ello se realizó en abierta contradicción con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza el respeto a su identidad, la propiedad comunitaria de sus tierras y la participación en la gestión de sus recursos naturales. También vulnerando el Convenio 169 de la OIT, que establece la obligación de realizar consultas previas, libres e informadas ante cualquier medida que afecte directamente a los pueblos indígenas.

Sonia Ochoa

Otro eje, “Reconocimiento de comunidades e implementación de la Consulta Previa”, estará a cargo de Sonia Ochoa y Alejandro Collia, funcionarios del INAI.

Ochoa es la directora de tierras del INAI. Durante una jornada de derecho indígena ha declarado públicamente que “las consultas no son vinculantes y que no pueden frenar proyectos mineros”, lo cual contradice no sólo el Convenio 169, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que el consentimiento indígena debe ser respetado cuando se trata de proyectos que afectan su territorio y modo de vida.

Su carrera incluye participación como secretaria de Pueblos Indígenas en la gestión del ex gobernador de Jujuy Gerardo Morales. Durante las protestas contra la reforma constitucional avaló la feroz represión a miembros comunidades indígenas, lo que refuerza la percepción de su parcialidad en favor de las mineras y falta de compromiso con los derechos indígenas.

Mariano Sarmiento y Jose Luis Bianco

También, el foro incluirá el eje “Tendencias jurisprudenciales sobre la cuestión indígena”, a cargo de los abogados Mariano Sarmiento y José Luis Bianco. Ambos representan legalmente a empresarios y a integrantes de patotas denunciados por agredir a participantes de la Marcha por la Soberanía en Lago Escondido. Bianco es abogado de Hidden Lake, empresa del magnate británico Joe Lewis —acusado de apropiarse del Lago Escondido— y de su administrador Nicolás Van Ditmar.

El Estudio Sarmiento lleva adelante causas legales intentando despojar a comunidades mapuche, entre otras, Lof Millapi, Kon Kiñe Mu y Lof Cayunao. En este contexto, las tres comunidades han denunciado hechos de hostigamiento y violencia física contra sus mujeres y ancianos. Mariano Sarmiento, por su parte, se presenta en su perfil profesional de Linkedin como “Consultor legal en Presidencia de la Nación”, lo que refuerza la connivencia entre estos sectores y el aparato estatal.

Juan Trebino

Otro eje del foro abordará la “Prevención de incendios forestales y detección temprana”, a cargo de Juan Trebino, abogado y director de Consenso Patagonia, la empresa SECURION y Max Knüll de Fundación Tierras Patagónicas. Estas organizaciones son señaladas operar a favor de capitales transnacionales que adquirieron tierras en la patagonia, como Hidden Lake, Benetton, BURCO, Máxima Zorreguieta y las familias reales de Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Resulta llamativo que la proliferación de emprendimientos privados, incluso a costa del desmonte de los bosques nativos, la apropiación de espejos y cursos de agua —como las nacientes del río Chubut y el Lago Escondido— y la expansión de plantaciones de pinos, especie altamente combustible, respondan a iniciativas impulsadas por intereses privados. Estas acciones se ven agravadas por la falta de políticas concretas de prevención, la reducción presupuestaria de los sistemas nacionales y provinciales de Manejo del Fuego y, la precarización laboral por parte de los Estados. Todo esto, configura un escenario que potencia significativamente los riesgos y las consecuencias de los incendios forestales.

Sin embargo, la campaña mediática promovida por estos mismos sectores, incluidos los violentos posteos y comentarios de integrantes de Consenso Patagonia en redes sociales, ha optado por responsabilizar a brigadistas autoconvocados y a las comunidades mapuche-tehuelche, quienes —junto a las poblaciones locales— no solo son las principales afectadas por estos trágicos eventos, sino que además han sostenido históricamente prácticas de cuidado territorial, prevención y restauración ambiental.

La presencia indígena

El foro anti mapuche se realizará en el “Cacique Inacayal Lake & Spa Hotel”, una elección que resulta una cruel paradoja. Antonio Modesto Inacayal fue un lonko secuestrado y torturado por las tropas de Julio Argentino Roca durante las expediciones militares conocida como “Conquista del desierto” y que a fuerza de balas anexaron los territorios indígenas al Estado Argentino. Fue exhibido vivo como trofeo en el Museo de La Plata y sometido a condiciones inhumanas hasta su suicidio en 1888. Su cuerpo, desmembrado y expuesto durante décadas en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, se convirtió en emblema del racismo institucionalizado. Su nombre, lejos de ser reconocido, es instrumentalizado como negocio hotelero.

En pocos días, allí se reunirán empresarios y funcionarios cuya trayectoria sugiere que el objetivo no es otro que consensuar nuevas formas de despojo, en un contexto de retroceso institucional y negación de derechos, impulsado por políticas que promueven la extranjerización y la entrega de territorios indígenas y bienes naturales comunes para los proyectos extractivistas.

📷Roxana Sposaro