Presos políticos mapuche: aislamiento, persecución judicial y racismo estructural
La detención del lonko Juan Pablo Colhuan Nahuel reaviva las denuncias por persecución judicial y racismo estructural contra el Pueblo Mapuche. En Rawson, permanece aislado en el mismo penal que Facundo Jones Huala. La Gremial de Abogados advierte sobre un patrón estatal de criminalización sin pruebas, vulneración de derechos y avance sobre territorios comunitarios.
El 30 de octubre, efectivos policiales detuvieron al lonko Juan Pablo Colhuan Nahuel en Cushamen, Chubut. Caminaba solo, desorientado y en estado de deshidratación. La detención se dio tras tres años de “rebeldía judicial”, iniciada luego del violento operativo que en octubre de 2022 expulsó a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu del territorio que había comenzado a recuperar en 2017, en Villa Mascardi, cerca de Bariloche.
Colhuan Nahuel permanece en la Unidad 6 de Rawson, una cárcel de máxima seguridad. Comparte pabellón con el lonko Facundo Jones Huala, aunque se encuentra en condiciones de aislamiento. Desde prisión, denunció: “Me encuentro aislado en el pabellón 5, celda 1, con candado, sin acceso al baño ni a lo básico, siendo asistido por otros internos a través de una pequeña mirilla donde ni siquiera pasa una botella. No sé cuántos días me tendrán así.”
Asimismo, mencionó que durante una audiencia virtual con la fiscal Betiana Cendón, Colhuan Nahuel recibió la notificación de la caducidad de todas las causas en Río Negro y la orden de su inmediata libertad. Sin embargo, continúa detenido por una causa federal de usurpación en tierras del Estado nacional, lindantes al rewe de la machi Betiana Colhuan Nahuel.
La Gremial de Abogados, que lo representa legalmente, informó que Colhuan Nahuel se encuentra a disposición del Tribunal Federal de General Roca por esa causa de usurpación, vinculada al predio que Parques Nacionales había cedido a la Unión Personal de Gas del Estado.
“Por ahora existen contra Juan Pablo cuatro imputaciones por distintos hechos. Resaltamos: POR AHORA”, advirtieron desde la Gremial, dejando en duda si ese “por ahora” se refiere a las causas provinciales que prescribieron o a la posible incorporación de nuevas imputaciones. No sería la primera vez que integrantes del Pueblo Mapuche son privados de su libertad sin que exista estado de sospecha ni imputación penal concreta. En varios casos, las detenciones preceden a la construcción de hipótesis incriminatorias, lo que evidencia una práctica sistemática de persecución judicial que vulnera garantías básicas del debido proceso.
La causa “Los Radales” iniciada a partir del incendio de un tráiler de Gendarmería se atribuyó arbitrariamente a miembros de la comunidad para justificar el desalojo de 2022, los allanamientos simultáneos de febrero de 2025 en Chubut ilustran estas prácticas. En este último caso, el juez Jorge Criado reconoció en su resolución que las personas allanadas ya no se encuentran bajo investigación y que ninguna de ellas presentaba estado de sospecha al momento de los operativos. A pesar de ello, Victoria Núñez Fernández continúa imputada, sin que se hayan presentado pruebas concretas que justifiquen la acusación. También Facundo Jones Huala se encuentra privado de su libertad a partir de sus declaraciones ideológicas durante la presentación de un fanzine con poesías de su autoría.
La persecución alcanza su máxima expresión en la inclusión de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y de miembros de la Lof Lafken Winkul Mapu en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esa medida provocó el cierre de cuentas bancarias y dejó sin asistencia social a personas históricamente vulneradas por su condición de clase e indígena, muchas de ellas con infancias a cargo y que se encontraban a derecho.
Jones Huala en huelga de hambre líquida
En este contexto, Colhuan Nahuel expresó su apoyo a la huelga de hambre líquida que Facundo Jones Huala retomó a fines de octubre. La Justicia Federal había revocado su traslado desde Rawson a la Unidad 14 de Esquel. El juez Gustavo Zapata había autorizado el traslado, pero el Ministerio de Seguridad objetó la medida. Tras recibir el informe del Ministerio, el juez revirtió su decisión y ordenó que Jones Huala permanezca en Rawson.
El lonko denunció que esa marcha atrás viola sus derechos y anunció que mantendrá la huelga de forma indefinida. El régimen de detención actual impide el acceso a sus prácticas espirituales y culturales, y vulnera los derechos de sus familiares que lo visitan. Además, la distancia de más de 900 kilómetros entre el lugar de detención y su entorno comunitario contradice los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Al cierre de esta publicación, mediante un comunicado se informa la suspensión de la huelga de hambre para que “ambos lonkos puedan fortalecerse y luchar por sus reivindicaciones”
La voz de sus abogados
La Gremial de Abogados y Abogadas, que representa a ambos presos políticos mapuche, denunció que el Estado argentino aplica un “derecho penal del enemigo” contra el Pueblo Mapuche. “No se trata de un caso aislado. Se trata de las formas con que irá actuando el Estado en los próximos años y décadas contra quienes defiendan su identidad, el territorio, la vida”, señalaron en su comunicado.
La organización sostiene que las acciones judiciales y penitenciarias contra referentes mapuche responden a una política sostenida de persecución. “El Estado racista y supremacista argentino persigue a esos ‘terroristas’ que se encuentran hambreados y deshidratados, con la saña de quien sabe que lo que posee está cimentado en el despojo, el saqueo y el genocidio”, denunciaron.
Avance territorial y judicialización
La detención de Colhuan Nahuel se inscribe en un contexto de avance sobre los territorios y montajes judiciales. Esa misma semana, las fuerzas de seguridad realizaron un allanamiento en Pu Lof en Resistencia en Cushamen, bajo la excusa de un supuesto abigeato. La comunidad, reconocida por los operativos violentos sufridos en 2017 y por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, enfrenta un juicio civil iniciado por el terrateniente extranjero Luciano Benetton. Esto ocurre a pesar de que la justicia provincial dictó sentencia absolutoria en la causa penal por usurpación contra los miembros de la Lof.
Desde Pu Lof denunciaron que los amedrentamientos por parte de laderos de la Compañía Tierras del Sud -Estancia Benetton y de la policía provincial nunca cesaron, y que en este contexto se intensificaron.
En Chubut y Río Negro, las órdenes de desalojo avanzan en favor de intereses privados, extranjeros y estatales, en detrimento de los Pueblos Originarios y sus comunidades que a -pesar del proceso genocida que les arrebató sus territorios- continúan reafirmando, resistiendo y reconstruyéndose.
Desde la prisión, Juan Pablo Colhuan Nahuel convocó a la articulación territorial: “Unión de todas las comunidades mapuche, un llamado a hacer ngullipun y trawun. Marichiwew. Libertad inmediata de todos los presos mapuche, basta de persecución política.”
La Gremial remarcó que esta ofensiva estatal no se limita al Pueblo Mapuche Tehuelche. También alcanza a quienes defienden derechos colectivos en distintos territorios. “No se trata de un caso aislado”, advirtieron, “sino de las formas que el Estado adoptará en los próximos años y décadas contra quienes sostienen su identidad, resisten el despojo y reclaman acceso a vivienda, alimentación y salud. En definitiva, contra quienes luchan por una vida digna.”
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