INAI reactiva relevamientos territoriales en Salta
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) formalizó el 10 de noviembre la Resolución 186/2025, mediante la cual extiende por seis meses el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de Salta para continuar los relevamientos territoriales de comunidades originarias en la provincia.
La medida se adoptó tras la difusión de un informe elaborado por Ciudadanía Comunicación, que expuso que, a raíz de la derogación del decreto que prorrogaba la Emergencia Territorial Indígena contemplada en la Ley 26.160, todos los convenios provinciales quedaron sin efecto, interrumpiendo los relevamientos en 76 comunidades. Hasta ese momento, el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI) solo había ejecutado el 40% del presupuesto asignado.
Según el informe, el Ministerio de Desarrollo Social reconoció que actualmente no es posible emitir nuevas resoluciones, ya que “quedarían fuera del marco legal”. Como consecuencia, unas 142.870 personas indígenas o descendientes -equivalentes al 11% de la población provincial según el Censo 2022- quedaron sin protección legal, en un contexto de creciente presión por parte de intereses privados, desmontes y proyectos agroindustriales. Comunidades del norte y de los valles advierten sobre la reactivación de juicios de desalojo y denuncian la ausencia de resguardo jurídico sobre sus territorios.
La derogación del decreto de Emergencia Territorial fue acompañada por una reorganización institucional del INAI, que perdió su autonomía al ser absorbido por la Vicejefatura de Gabinete. Esta reestructuración paralizó la coordinación de los Consejos de Participación Indígena (CPI) y los equipos técnicos provinciales, dejándolos sin capacidad operativa. Además, desde septiembre de 2024 se suspendieron las inscripciones en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), afectando a unas 250 comunidades que aún no habían sido formalmente reconocidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales cuestionaron el proceso, advirtiendo que la interrupción del relevamiento territorial podría comprometer gravemente los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales.
El convenio original, aprobado en 2023, preveía la realización de 110 relevamientos territoriales en el marco de la Ley 26.160 y del Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos clave para la protección de los derechos territoriales indígenas. La medida autoriza el uso de más de 53 millones de pesos para completar tareas técnicas, jurídicas y catastrales pendientes.
Según la resolución firmada por el presidente del INAI, Claudio Avruj, la adenda recientemente aprobada permite reorientar parte de los fondos no ejecutados destinados al pago de honorarios profesionales y acciones interinstitucionales destinadas a atender conflictos judiciales y extrajudiciales que afectan a las comunidades.
Desde la asunción del presidente Javier Milei, referentes indígenas, organizaciones comunitarias y de derechos humanos han denunciado un retroceso en las políticas públicas orientadas a garantizar la posesión ancestral de tierras, el acceso a servicios básicos y el respeto por la consulta previa, libre e informada. El desfinanciamiento de programas, la paralización de relevamientos en otras provincias, la anulación de relevamientos ya realizados -en beneficio de empresarios y capitales privados- y la falta de interlocución con el Ejecutivo nacional han generado profunda preocupación entre las comunidades, que consideran este tipo de convenios una herramienta clave para sostener sus reclamos.
En Salta, una de las provincias con mayor diversidad de Pueblos Originarios, las demoras en la implementación de la Ley 26.160, sumadas a la presión de intereses agroindustriales y mineros, han generado tensiones que derivaron en causas judiciales y desalojos.
La continuidad del convenio representa una oportunidad para avanzar en el reconocimiento legal de territorios ocupados tradicionalmente por las comunidades indígenas, aunque persisten dudas sobre la voluntad política del gobierno nacional para sostener estos procesos más allá del plano administrativo, y si los relevamientos serán para reconocer la ocupación tradicional y pública o en beneficio de intereses extractivistas sobre los territorios comunitarios.
BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA – INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS – Resolución 186/2025
📷 Roxana Sposaro
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