Mineras: buscan modificar la Ley de Glaciares
Funcionarios nacionales, empresarios mineros, gobernadores provinciales y legisladores, impulsan una reforma de la Ley de Glaciares para habilitar proyectos extractivos en zonas protegidas. En medio de una creciente demanda global de litio y cobre, el lobby minero presiona para redefinir los límites ambientales, mientras organizaciones y especialistas advierten sobre el riesgo de vulnerar reservas estratégicas de agua dulce en plena crisis climática
Durante la inauguración del encuentro internacional Argentina Mining Cuyo, realizado a fines de octubre en Mendoza, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, advirtió que la “incertidumbre normativa” obstaculiza los proyectos de explotaciones mineras de gran escala. Acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, Lucero sostuvo que Argentina enfrenta una “oportunidad intergeneracional” en el contexto global de demanda por litio y cobre. Tras su viaje a la Bolsa de Metales de Londres, el funcionario aseguró que “el apetito internacional por los recursos naturales del país, especialmente el litio y el cobre, es absolutamente inédito”.
Para beneficiar los insaciables intereses de las grandes empresas mineras, Lucero señaló que deben resolverse las restricciones impuestas por la Ley de Glaciares. Identificó la Ley 26.639 como el principal impedimento para atraer proyectos extractivistas, al considerar que establece restricciones uniformes que no contemplan las particularidades provinciales.
La Ley Nacional de Glaciares 26.639 , sancionada en 2010, fija presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambientes periglaciares, prohíbe actividades industriales, extractivas y contaminantes en esas zonas, y busca preservar las reservas estratégicas de agua dulce frente al retroceso acelerado de los glaciares.
Las presiones empresariales se intensificaron en octubre, cuando Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), exigió “reglas claras” para atraer inversiones. La entidad propone reformar la Ley de Glaciares, modificar artículos clave y excluir las restricciones impositivas. Esta presión pone en riesgo bienes naturales comunes como las cuencas hídricas y el agua glaciar, recurso escaso a nivel global. Habilitar explotaciones mineras en zonas protegidas sólo puede generar impactos irreversibles en ecosistemas sensibles.
El senador Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, confirmó que trabaja junto al Ejecutivo en un proyecto para modificar la ley el próximo año. Propone redefinir el concepto de “ambiente periglaciar”, que actualmente impide avanzar en megaproyectos como Pachón y Altar en San Juan. En este sentido el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, reclamó que las provincias sean la autoridad de aplicación para determinar qué constituye un glaciar. Autoridades ejecutivas de Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz también respaldan esta postura.
La Ley 26.639 obliga al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) a realizar un inventario nacional de glaciares y exige evaluaciones de impacto ambiental rigurosas para cualquier proyecto cercano. Al tratarse de una ley de presupuestos mínimos, las provincias pueden dictar normas más estrictas, pero no menos protectoras, en línea con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano. En un escenario de crisis climática, esta legislación representa una herramienta clave para garantizar el acceso al agua y preservar territorios de alto valor ambiental.
Además, la Corte Suprema de Justicia respaldó la constitucionalidad de la ley en junio de 2019, tras una demanda iniciada en 2011 por la minera Barrick Gold. La empresa solicitó redefinir los límites geográficos y morfológicos de las zonas protegidas, al considerar que la normativa los dejaba fuera del negocio.
Seis años después, los intereses mineros vuelven a la carga contra la Ley de Glaciares, en un contexto donde la organización para la protección ambiental se vuelve cada vez más urgente ante las regresivas políticas de Estado.
📷 Luca Galuzzi
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