Jujuy: audiencia del Estado y las mineras a espalda de las comunidades
La audiencia -que debía ser pública- se realizó a puertas cerradas en un hotel privado, sin la presencia de las comunidades originarias y con acceso restringido, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú que garantizan la consulta previa, la participación y el derecho a la información en proyectos que afectan territorios indígenas y el ambiente.
El 20 de noviembre, la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (UGAMP) convocó una audiencia pública en las afueras de San Salvador de Jujuy para presentar el Estudio de Impacto Ambiental de un nuevo proyecto extractivista en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. La audiencia se realizó en el Hotel Altos de la Viña, un espacio cerrado y privado, sin convocatoria ni participación de las comunidades afectadas y bajo una fuerte presencia policial.
La abogada de las comunidades, Alicia Chalave, logró ingresar junto a un grupo reducido de especialistas, mientras decenas de personas que viajaron desde distintos parajes quedaron afuera. Chalave explicó que la mina ABDO, perteneciente a la empresa Dajin Resources, pretende explorar oro, plata y tierras raras en un área de 3.300 hectáreas en la zona de Barrancas. “La Secretaría de Minería y la Dirección de Minería sólo convocaron formalmente a titulares superficiarios individuales de las tierras.
Representantes de comunidades indígenas, de organizaciones organizaciones sociales, de derechos humanos -incluso la diputada provincial Natalia Morales- quedaron excluidos de la supuesta “audiencia pública”. Entre los citados se encontraba Jacinto Alejo, pero de todos modos tampoco lo dejaron ingresar”.
Alejo denunció ante los medios: “Yo resido en el campo de mi padre. Las empresas ingresan haciendo acuerdos que dividen a las personas, a la familia y a la comunidad. Creo que esto sucede desde la reforma de la Constitución en 2022. No estoy de acuerdo con el extractivismo, ni en la exploración ni en la explotación”. Y agregó: “Vi comunidades que trabajan pero no les dejan nada. Para mí es una pérdida de tiempo, se llevan la riqueza y destruyen nuestro ambiente”.
La audiencia incumplió con el Convenio 169 de la OIT porque no garantizó la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades indígenas afectadas, tal como exige este tratado internacional ratificado por Argentina. Chalave remarcó: “Esto no se puede considerar consulta, y además están incumpliendo el Acuerdo de Escazú, que es un tratado y una ley en Argentina. El acuerdo prevé la información, el acceso y la participación en todos los procesos donde se ventilen cuestiones ambientales”. La abogada Cecilia Jezenieck, de la Fundación de Ambientes y Recursos Naturales, también denunció el incumplimiento durante la audiencia que de pública no tuvo nada.
Chalave subrayó que, además de la histórica lucha por el agua, existe una gran preocupación por el patrimonio arqueológico: “Toda esta zona de Barrancas es la primera zona de arte rupestre en la provincia. La línea de base arqueológica que hace la empresa es deficiente. La introducción de máquinas, personas o vehículos puede ser un desastre arqueológico. Son zonas muy delicadas que se deben preservar”.
La abogada también cuestionó los efectos que la minera ABDO representa para la naturaleza y la supervivencia de las familias rurales: “Explicaron un método que cablea el suelo con corriente eléctrica para detectar elementos químicos en el subsuelo. Dijeron que iban a poner cartelería para indicar dónde están los cables. Les contesté: ‘Miren, los animales no saben leer los carteles’. La mayoría de las familias cría llamas. Los animales van a escapar”.
En la puerta, comuneros y comuneras denunciaron lo que consideran una maniobra conjunta entre la minera y el gobierno. Catalina Callata relató: “Nos sentimos violados en nuestros derechos porque nosotros vivimos allá en La Puna y no nos convocaron a esta reunión. El pedimento de la minera está sobre mi campo y yo vivo ahí con mi familia, con mi tía, mis hermanos, mis abuelos. Somos la sexta generación”. Callata agregó que se enteró de otro proyecto por una notificación reciente: “Está dentro de mi territorio y no recibimos ningún tipo de notificación ni la carpeta del impacto ambiental. No nos llegó nada. Nosotros sí estamos siendo violados en nuestros derechos”.
Rosa Gutiérrez señaló que el marco legal provincial también vulnera derechos: “Los artículos 77 y 51 del Código de Procedimientos Mineros de Jujuy están denunciados por el Servicio Paz Y Justicia (SERPAJ) y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) porque violan todos los derechos. Viola el artículo 75 inciso 17 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Todas las comunidades que estamos acá tenemos derechos y por eso venimos. Si esta es una audiencia pública, queremos participar. Nos están discriminando y tratando mal, como siempre, a las comunidades originarias”.
El proceso se encuentra en una etapa avanzada. Tras la audiencia, se abre un plazo de diez días hábiles para presentar impugnaciones, antes de que la Secretaría de Minería emita dictámenes técnicos y otorgue la declaración de impacto ambiental. Chalave advirtió que el conflicto involucra derechos colectivos: “No se trata sólo de los habitantes de Barrancas. El patrimonio arqueológico, el paisaje y el ambiente son bienes de toda la provincia”.
La semana pasada también se realizó otra audiencia de UGAM por el proyecto Pirka Amarilla, que afecta a la misma cuenca. Las comunidades denunciaron nuevamente que el Estudio de Impacto Ambiental fue presentado sin la debida consulta previa, sin estudios arqueológicos y sin garantías frente a los riesgos de contaminación.
Las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sostienen desde hace años su reclamo en defensa del agua y contra la actividad extractivista en sus territorios. En octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia resolvió asumir competencia en el caso denunciado por pueblos indígenas y organizaciones ambientalistas, que alertaron sobre daños en los recursos hídricos y la falta de evaluaciones ambientales adecuadas.
La justicia se toma sus tiempos, mientras las mineras, con la anuencia del Estado de Jujuy, avanzan sobre la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, dejando comunidades originarias vulneradas y un territorio cuya biodiversidad y patrimonio arqueológico se degradan día a día.
📷 Foto: La Izquierda Diario
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