Anglogold, sin licencia social
Por decisión unánime, la comunidad El Desierto negó su consentimiento a la empresa AngloGold Argentina Exploraciones S.A., que busca avanzar con proyectos mineros en territorio indígena.
En el paraje Coipayok, departamento de Los Andes, se llevó a cabo una asamblea extraordinaria convocada por la comunidad originaria El Desierto, donde se rechazó formalmente el ingreso de la empresa AngloGold Argentina para realizar actividades de exploración minera en los proyectos El Cori y Organullo. La zona, ubicada en las afueras de San Antonio de los Cobres, es territorio reconocido por la legislación argentina como propiedad comunitaria indígena.
La reunión contó con la presencia de representantes de la empresa, de la Secretaría de Minería y de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas de la provincia de Salta. La comunidad había solicitado previamente, por nota formal, la aplicación del derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada, establecido por el Convenio 169 de la OIT y ratificado en Argentina por la Ley 24.071.
Durante la asamblea, los comuneros expresaron su rechazo al proyecto minero, denunciando prácticas de hostigamiento, sobrevuelos no autorizados, pérdida de ganado, y la utilización de mecanismos de consulta no vinculantes. También repudiaron las declaraciones de la funcionaria Ana Laura González Padilla, quien relativizó los impactos de la minería al afirmar que “no podríamos tener celulares ni micrófonos si le decimos no a la minería”.
La Cacica General Reina Ferryl denunció intentos de división comunitaria por parte de la empresa y alertó sobre la contaminación del agua en Organullo desde la llegada de las mineras. “Nos quieren imponer un modelo extractivo que destruye nuestros cerros, nuestra hacienda y nuestras vidas”, afirmó.
Representantes de los siete Ayllus, del Consejo de Jóvenes y del Consejo de Ancianos se manifestaron con contundencia: “No queremos minería. Ustedes se llevan las riquezas, nosotros nos quedamos con la contaminación, las enfermedades y la sequía”.
La asesora legal Mara Puntano subrayó que “la comunidad ha dicho no a la megaminería porque hay vida en peligro. El Acay, sus glaciares y vegas sostienen la agricultura andina y la ganadería. El Estado no puede permitir el saqueo de los recursos naturales a costa de los Pueblos Indígenas”.
Desde la Mesa de Derechos Indígenas recordaron que el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional garantiza la participación de las comunidades en la gestión de los recursos naturales en sus territorios. La Asamblea Comunitaria, como institución tradicional, debe ser consultada de manera colectiva y vinculante.
Al cierre del encuentro, se produjo tensión por la negativa de la comunidad a firmar las actas propuestas por AngloGold, reafirmando que el proceso de consulta debe respetar sus tiempos, formas y decisiones.
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