Avruj y el colonialismo asistencialista
La reciente entrega de kits de riego por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), encabezada por su presidente Claudio Avruj y con la presencia de la ministra consejera de Israel en Argentina, Anna Keinan, generó un fuerte rechazo por parte de comunidades indígenas.
El acto, realizado en el marco del Consejo Federal del INAI, incluyó la donación de un sistema de riego a la Escuela Nº 215 Virgen de la Merced, ubicada en la Comunidad Diaguita de Altos de Anfama, Tucumán, y a las comunidades wichí La Golondrina y La Paloma, en la localidad salteña de Hickman, entre otras. Según la publicación de Avruj, los kits —donados por el Estado de Israel— tienen como objetivo fortalecer la agricultura comunitaria en territorios vulnerables. “Seguimos avanzando”, expresó en redes sociales, destacando el vínculo bilateral como parte de una cooperación técnica.
Sin embargo, detrás de esta iniciativa, diversas organizaciones indígenas advierten sobre intereses económicos y geopolíticos que exceden el marco de una supuesta ayuda humanitaria. En medio de la ofensiva militar del Estado de Israel en la Franja de Gaza, la presencia de sus funcionarios en territorios indígenas argentinos no puede dejar de interpretarse como una forma de injerencia encubierta.
El referente mapuche Nilo Cayuqueo expresó su repudio. “Al llamado de Milei para dirigir el INAI se puso bajo las órdenes del estado Sionista de Israel. Nada de defender los derechos de los Pueblos Originarios. Mientras el estado Sionista masacra a los niños y niñas Palestinas, Avruj trata de lavar su imagen. Un verdadero Mercenario que debe ser condenado”.
Comunicado de la UPND Tucumán
La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) de Tucumán difundió un comunicado en el que denuncian la presencia de funcionarios israelíes en sus territorios, y rechazan la instrumentalización de sus comunidades: “Exigimos que el Estado de Israel y sus cómplices cesen la guerra contra los hermanos palestinos. Estamos en contra de la matanza de niños, de personas civiles no armadas. Es inconcebible e ilegal el bloqueo de la ayuda humanitaria que el mundo intenta enviar. ¿Con qué intenciones el Estado de Israel envía a sus funcionarios a nuestras comunidades?
“¿De qué nos sirve un rastrillo si la empresa Mekorot está avanzando en convenios que privatizan la gestión hídrica? Sabemos que los minerales que extraen en nuestros territorios se utilizan para la industria armamentista. La colonización continúa”, advierten.
El extractivismo avanza
El rol del INAI bajo la gestión de Avruj, quien fue designado por el presidente Javier Milei, responde a una alineación geopolítica con los gobiernos de Estados Unidos e Israel, este último denunciado ante tribunales internacionales por crímenes de guerra y posibles actos de genocidio en la Franja de Gaza.
En los últimos años, el avance de proyectos extractivistas y convenios con empresas extranjeras como Mekorot —la estatal israelí denunciada por aplicar un régimen de apartheid hídrico en Palestina— ha encendido las alarmas en comunidades indígenas, organizaciones ambientales y defensores de la soberanía. En un contexto donde el agua se ha convertido en eje de disputa geopolítica, ambiental y cultural, la presencia de Mekorot en al menos doce provincias argentinas no es un hecho aislado. Se inscribe en una estrategia de legitimación institucional que promueve acuerdos y convenios sin consulta previa a las comunidades.
La falta de consulta libre, previa e informada convierte estos proyectos en imposiciones que vulneran la autonomía de los pueblos originarios. Además, el vínculo entre Mekorot y proyectos extractivos como el litio plantea serias preocupaciones. En zonas donde el agua escasea y las comunidades enfrentan desplazamientos y desalojos, la llegada de tecnología hídrica sin soberanía facilita el avance de modelos de saqueo.
Además de figurar como una de las posibles beneficiadas en el anuncio de privatización de AySA, la llegada de Mekorot a doce provincias, bajo el argumento de “modernizar la gestión hídrica”, se ha concretado sin consulta previa, libre e informada, violando el Convenio 169 de la OIT y el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. Las comunidades denuncian que estos convenios no buscan garantizar el acceso equitativo al agua, sino facilitar el uso intensivo de recursos para proyectos de litio, agronegocio y urbanización extractiva.
Mientras Mekorot representa un modelo de control, exclusión y geopolítica hídrica, las comunidades proponen un paradigma basado en el cuidado, la equidad y la autodeterminación. En este escenario, el INAI —organismo creado para proteger los derechos de los pueblos indígenas— debería ser el primero en exigir transparencia, consulta y soberanía. Sin embargo, bajo la actual gestión, ocurre lo contrario.
El INAI contra los Pueblos Indígenas
Durante la presidencia de Claudio Avruj, el INAI ha adoptado medidas que generaron amplio repudio por su impacto en las comunidades. Entre ellas se destacan la reversión de relevamientos territoriales, la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario, la falta de impulso para la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (Ley 26.160), el enfoque restrictivo en el reconocimiento de comunidades, la suspensión del Re.Na.Ci. y su transferencia a las provincias, y la reorganización institucional del organismo.
A esto se suma un enfoque criminalizador y judicializador que, bajo el discurso de “falsas comunidades” y “usurpaciones”, ha beneficiado a sectores de poder económico, negando el despojo histórico que sufren las comunidades. En este contexto, Avruj oscila entre políticas de despojo y un asistencialismo que no hace más que encubrir la intromisión de empresas extranjeras vinculadas a graves violaciones de derechos humanos.
📷 X de Claudio Avruj
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