Comunidades Mapuche se reunieron con Dirección de Minería de Mendoza
El pasado viernes 5 de septiembre, autoridades de la Organización Identidad Territorial Malalweche y representantes de comunidades de Pikun Mapu —sur de Mendoza— participaron de una Audiencia Conciliatoria con la Dirección de Minería. Como resultado, se acordó la conformación de una Mesa de Diálogo Intercultural para revisar el protocolo impugnado y avanzar hacia un nuevo marco normativo que respete los derechos indígenas.
Durante la audiencia, la organización mapuche planteó la necesidad de establecer una ley provincial de consulta previa que incorpore los estándares del Convenio 169 de la OIT y su ley de implementación nacional (Ley 24.071), en el marco de las facultades concurrentes establecidas en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. Asimismo, se solicitó que el procedimiento de consulta incluya a otros pueblos originarios preexistentes en Mendoza, como el Pueblo Huarpe y el Pueblo Coya.
También se cuestionó el protocolo vigente por sus restricciones, especialmente en lo referido a la definición de comunidades consultables y el reconocimiento de la personería jurídica como derecho preexistente. Se reafirmó el carácter representativo de Malalweche como interlocutor legítimo de las comunidades mapuche.
Como continuidad, se acordó convocar una nueva audiencia de diálogo intercultural, con fecha a definir, que contemple los tiempos culturales y productivos de las comunidades. Se propuso realizarla en territorio comunitario cercano a Malargüe y ampliar la participación estatal, incluyendo al Ministerio de Gobierno, el INAI y los municipios de Malargüe y San Rafael.
“La buena fe es el principio básico del diálogo intercultural”, expresó la organización en su comunicado, destacando la voluntad de avanzar en un proceso de reparación histórica, protección ambiental y reconocimiento de derechos adquiridos.
Origen del reclamo
Este giro para la política ambiental y de derechos indígenas en la provincia de Mendoza, se desprende de la revocación de la resolución 130/25, que regulaba el procedimiento de consulta previa sin participación efectiva de las comunidades originarias. La medida revocatoria se formalizó mediante la resolución 139-EyA, tras la presentación de un recurso por parte de la Organización Identidad Territorial Malalweche.
La resolución 130/25 había sido cuestionada por organizaciones indígenas y especialistas en derechos humanos, al considerar que establecía un protocolo de consulta ajustado a los intereses del sector minero, sin garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. La impugnación fue presentada por el werken Gabriel Jofré, en el expediente EX-2025-03311335-GDEMZA-CCC, en el que se solicitó la nulidad del protocolo por vulnerar estándares internacionales.
La revocación del protocolo y el inicio del diálogo representan un precedente relevante en la construcción de políticas públicas con participación indígena efectiva, siempre y cuando se dé continuidad y respeten los acuerdos que nazcan de esta nueva instancia.
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