Denuncia de la Unión Solidaria de Comunidades del Pueblo Diaguita Cacano

25 Oct 2025

Gendarmería Nacional habría sido partícipe en los delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad y posible falsedad ideológica en comunidad indígena del Pueblo Diaguita Cacano a pedido de “inversores” privados

Ante la inacción del Poder Judicial de la Provincia de Santiago del Estero y, ante la arbitraria decisión del Juez de Control y Garantía en lo Penal, Mario Guillet, a solicitud de la Fiscal Norma Matach, el Pueblo Diaguita Cacano denuncia públicamente el accionar de una asociación ilícita, armada, que opera en el departamento Atamisqui, provincia de Santiago del Estero.

El pasado 15 de febrero del corriente año, entre las 13 y 13.30 hs., el comunero Sergio Rosales, miembro de la comunidad indígena Ayllu Taa Ayllus Kuska, se encontraba en su vivienda ubicada en la localidad de Medellín, cuando ve llegar a un galpón de su propiedad a dos camionetas; una de ellas pertenecía a Gendarmería Nacional, la que transportaba a cuatro gendarmes, dos mujeres y dos varones y; una segunda camioneta Toyota Hilux gris, donde se trasladaba José Nicolás Losano, DNI 38.646.679, “encargado” de “Estancia Don Luis”, de Luis Esteban Miretti, quien desde hace más de una década pretende usurpar parte del territorio comunitario, en la localidad de Saucioj (Atamisqui) de la comunidad indígena Ayllu Taa Ayllus Kuska.

Lozano, junto a los cuatro funcionarios de Gendarmería Nacional, descendieron de los vehículos estacionados frente al galpón de Rosales, quien veía la escena desde su vivienda sin animarse a acercarse intimidado por la portación de armas largas por parte de los gendarmes. Mientras los gendarmes permanecían en el exterior, en aparente actitud de custodia del acceso al galpón, Lozano, sin ninguna autorización y con total impunidad en manifiesta complicidad de los gendarmes, ingresa al galpón, recorre el interior de la propiedad de Rosales, accede a los corrales y chiqueros colindantes al galpón. Mientras tanto, desde el exterior, los gendarmes filmaban y/o fotografiaban el accionar de Lozano y, la vivienda de Gaspar Gómez, vecino de Rosales.

Concluido el “allanamiento” de Losano con el auxilio de personal de Gendarmería Nacional, ambos vehículos se dirigen al casco de la “estancia” de Miretti, ubicado 2 km al norte de Medellín, y en el trayecto previo ingresan, de la misma forma que lo hicieron en la propiedad de Rosales, en los cercos de siembra de los comuneros Fidel Sosa, Bruno Sosa y Sergio Sequeira, también miembros de la comunidad indígena. Luego continúan su recorrido hacia el norte, en dirección a Estación Atamisqui, y, a la altura del paraje Mollares, territorio de la comunidad indígena Ayllu Tukuy Sujllayaj, también del pueblo diaguita cacano, ingresan al potrero del comunero Oscar Toloza. Aproximadamente a las 15 hs ambos vehículos llegan al domicilio de Zaira Avellaneda, ubicado sobre el enripiado que une Medellín con Estación Atamisqui, donde los gendarmes junto a Losano comen y beben antes de retirarse.

Ese mismo día, miembros de la comunidad indígena se dirigieron a la sede policial ubicada en Medellín para consultar por el extraño accionar de Gendarmería junto a Losano; donde el personal policial les comunica que ellos no tenían conocimiento de los sucedidos ni habían sido informados.

Al día siguiente, representantes de la comunidad realizaron la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, Denuncia N° 377/2025, Legajo N° 4617/2025. Hasta el día de hoy, el MPF aún no asignó esta denuncia de la comunidad a ningún Fiscal para su correspondiente investigación.

El accionar de los gendarmes y Losano están tipificados penalmente dentro del Art. 151 de Código Penal (violación de domicilio) y, en el caso particular de los gendarmes, “violación de domicilio agravada” (por ser funcionarios públicos) y “abuso de autoridad”. Este accionar también está tipificado en el Art. 248 del Código Penal, “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”; además de la inconstitucionalidad del acto, Art. 18 de la Constitución Nacional.

Por el contrario a la inacción judicial frente a la denuncia de la comunidad, a partir de una serie de denuncias armadas por los empleados de Miretti y Losano contra miembros de la comunidad, la fiscal Norma Matach solicitó al Juez Guillet se dicte contra los miembros de la comunidad indígena Medida Cautelar de No Innovar, prohibición de contacto de todo tipo y “cese de todo acto de violencia e intimación por cualquier medio” hacia las personas de Losano, Miretti y sus empleados.

La manifiesta parcialidad de la Fiscal Matach y la arbitraria resolución del juez Guillet no tuvieron en cuenta la presentación previamente realizada por el abogado de la comunidad, donde se ponía en conocimiento de Fiscalía a través de copia del Expte. 546456 tramitado en el Juzgado Civil de 1° Nominación, a partir de un juicio de Reivindicación de Miretti contra la comunidad, donde la Justicia no hizo lugar al pedido de Miretti donde quedó demostrado el derecho posesorio de la comunidad indígena sobre su territorio.

¿Quién es José Nicolás Losano?

Losano, de la provincia de Córdoba, llegó al departamento Atamisqui para desempeñarse como “encargado” de Diego Francisca, otro “empresario”, también de origen cordobés que usurpó territorio de 30 familias campesinas de La Paloma, Atamisqui, donde junto a Francisca intimidó y amenazó a los fines de consolidar el acto usurpatorio.

Diego Francisca

El “buen desempeño” de Losano habría servido para que Francisca lo recomendara a su vecino, Miretti, o este lo haya solicitado a Francisca. En los primeros días del mes de diciembre del 2024 aparece en el territorio de la comunidad indígena Ayllu Taa Ayllus Kuska, en la localidad de Saucioj, en esa oportunidad acompañado por Zaira Avellaneda, domiciliada en El Desvío, Atamisqui. Se presentan frente a la vivienda de los comuneros Fernando Málaga y Esther Gómez, Consejera de Taa Ayllus Kuska, y al ser consultados por el motivo de su presencia responden “…andamos viendo el campo…” El 17 del mismo mes nuevamente Losano se dirige a la vivienda de Málaga, esta vez acompañado del propio Diego Francisca y otra persona identificada como Roberto Agüero, en esa ocasión Losano se presenta como “nuevo encargado de Miretti”.

A partir de ese momento Losano inició su trabajo: intimidación, amenazas, denuncias en la sede policial de Medellín contra miembros de las comunidades indígenas, tomando fotos o filmando y, haciendo sobrevolar drones sobre las viviendas y los cercos de siembra comunitarios, tanto de la comunidad de Taa Ayllus Kuska como también de la comunidades indígenas vecinas de Tukuy Sujllayaj (Mollares), San Dionisio y Ashpa Nockayshpa (Puesto de Díaz). A partir del mes de febrero las amenazas incluyen la exhibición y uso de armas de fuego. Solamente el 1 de febrero las familias indígenas vivieron momentos de zozobra y temor por su integridad física y vida, especialmente de niñas y niños, cuando desde el casco de la llamada “Estancia Don Luis” Losano y otros efectuaron más de 50 disparos de armas calibres 9 mm y 32 mm, itakas, escopetas, carabinas y armas automáticas.

Pero la asociación entre Losano, Francisca y Miretti no empieza en el departamento Atamisqui de la provincia de Santiago del Estero, sino en su provincia de origen, Córdoba. José Nicolás Losano es Secretario de ALUProC, Asociación de Legítimos Usuarios (de armas) de la Provincia de Córdoba, cuyo objetivo es la “defensa de los derechos individuales en relación al uso y tenencia de armas de fuego”; mientras que Diego Francisca es Vocal titular de la misma asociación; presidida por Raúl Panero, quien también se desempeña como Presidente de FLUAA, Federación de Legítimos Usuarios de Armas de Argentina.

La FLUAA y particularmente Panero, su presidente, fueron noticia en dos ocasiones, en el mes de junio del año 2024, donde este expuso en el Congreso de la Nación, invitado por el diputado libertario de Entre Ríos, Beltran Benedit, en el marco de la reunión conjunta de las Comisiones de Seguridad Interior y Legislación Penal en el cual se trató el proyecto de Ley sobre Regularización de las Armas de fuego y Prórroga de la entrega Voluntaria de Armas de Fuego; ley impulsada por Milei y Bullrich. Este año, en el mes de julio, trajo a la Argentina al yanqui Jhon Lott, investigador a favor de las armas más influyente de EEUU, sin embargo, sus métodos y hallazgos han sido refutados repetidamente. En su conferencia realizada en Buenos Aires estuvieron presentes autoridades de los Ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires.

Más allá del amor a las armas, Raúl Panero, Diego Francisca, Nicolás Losano y, Fernando Planes (Tesorero de ALUProC) están unidos también como socios de la empresa Evexco S.A.S., una empresa multifacética que tiene entre sus variados objetivos comerciales el “5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales…”.

A pesar de los vínculos de esta organización, con el poder político o con el poder judicial, la comunidad indígena Ayllu Taa Ayllus Kuska mantiene la posesión ancestral y custodia de su territorio comunitario, y exige a la Justicia se investigue a los funcionarios de gendarmería nacional que junto a Nicolás Losano cometieron los delitos de violación de violación de domicilio agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; y se deje sin efecto la decisión injustificada del juez Guillet.

✍🏾 Unión Solidaria de Comunidades del Pueblo Diaguita Cacano

📝Publicación original: indymedia