Denuncian incumplimiento del Acuerdo de Escazú por contrato con Mekorot

27 Oct 2025

Diversas organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de derechos humanos presentaron una denuncia colectiva ante el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Señalan que el contrato firmado el 31 de octubre de 2022 entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la empresa estatal israelí Mekorot, con aval del gobierno de Río Negro, vulnera principios fundamentales del acuerdo regional en materia de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental.

La presentación fue realizada por la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas, la Multisectorial por el Golfo San Matías, la Asociación por el Agua del Comahue, la Campaña Fuera Mekorot, la Red de Comunidades Costeras, la Pastoral Social de la Diócesis de Viedma, la Central Autónoma de los Trabajadores y las Trabajadoras (CTA), distintas regionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Río, junto a ciudadanas y ciudadanos independientes, profesionales ambientalistas y la legisladora Magdalena Odarda. La denuncia fue formalizada ante el órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo de Escazú, vigente en Argentina desde 2020 mediante la Ley Nacional N.º 27.566, establece obligaciones concretas para los Estados en relación al acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones que afecten el ambiente y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Este instrumento regional busca garantizar derechos fundamentales en contextos de conflictividad socioambiental, proteger a defensores del ambiente y fortalecer la transparencia institucional.

Las organizaciones denunciantes afirman que el contrato con Mekorot, firmado durante el gobierno de Arabela Carreras, no fue sometido a tratamiento legislativo ni publicado en el Boletín Oficial, lo que impidió el conocimiento público de sus cláusulas. El gobierno provincial no habilitó mecanismos de participación como audiencias públicas o consultas populares, y mantuvo cláusulas de confidencialidad que restringen el acceso a información estratégica sobre los recursos hídricos. Tampoco se pusieron en funcionamiento las fiscalías ambientales, creadas por ley.

En marzo de 2023, organizaciones socioambientales realizaron un pedido formal de acceso al acuerdo, pero recién más de un año después lograron obtener una versión parcializada del documento. “Nunca nos dieron toda la información. Una de las cláusulas impuestas por Mekorot es que el contenido no se haga público, y otra establece que cualquier conflicto se dirima en tribunales del Reino Unido”, señalaron asambleístas al ser consultados por este medio.

A su vez, las legisladoras Magdalena Odarda y Ayelén Spósito presentaron una denuncia penal por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública contra la ex gobernadora Carreras, pero en junio pasado el Ministerio Público Fiscal confirmó su desestimación por considerar que no existió delito en el accionar de la ex mandataria.

Ante esta situación, las organizaciones solicitaron al Poder Ejecutivo Provincial la rescisión del contrato, acompañando argumentos técnicos y jurídicos. Hasta el momento, no han recibido respuesta.

El acuerdo con Mekorot —empresa señalada internacionalmente por prácticas de apartheid hídrico en territorios ocupados— delega funciones propias del Departamento Provincial de Aguas a una entidad extranjera. Las organizaciones consideran que esta cesión compromete la soberanía sobre los recursos naturales, en particular el agua, bien común de dominio público.

En otras provincias se están articulando acciones similares, en el marco de una campaña plurinacional que cuestiona el rol del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y de la empresa Mekorot en el diseño de planes hídricos orientados a abastecer megaemprendimientos extractivos. Río Negro fue la primera jurisdicción en adherirse al RIGI. “Mekorot aparece como una condición sine qua non del RIGI, porque garantiza el agua a los grandes proyectos. Hay comunidades y pueblos que están en riesgo”, advirtieron.

Tambien se incumple el Convenio 169 de la OIT

El contrato suscrito entre el gobierno provincial, el CFI y Mekorot no sólo contradice los principios del Acuerdo de Escazú, orientado a garantizar la participación ciudadana en asuntos ambientales, sino que también incumple el Convenio 169 de la OIT, que establece la obligación de realizar un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Originarios ante decisiones que afecten sus territorios. En este caso, el Estado de Río Negro avanzó sin el consentimiento de unas 200 comunidades mapuche tehuelche que habitan en la actual provincia, desconociendo sus derechos colectivos.

El plan hídrico impulsado por la empresa israelí expone los territorios a riesgos ambientales sin resguardo ni evaluación previa. La falta de información impide identificar impactos sobre fuentes de agua y cuencas utilizadas ancestralmente, y limita la posibilidad de exigir medidas de protección cultural y ambiental.

En Argentina, Mekorot ha firmado convenios con al menos doce provincias. Estos proyectos se concretan con la anuencia de gobiernos provinciales que priorizan intereses extractivos —como la minería, los hidrocarburos y el agronegocio— en detrimento del acceso comunitario al agua y la soberanía hídrica.

En este contexto, las comunidades y defensores ambientales enfrentan una creciente criminalización y estigmatización, mientras avanza la entrega de los bienes comunes naturales a empresas extranjeras con graves antecedentes de violaciones a derechos humanos. Hace pocos días fue pública la represión y detención de personas que se manifestaron contra el extractivismo en Mendoza y Chubut.

Las organizaciones convocan a sumar adhesiones y sostener la exigencia de transparencia, consulta en defensa de la soberanía hídrica y territorial. Invitan a que otros espacios civiles, políticos y territoriales sumen sus denuncias, en defensa del derecho a decidir sobre los bienes naturales comunes y en exigencia de justicia ambiental.

📷 Roxana Sposaro