Denunciaron penalmente a Patricia Bullrich
La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el dictado de la Resolución 210/2025, que inscribe a la organización “Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)” y a integrantes del Pueblo Mapuche en el Registro de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). La presentación judicial acusa a la funcionaria de abuso de autoridad, discriminación étnica y violaciones graves a los derechos humanos.
La denuncia sostiene que la resolución firmada por Bullrich constituye un acto de racismo institucional, al vincular a personas y comunidades mapuche con el terrorismo sin pruebas ni condenas judiciales. “El único dato en común que poseen los casos del listado elaborado por el Ministerio de Seguridad es que todos los involucrados son personas que pertenecen al Pueblo Mapuche, lo que constituye un agravante a su conducta disvaliosa, por tratarse además de actos discriminatorios”, señala el escrito.
El documento impugnado incluye 136 causas judiciales que, según el Ministerio, justificarían la existencia de la RAM como organización terrorista. Sin embargo, muchas de esas causas están archivadas, concluidas con sobreseimientos o no tienen relación alguna con dicha organización. “Mucho menos puede decir que se encuentran “reunidas las condiciones” para declarar una presunta Organización Terrorista con información amañada y falsa, en la mayoría de los casos, supuestos hechos ventilados en causas judiciales que han sido concluidas, y en las cuales no existe acto jurisdiccional alguno que determine la existencia de la Organización sindicada como Terrorista (RAM)”, advierten los abogados.
La inclusión en el RePET ha tenido consecuencias concretas: bloqueos de cuentas bancarias, suspensión de beneficios sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y estigmatización pública como “terroristas”, sin juicio ni condena. “la persecución y estigmatización encarada por Patricia Bullrich a las comunidades mapuche, relacionándolas con organizaciones terroristas, no solo constituye un acto de discriminación y racismo, sino que viola palmariamente el conjunto de los derechos de los pueblos indígenas, incorporado preceptos de la Constitución Nacional, tanto por el art. 75 inc. 17 como por las sentencias de la Corte Interamericana que aplican el Pacto de San José de Costa Rica y el Convenio 169 de la OIT.”, afirman.
La denuncia también apunta al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por haber difundido el listado desde su cartera, y advierte que el Ministerio de Seguridad no tiene facultades para declarar organizaciones terroristas por fuera de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, como exige el Decreto 918/2012.
Los abogados denuncian además la violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275) y de la Ley de Inteligencia (25.520), por difundir datos falsos y realizar tareas de inteligencia ilegal sobre comunidades indígenas. “la información en la que se basa la creación del informe es falsa y constituye una violación de los deberes de funcionario público su confección, pues viola la Ley de Acceso a la Información Pública, vulnera la tutela y protección que debe tener el Estado de los datos personales de los ciudadanos y se extralimita en sus competencias”, sostienen.
En un tramo especialmente contundente, la denuncia establece una comparación directa con prácticas de la última dictadura militar: “La confección del Listado de causas Anexas y la consecuente incorporación de algunos miembros de Comunidades Mapuche en el listado de personas terroristas, solo tiene reminiscencias comparables a la última dictadura militar, donde se incluía a militantes políticos y estudiantes a quienes luego se secuestraba, torturaba y desaparecía”.
La presentación judicial exige que se investigue la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados y se repare el daño causado a las comunidades e integrantes del Pueblo Mapuche, señalando que la resolución no solo incumple derechos constitucionales, sino que expone a sectores históricamente vulnerados a una persecución institucional sin precedentes desde el retorno democrático.
El 17 de octubre a las 10hs los abogados de la Gremial realizarán una conferencia de prensa en la sede de la CTA-Autónoma en Bartolomé Mitre 774 en la Ciudad de Buenos Aires, para profundizar sobre la presentación. Se transmitirá por el siguiente link: https://www.youtube.com/live/RXnE6T49D7Y
📷 Roxana Sposaro
- Denunciaron penalmente a Patricia Bullrich
- Abren convocatoria a Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres para la Defensa Común del Territorio
- La comunidad Sacamata Liempichun ante un nuevo intento de desalojo
- Convocan a conferencia de prensa en la CTA Autónoma
- Villa Río Bermejito: represión a comunidades Qom
RELATED NEWS
