Criminalización, ensañamiento y crueldad: el caso de Facundo Jones Huala
Escribe: Silvina Ramírez
El martes 10 de junio del presente año se ordenó la prisión preventiva de Facundo Jones Huala por 90 días, longko mapuche tenazmente perseguido por el poder estatal. Se determinó que el encarcelamiento tuviera lugar en un establecimiento penitenciario en la ciudad de Rawson, provincia de Chubut, a casi 1000 kilómetros de su familia. La orden de detención provino de las altas esferas de gobierno. La ministra de seguridad Bullrich decidió que los “argentinos del sur debemos poder vivir en paz”. Sin una orden de detención previa, sin mediar un delito flagrante, sin que sus abogados tuvieran conocimiento de algún proceso judicial abierto, Facundo simplemente fue privado de su libertad. ¿Cuál es la justificación de esta decisión política / jurídica? Ser el supuesto autor de intimidación pública, instigación a la violencia, de apología del delito y de asociación ilícita. No hay que olvidar que la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), organización de la que forma parte Facundo, fue incluida hace algunos meses en la lista de organizaciones terroristas perseguidas en el país.
Facundo no tuvo acceso a las causas por las que era investigado, fue detenido sorpresivamente sin orden judicial, sus abogados defensores no conocieron los motivos por los que fue aprehendido hasta que pasaron varias horas; la audiencia que fue convocada para decidir la prisión preventiva fue a puertas cerradas, y el juez convalidó todas las tareas de inteligencia que se llevaron adelante con antelación, todas ilegales. En definitiva, un proceso irregular atravesado por estereotipos y estigmatizaciones, que traduce un mensaje de silenciamiento y represión. Facundo está preso por presentar, en febrero, su libro “Entre rejas, antipoesía incendiaria”. En aquella oportunidad tuvo palabras muy duras contra el sistema capitalista, pero se apartó de aquellas supuestas acusaciones de ser uno de los responsables de los incendios que en aquel momento azotaban la región patagónica.
La persecución, la detención, las acusaciones, el encarcelamiento, la actual investigación por 180 días, revelan muchas cosas. En primer lugar, hasta donde está dispuesto a llegar el poder político para enviar un mensaje ejemplificador. En segundo lugar, cómo el poder judicial responde a ese poder político, acomodando las piezas de un proceso penal para que se ajuste a una decisión política previamente adoptada. En tercer lugar, la arbitrariedad desplegada, otra vez, contra pueblos indígenas. La intención última de convertirlos en chivos expiatorios de hechos que responden a otras causas, como por ejemplo los incendios, pretenden confundir a la sociedad, hacerla mirar para otro lado, cubrir con un manto de sospecha a quienes son siempre perseguidos, porque finalmente forman parte de una historia oficial que no conoce de genocidios indígenas, de despojos, de violación de derechos.
Facundo no podrá volver al campo, como expresó en una última entrevista concedida un día antes de su detención. No podrá celebrar el Wiñoy Tripantu –el año nuevo mapuche- en libertad. La crueldad, otra vez, lo encierra a cientos de kilómetros de su hogar, lo aísla, lo aleja de su familia. Criminalización, ensañamiento y crueldad son los rasgos definitorios de una persecución que parece no tener fin. No sólo para Facundo, sino para todos los pueblos indígenas.
📷 Foto de archivo: Roxana Sposaro
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