El Estado argentino votó en contra de eliminar la tortura
Durante el 80º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Argentina votó en contra de una resolución destinada a prevenir y erradicar todas las formas de tortura. Solo tres países se opusieron: Argentina, Estados Unidos e Israel. La medida rompió un consenso histórico en materia de derechos humanos y dejó al país aislado frente a 169 votos a favor y 4 abstenciones: Rusia, Nicaragua, Burundi y Papúa Nueva Guinea.
El gobierno de Javier Milei se alineó con dos países fuertemente cuestionados en el ámbito de los derechos humanos: Estados Unidos, por abusos e incumplimiento del debido proceso en cientos de arrestos y deportaciones de inmigrantes, e Israel, por el genocidio contra el pueblo palestino. Con esta postura, Argentina quebró su tradición de apoyo a resoluciones internacionales destinadas a la defensa de los derechos humanos.
La postura se inscribe en un marco de subordinación total a los intereses del país del norte y en un giro negacionista en materia de derechos humanos que continúa debilitando la credibilidad de Argentina en los foros internacionales. Si bien Argentina era reconocida internacionalmente como referente en la condena a la tortura, sobre todo tras la última dictadura cívico militar, las denuncias por violencia estatal contra sectores populares y Pueblos Indígenas en democracia nunca cesaron.
El reciente rechazo a eliminar cualquier tipo de tortura se suma a otras medidas polémicas, como el nombramiento del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa, hijo de un represor que murió imputado por crímenes de lesa humanidad y que nunca fue repudiado por su hijo.
También, durante la reunión anual del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) la defensa del protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich, que ya es aplicado contra trabajadores de prensa, jubilados, personas con discapacidad e incluso niños. En este contexto, se sumó el ataque del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, a organismos de derechos humanos ante el Comité contra la Tortura de la ONU y la reivindicación de la teoría de los dos demonios, negando la magnitud de la represión durante la última dictadura cívico-militar y relativizando el terrorismo de Estado.
En esta misma línea, en noviembre del 2024, Argentina quedó aislada en la Asamblea General de la ONU al ser el único país que votó en contra de una resolución destinada a fortalecer los derechos de los Pueblos Indígenas. El documento, impulsado por Bolivia, Venezuela, Dominica, Ecuador, Liberia, México y Paraguay, promueve el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de las culturas y lenguas originarias.
La posición argentina ante el mundo no sorprende, es consecuente con las reiteradas prácticas de violencia institucional y la legitimación de discursos violentos y negacionistas.
El impacto es especialmente delicado para los Pueblos Indígenas, que invisibilizados por gran parte de la prensa, enfrentan desalojos, represión y criminalización de la protesta en territorios asediados por intereses extractivistas. El voto refuerza el clima de desprotección y agrava las dificultades de acceso a la justicia. El debilitamiento del compromiso internacional contra la tortura erosiona la confianza en que se garantice protección frente a la violencia estatal y deja a las comunidades más vulnerables y expuestas a mayores riesgos.
La resolución debilita el marco político y simbólico que sostenía -con bastante debilidad- la lucha contra la tortura en Argentina. El país queda asociado a una minoría que rechaza compromisos internacionales, mientras los Pueblos Indígenas y los colectivos que se organizan y se oponen al saqueo colonial afrontan las graves consecuencias de este retroceso en derechos humanos.
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