El IAC desconoce fallo judicial y favorece a funcionario nacional entregándole tierras indígenas
Para beneficiar a tres empresarios —entre ellos un funcionario del gobierno nacional que residiría en Buenos Aires— el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) de Chubut desconoció un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que reconoce la ocupación de la Comunidad Mapuche Tehuelche Catriman Colihueque. En respuesta, el pasado 25 de noviembre, la abogada de la comunidad, Sonia Ivanoff, presentó un recurso de reconsideración.
En octubre de 2024, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut confirmó la sentencia que favorece a la comunidad Mapuche Tehuelche Catrimán Colihueque en el conflicto por las tierras indígenas del Lote 5 “Laguna El Martillo”, ubicado en una zona lindera al Parque Nacional Los Alerces.
Sin embargo, el IAC emitió recientemente la Resolución Nº 329/25. En ella exige a quienes se presentan como adjudicatarios -Sayi Fabiana Serra, Martín Famulari y Alicia Bordas de Samamé- que en un plazo de seis meses presenten la mensura oficial del lote de 844 hectáreas para avanzar hacia la titulación definitiva.
Al mismo tiempo, el organismo provincial desconoció la Resolución Nº 354/23 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que había reconocido la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Catriman Colihueque sobre tierras fiscales en el ejido de Esquel. El IAC sostiene que la administración y adjudicación de esas tierras es facultad exclusiva de la provincia, respaldándose en la Ley I Nº 157 y en los artículos 121 y 125 de la Constitución Nacional.
En este contexto, el IAC no solo omite el fallo del STJ que reconoce los derechos de la comunidad frente a empresarios locales que buscan impugnar la posesión indígena, sino que también ignora el incumplimiento de la misma Ley I Nº 157 citada en su resolución del 20 de octubre.
Los artículos 39 a 46 y 51 de esa norma regulan las “tierras fiscales” ocupadas por Pueblos Indígenas y establecen la creación de una Comisión de Tierras Indígenas (CTI), encargada de identificar esos territorios y dictaminar en todas las actuaciones administrativas y acuerdos de linderos donde intervengan comunidades originarias.
Con esos artículos incumplidos y sin la CTI conformada, en 2019 el IAC aprobó de manera irregular una transacción a favor de Sayi Fabiana Serra, Alicia Bordas de Samamé y Martín Famulari. Los tres, vinculados a grupos de poder empresarial, judicial y político, adquirieron un supuesto “derecho a poseer” el territorio habitado desde al menos el año 2000 por Isabel Catrimán y su primo Gregorio Cayulef. Desde entonces comenzaron todo tipo de acciones para intentar desalojar a la comunidad.
Para la Ivanoff, el incumplimiento de la Ley 3765 de Tierras Fiscales de Chubut es contundente: “El IAC tiene -según esta Ley- una función social, no de inmobiliaria”
Los beneficiados por el IAC
Los apellidos Serra y Samamé son conocidos en la Patagonia. Nahuel Serra y Alejandro Samamé son socios en la firma Los Tercos S.R.L, dedicada a la explotación ganadera, agrícola y minera.
Nahuel es hermano de Sayi Fabiana Serra e integra el directorio del Grupo Serra, distribuidora mayorista con presencia en Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. En agosto pasado, el productor ganadero y comisionista de hacienda, Marcelo Winter, denunció a Facundo Nahuel Serra y otros tres empresarios por defraudación, libramiento de cheques sin fondos, insolvencia fraudulenta y asociación ilícita en operaciones de carne vacuna.
Alejandro Samamé, ingeniero agrónomo y miembro de la Sociedad Rural de Esquel, es hijo de Alicia Bordas de Samamé —quien figura como “adjudicataria” de las tierras de la comunidad— y esposa del ex procurador fiscal Eduardo Samamé.
Martín Famulari, actual presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE) desde septiembre de 2025, fue previamente Director de Innovación y Tecnología Agrícola de la Secretaría de Agricultura. También integró la empresa Bio Pulses SA, constituida en diciembre de 2019, con domicilio en Buenos Aires. Pese a ello, el IAC le adjudicó el territorio habitado históricamente por la octogenaria Isabel Catrimán.
El boletín oficial de esa empresa detalla un abanico de actividades desconectadas entre sí: agropecuarias, avícolas, pesqueras, vitivinícolas, comunicaciones, espectáculos, editoriales, manufactureras, culturales, educativas, tecnológicas, gastronómicas, hoteleras, inmobiliarias, financieras, petroleras, mineras, energéticas, de salud y transporte.
“Nunca más tuve paz”
La comunidad ocupa el “territorio fiscal” desde el año 2000, con autorización inicial de Lucio Freeman. Una vez fallecido en 2020, su hijo Luciano vendió los derechos posesorios con la anuencia del IAC, sin importarles que la familia de Isabel habita posee, habita, cuida desde hace dos décadas.
Ni Luciano Freeman, ni Serra, ni Samamé, ni Famulari habitaron jamás esas tierras, incluso tras adquirir el dudoso título, los adjudicatarios instalaron una casa a pocos metros de la de Isabel y enviaron peones para hostigar a diario a Isabel y Gregorio y forzar su salida.
La anciana apenas puede caminar y tiene problemas de visión. Sobrevivió a incendios forestales en el territorio que protege, vive de la huerta y de sus tejidos. Desde la llegada de estos empresarios, la vida de Isabel cambió. Su trabajo en la huerta, la cría de animales y su oficio de tejedora se vieron afectados y el hostigamiento es hacia toda su familia.
En 2020, en plena pandemia, Nahuel Serra y Alejandro Samamé se presentaron junto a abogados y un escribano en la ruka de Isabel Catrimán. Según relató la anciana en medios locales, le dijeron que ellos eran los dueños de las tierras y que debía irse. Isabel se negó y denunció el hecho. Desde ese momento, nunca más pudo vivir tranquila.
Su hija, Gloria Colihueque y su primo Gregorio fueron acusados por Alejandro Samamé y Nahuel Serra por supuestas amenazas con un arma de fuego. Fueron llevados a juicio en 2021 y resultaron absueltos. Los puesteros de los empresarios, a pesar de las denuncias de Isabel, nunca fueron juzgados y continúan a metros de su ruka provocando.
En reiteradas ocasiones, Isabel y su hija denunciaron violencia de género y amenazas por parte de los puesteros de los empresarios, Manuel Flores y Walter Ñancucheo. Hubo órdenes judiciales de prohibición de acceso y contacto, pero los hostigamientos nunca cesaron.
En febrero de 2025 Isabel y Gregorio fueron víctimas de los allanamientos simultáneos a comunidades mapuche-tehuelche. Sin acusación formal ni estado de sospecha, fuerzas policiales encapuchadas irrumpieron en su casa, le apuntaron a la cara y extrajeron material genético sin explicación. La investigación nunca avanzó. Ninguna de las acusaciones mediáticas vociferadas en la conferencia de prensa -que expuso la endeble división de poderes en Chubut- por parte del gobernador, el ministro de Seguridad y los fiscales pudo ser comprobada. Sin embargo, el apellido Catrimán quedó archivado en el Ministerio Público Fiscal y en el imaginario social, entre los señalados por supuestos atentados aún sin esclarecer.
Mientras tanto, el Estado provincial, a través de su organismo de colonización, continúa con acciones de despojo contra comunidades y familias mapuche-tehuelche, para entregar sus territorios a la tan criticada públicamente pero protegida casta política y empresarial.
📷 Roxana Sposaro
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