El Pueblo Ocloya exige consulta previa libre e informada
El Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya presentó un pedido de informe ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Jujuy, dirigido a la ministra María Inés Ibarra, en el que denuncia la sistemática vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada en el marco del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. La presentación exige la suspensión inmediata de todos los proyectos que afecten territorios indígenas y reclama la implementación de mecanismos efectivos de consulta conforme a estándares constitucionales, internacionales y ambientales vigentes.
“Las comunidades que integramos el Pueblo Ocloya hemos venido reclamando de manera constante y documentada que las actuaciones estatales vinculadas al ordenamiento territorial de bosques nativos en la provincia de Jujuy se han realizado al margen del derecho a la consulta previa, libre e informada”, señala el documento. El Consejo advierte que no se ha garantizado un proceso de participación real, sino únicamente instancias formales en las que se colocó a las comunidades como meros receptores de decisiones adoptadas. “Lo que se verificó fue un contacto meramente administrativo, restringido a espacios logísticos o presupuestarios, sin abrir un verdadero espacio de deliberación y decisión conjunta con nuestras comunidades”.
El pedido de informe también denuncia que numerosos proyectos ambientales, forestales y productivos han sido autorizados en territorios indígenas sin consentimiento ni participación de sus habitantes ancestrales. “Muchos de ellos avanzan sobre zonas de gran valor ambiental y cultural”, advierte el Consejo, que ya ha solicitado en reiteradas oportunidades la suspensión inmediata de dichos proyectos hasta que se lleve a cabo la consulta conforme al Convenio 169 de la OIT.
La respuesta de la administración provincial, según el documento, ha sido evasiva. “Se limitó a señalar que los proyectos se encontraban ajustados a la normativa vigente y que las autorizaciones se habían otorgado de conformidad con los procedimientos administrativos ordinarios”. El Consejo sostiene que esa normativa omitió considerar el marco superior que impone la consulta indígena y el derecho al acceso a la información ambiental, consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía supralegal.
“El modo de proceder no solo desconoce la calidad de sujetos colectivos de derecho que tienen nuestras comunidades, sino que también convierte la participación en un simulacro vacío, reduciendo la presencia indígena a un requisito formal sin contenido efectivo”, afirma el documento. El Pueblo Ocloya reitera que “sin consulta previa, los actos administrativos que autorizan planes de ordenamiento, manejo o cambio de uso de nuestros territorios carecen de legitimidad y deben ser revisados en su totalidad”.
El pedido subraya que los planes aprobados afectan recursos naturales críticos como el bosque nativo y las fuentes de agua, además de espacios de uso cultural, espiritual y comunitario. “Su deterioro constituye un daño directo a nuestra forma de vida y a la reproducción de nuestras prácticas ancestrales”, sostiene el Consejo, que denuncia una exclusión estructural de las comunidades indígenas en los procesos de toma de decisiones que inciden sobre la base material y simbólica de su existencia.
Los reclamos no son recientes ni aislados. “Se enmarcan en una trayectoria de resistencia frente a políticas públicas que, bajo la apariencia de sustentabilidad, han servido para habilitar proyectos extractivos y productivos sin consentimiento indígena”. El Consejo afirma que existe un patrón de sistemática vulneración de derechos, donde se invoca el cumplimiento formal de la Ley 26.331 pero se omite la consulta como condición habilitante para cualquier medida que afecte los bosques nativos en territorios indígenas.
“El pueblo Ocloya solicita que ese organismo dicte las medidas conducentes para asegurar la tutela efectiva de nuestros derechos colectivos”, expresa el petitorio. Mientras se tramite el expediente, el Consejo deja expresamente sentado que no se autoriza ningún avance ni ejecución sobre los planes identificados por carecer de consulta previa, participación de la asamblea y consentimiento comunitario.
El pedido exige la suspensión inmediata de toda autorización, renovación, trámite, ejecución o habilitación vinculada a los expedientes de ordenamiento, manejo, conservación o cambio de uso de suelo, hasta que se acredite la consulta previa con participación efectiva de la asamblea y consentimiento expreso de la comunidad afectada. También solicita un informe integral y circunstanciado por cada expediente, que detalle todas las medidas adoptadas para garantizar la consulta, incluyendo convocatorias, metodologías, actas, mecanismos de información previa, decisiones finales y documentación técnica.
El Consejo demanda además la garantía plena de acceso a la información pública ambiental conforme a la Ley 25.831 y al Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), con entrega de copias digitales completas en formato abierto y habilitación de un canal oficial para la remisión continua de nueva documentación. Finalmente, exige la implementación de un procedimiento específico de consulta indígena compatible con el Convenio 169 de la OIT, con diseño participativo de protocolo, cronograma público, facilitación intercultural, apoyo logístico suficiente y reglas claras para la toma de decisiones en asamblea.
“La ausencia de consentimiento impedirá la prosecución del plan por afectar derechos de máxima jerarquía”, concluye el documento, que formula reserva de derechos y anuncia la promoción de acciones y denuncias en sede local, federal e internacional para la protección urgente de los territorios, los bosques nativos y la identidad cultural del Pueblo Ocloya.
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