La comunidad Sacamata Liempichun ante un nuevo intento de desalojo

16 Oct 2025

La Comunidad Tehuelche Mapuche Sacamata Liempichum, ubicada en el paraje Payaniyeo, al sur de Chubut, recibió el pasado 8 de octubre una orden judicial de desalojo con un plazo de diez días. La medida fue dictada por el Juzgado de Ejecución N°2 de Comodoro Rivadavia en el marco del expediente “Alí Leyla y otros c/ Liempichun Waldo y otros s/ Desalojo”, y afecta directamente un lote de aproximadamente 365 hectáreas, parte del territorio ancestral Yas Aike, situado a 15 kilómetros de Alto Río Senguer.

Un proceso judicial reactivado tras la caída de la Ley 26.160

La comunidad denuncia que el expediente había sido suspendido en 2018 por la Cámara de Apelaciones mediante la sentencia SI N° 220/18, en virtud de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que impedía los desalojos en tierras ocupadas por Pueblos Originarios mientras hasta tanto se realice el relevamiento técnico-jurídico-catastral. Sin embargo, tras la derogación del decreto que prorrogaba dicha norma, el proceso fue reactivado.

“La orden judicial es arbitraria y contraria al marco normativo vigente”, advirtieron en un comunicado público señalando que se desconoce el derecho a la posesión y propiedad comunitaria indígena consagrado en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT.

La comunidad posee personería jurídica según el Acta N° 55, Folio 56 del Libro 1, Tomo 1 del Registro de Comunidades Aborígenes de Chubut, y denuncia que el fallo no contempló sus derechos colectivos. “El Poder Judicial nos trata como personas individuales y no como comunidad”, expresó Cristina Liempichun, integrante de la comunidad y del Consejo de Participación Indígena del Pueblo Tehuelche.

Además, señaló que desde hace varios años no cuentan con representación legal en la causa y que nunca fueron notificados sobre su reactivación. “Estamos en estado de alerta. No esperábamos esta intimación”. Quienes impulsan el desalojo son integrantes de una familia terrateniente de apellido Alí, señalada por haber despojado a antiguos pobladores mediante maniobras fraudulentas y engaños.

Territorio ancestral y despojo histórico

Cristina relató que el linaje de la comunidad se remonta al Cacique Juan Sacamata, quien junto a su gente se estableció en la zona en 1906. Originalmente ocupaban unas 10.000 hectáreas. En 1925, el Estado reconoció oficialmente la reserva indígena, otorgando la mitad del lote 11 —hoy en disputa con los Alí— y la mitad del lote 20 a las familias del gamakia Juan Sacamata y Antonio Liempichun.

Con el tiempo, comenzaron a llegar terratenientes y comerciantes que solicitaban permiso para permanecer temporalmente, pero luego se apropiaban de las tierras. Así se iniciaron los conflictos y la pérdida territorial. La situación se agravó con la complicidad de gobiernos de turno y organismos estatales como el Instituto Autárquico de Colonización (IAC) y la Comisión Honoraria de Reducción de Indios, que facilitaron la apropiación de gran parte del territorio por terceros.

“En 1972 se sancionó una ley que prohibía la venta de tierras si una de las partes era aborigen. Sin embargo, en 1976 se ‘vendió de manera ilegal’ lo que quedaba del territorio comunitario, donde vivía la eqon (abuela) Cristina Liempichun y su familia. La transacción fue realizada por un hijo adoptivo de la eqon a Nesid Alí, a cambio de dos damajuanas y un saco gamulán. Se aprovecharon de su vulnerabilidad y el despojo se concretó con la complicidad de funcionarios. La última en resistir fue mi bisabuela, a quien sacaron como si fuera un animal, en un camión con sus perros y sus pilchas”, recordó Cristina con indignación.

Asimismo, señaló que “en 1988, la tierra fue legalmente identificada como Tierras de Comunidades Aborígenes del Departamento Río Senguer por la Comisión de Tierras del Aborigen (Ley 3247 modificatoria Ley 3320- Decreto N°747/89) dirigida por Mario Torner y Amado Sayhueque”. Alí se apoyó en funcionarios provinciales y municipales de Senguer para concretar la ocupación y el desalojo forzoso de integrantes de la comunidad, en abierta contradicción con la normativa vigente y los dictámenes revocatorios emitidos por la Comisión del Aborigen.

A comienzos de los años 90, la Comisión viajó a Alto Río Senguer para relevar tierras que pertenecían a miembros de comunidades originarias. Allí constataron que en el lote 11C ya no vivían los pobladores indígenas, sino la familia Alí. La Comisión elaboró un informe sobre las irregularidades del lote, lo identificó como Tierras Aborígenes del Departamento Río Senguer y dictó una medida de “No innovar” sobre ese sector. Aunque la medida tenía vigencia hasta aproximadamente 1995, el gobierno de turno ignoró el informe presentado, el derecho constitucional de 1994 (Art. 75 Inc 17) y convencional de los tratados de derechos humanos (Art. 75 Inc 22) y le otorgó las tierras a favor de Nesid Ali –quien no pertenecía a la Comunidad y no era indígena.

Más allá de los reclamos formales de la comunidad, también se presentaron denuncias de vecinos reconocidos de la localidad y zonas cercanas, como el Dr. Enrique Perea, médico rural y escritor, quien relataba las vivencias de los Pueblos Originarios. Perea denunció penalmente la venta ilegal del lote 11C a favor de Nesid Alí por parte del gobierno.

Retorno y reconstrucción

En 2010, la comunidad regresó de manera pacífica y pública al territorio, recuperando alrededor de 600 hectáreas, entre ellas parte del lote 11, reconocidas como “tierras fiscales” dentro del ejido de Alto Río Senguer según la Ley XVI N° 86/2010, sancionada por la Legislatura de Chubut.

“En nuestro territorio nos desarrollamos cultural y espiritualmente. Tenemos nuestros lugares sagrados, nuestro lenguaje, nuestros Eltun (cementerios)”, explicó Cristina. Su padre, Antonio, actual gamakia-lonko de la comunidad, es nieto de la Pillañ Kuse Cristina Liempichun, quien ayudaba a realizar los rituales del camaruco antes del despojo.

Llamado a la solidaridad

“Vivimos un avasallamiento histórico, una violación sistemática de los derechos de nuestras ancestras y de toda nuestra familia. Hoy, la historia se repite. Por eso pedimos que la sociedad esté atenta a lo que pueda ocurrir, nos acompañe difundiendo la noticia y Organismos de Derechos Humanos que se pronuncien en favor de mi Comunidad”, expresó Cristina, remarcando el contexto de desmantelamiento institucional del INAI y la falta de garantías legales.

📷 Comunidad Sacamata Liempichun