La Red de Acompañamiento a los Pueblos Indígenas se reunió con el Presidente del lNAI y legisladores
Expresaron su preocupación por el aumento en la vulneración de derechos a los Pueblos Originarios, la conflictividad en los territorios frente a los permanentes atropellos hacia las Comunidades y la falta de seguridad alimentaria y jurídica, entre otras problemáticas.
Representantes de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD),la Fundación ASOCIANA, la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), la Junta Unida de Misiones (JUM), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), el Instituto de Cultura Popular (INCUPO), la Fundación Con los Pies en la Tierra, la Fundación Gran Chaco, Redes Chaco, la Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Amnistía Internacional se reunieron el 4 y 5 de junio para analizar las problemáticas que enfrentan las comunidades y reunirse con funcionarios y legisladores.
Diálogo con funcionarios
Los referentes de estas organizaciones se reunieron con el presidente y el director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj y Alejandro Collia respectivamente.
Durante el encuentro expresaron su preocupación por la continuidad del organismo. A su vez, plantearon la necesidad de avanzar en los trabajos de relevamiento en el marco de la Ley de Emergencia Territorial 26.160. No obstante, Collia, señaló que tienen “el propósito de terminar todo lo que esté en trámite, pero no cree que puedan seguir con nuevos relevamientos, ya que todo eso depende del acuerdo con las provincias”, según informaron desde Endepa.
También se conversó sobre la necesidad de llevar adelante un “Plan Nacional de acción en políticas públicas para los Pueblos Indígenas” y avanzar en una “Ley de Propiedad Comunitaria Indígena”. Respecto a este último tema, mencionaron que Avruj respondió que están en diálogo con ciertos legisladores para avanzar en algún proyecto.
Reunión con legisladores
Por otra parte, las organizaciones se reunieron con los senadores, Edith Terenzi de Chubut, Nora Giménez de Salta, Victor Zimmerman de Chaco, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela de Corrientes, además Pablo Blanco, Eduardo Galareto, Daniel Kroneberger, Oscar Parrilli de Neuquén y la diputada por Buenos Aires Roxana Monzón.
Ante ellos, abordaron el impacto de la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) en la situación territorial de los Pueblos Indígenas. También manifestaron la necesidad de que se efectivice el cumplimiento de la Ley 26.160 para que se realicen todos los relevamientos, no solamente en las comunidades que tengan iniciado el trámite de solicitud, y del tratamiento de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.
La deuda con los Pueblos Indígenas continúa
Además,hicieron entrega de un documento elaborado colectivamente por las organizaciones articuladas como Red de Apoyo a los Pueblos Indígenas (RAPI).
En el mismo, expresan su preocupación ante los cambios normativos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional . Específicamente, se refieren al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y al proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
Sostienen que ,”Los mismos afectan sustancialmente nuestro estado de derecho, nuestro sistema constitucional vigente, especialmente a los sectores más vulnerabilizados de nuestra sociedad, como son los Pueblos Indígenas, a quienes acompañamos en sus reclamos, especialmente en la materialización de sus derechos territoriales y reconocimiento real de su identidad cultural”
La falta de decisión para resolver situaciones acordadas y legisladas, así como la aplicación insuficiente de la Ley 26.160 y sus prórrogas, son motivo de preocupación. Entre otros ejemplos señalan, la aplicación de la Ley 26.160 y sus prórrogas, casos Lhaka Honhat, Mowitob, avance en el reconocimiento oficial del Pueblo Nivaclé, los derechos del Pueblo Mapuche, la reforma constitucional inconsulta de la Provincia de Jujuy.
La reestructuración del Estado y del sistema de derechos vigentes también preocupa a estas organizaciones. Consideran que va en contra de los principios y bases consagrados en la Constitución Nacional de 1853-1994, afectando los derechos humanos, los derechos de incidencia colectiva, los derechos ambientales y el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas sobre su territorio, preexistencia y autodeterminación.
En este sentido, denuncian:” EL avance de una cultura y modelo hegemónico, que invisibiliza a los Pueblos Indígenas, desconoce su existencia y la riqueza de la pluriculturalidad, escudándose en discursos que generan divisiones y exacerban el racismo”
La RAPI reafirma la importancia del reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios, en línea con el Artículo 75 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. El Estado Nacional tiene la obligación ineludible de garantizar seguridad jurídica y material, respetando la autodeterminación de los Pueblos y sus derechos sobre los recursos naturales.
“El territorio y los Pueblos son uno y su defensa, conservación y sustentabilidad no pueden subordinarse a un orden económico que no tenga como centro al ser humano como sujeto de derechos.”, resaltan en la nota entregada a los funcionarios y legisladores.
Recalcan que Argentina ya ha sido condenada internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar los derechos de los Pueblos Indígenas en temas como propiedad comunitaria, consulta previa libre e informada, alimentación adecuada, ambiente sano, identidad cultural y derecho humano al agua.
“Los Pueblos Indígenas nos han demostrado que es posible vivir en este mundo en armonía con la naturaleza de la que somos parte. Consideramos en riesgo esta posibilidad, a partir de las políticas económicas que se proyectan y pretenden concretarse a través de las reformas propuestas y acciones impulsadas, profundizando el extractivismo, la concentración de la propiedad de la tierra, la transferencia y comercialización de los recursos naturales, la negación del cambio climático, la exacerbación de la propiedad privada y consecuente incumplimiento de la propiedad colectiva de los territorios. Como consecuencia de este rumbo, se estigmatizan y criminalizan las luchas por la defensa de sus derechos.
Reivindicamos y exigimos más que nunca el cumplimiento del rol del Estado como garante de los derechos, en base a los principios de progresividad, universalidad, interdependencia, integrales, que los rige y sustenta. No aceptaremos un paso atrás en materia de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, renovando nuestro compromiso en el acompañamiento de sus luchas y sus resistencias.”
En este contexto, denuncian que la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena se mantiene. Se exige que el Estado cumpla su rol como garante de los derechos y consideran que es imprescindible continuar y profundizar las políticas públicas que hagan posible el acceso y seguridad territorial, con respeto a los demás derechos e intereses de los Pueblos Indígenas.
Además exigen la culminación de los relevamientos territoriales y titularización de los territorios, señalando la importancia de la continuidad del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con los recursos necesarios y calidad institucional.
Finalmente, proclaman que es inadmisible la aceptación de un sistema regresivo de derechos, comprometiéndonos a mantener y redoblar la defensa de los derechos humanos y construcción de un Estado intercultural.
📷 Endepa
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