Las fiscalías, garantes del despojo en Chubut
Mientras fiscales y jueces avanzan con celeridad en causas penales contra integrantes de comunidades mapuche tehuelche, los hechos ilícitos cometidos en perjuicio de esas mismas comunidades -hostigamientos, amenazas, daños materiales, violencia física, de género, racista e institucional- quedan sistemáticamente sin investigar.
El pasado 28 de octubre, las familias de Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen sufrieron un nuevo allanamiento. La policía provincial ingresó al territorio recuperado con una orden firmada por el Jefe de Fiscales de Lago Puelo Carlos Díaz Mayer, en el marco de una denuncia por abigeato presentada por Ronald Mc Donald, representante de la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A., propiedad del grupo Benetton.
La medida autorizaba el secuestro de “cinco toros de raza Hereford, treinta ovejas y cualquier tipo de arma o munición”. Nada de lo buscado fue hallado. Los mapuche no tenían ni armas de fuego, ni municiones, ni animales ajenos a la comunidad, tal como lo confirma el acta entregada a sus integrantes.
El documento judicial indicaba que durante el procedimiento debía “evitarse todo tipo de menoscabo físico o moral que torne la diligencia abusiva o exagerada”. No obstante, los integrantes de la comunidad expresaron haber sufrido maltratos, amedrentamiento a los más jóvenes y restricciones arbitrarias durante el operativo.
Tras el operativo, integrantes de Pu Lof intentaron realizar una exposición en la Comisaría de Lago Puelo por los reiterados hostigamientos de la policía y de empleados de Benetton. La comisaría se negó a tomar la denuncia y los derivó a la Fiscalía, que también rechazó recibirla. Días después, la comunidad acudió a las oficinas del Ministerio Público Fiscal en Esquel, donde tampoco obtuvieron respuesta.
“Nosotros tenemos un poco de miedo porque son patotas, son complicados. No sabemos qué nos puede llegar a pasar en el futuro estos grupos se manejan con mucha impunidad”, expresó Martiniano Jones Huala.
La parcialidad del Ministerio Público Fiscal se vuelve evidente en cada operativo, en cada negativa a tomar denuncias, en cada expediente que se abre contra las comunidades pero nunca contra quienes las agreden. Los integrantes de Pu Lof en Resistencia han intentado en reiteradas ocasiones denunciar el accionar violento de efectivos policiales y empleados de la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A., propiedad del grupo Benetton. Las comisarías se niegan a recibir las exposiciones, las fiscalías rechazan las presentaciones, y el circuito judicial se cierra para quienes reclaman derechos colectivos.
Desde el inicio del proceso de recuperación territorial en 2015, la Pu Lof en Resistencia de Cushamen ha sido blanco de múltiples causas penales, operativos represivos y de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. El 11 de enero de 2017, la policía de Chubut desplegó un operativo violento que dejó a varios integrantes de la comunidad mapuche con heridas de bala gravísimas.
Por estos hechos, la Cámara Penal de Chubut confirmó la condena al jefe de Infantería de la policía provincial, Javier Solorza, a un año y seis meses de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación especial para ejercer funciones en fuerzas de seguridad, por el delito de abuso de autoridad. La fiscal María Bottini estuvo a cargo de la investigación y la acusación.
Si en aquel entonces el rol del poder judicial ya resultaba insuficiente, hoy la impunidad parece haberse instalado como norma cuando las víctimas son integrantes de Pueblos Indígenas.
Similar situación sufren las personas y comunidades mapuche tehuelche que sufrieron los allanamientos simultáneos el 11 de febrero pasado en la zona cordillerana de Chubut. Entre las comunidades afectadas estuvieron Lof Pillañ Mawiza, Lof Cañio, Lof Catriman Colihueque, Lof Nahuelpan y la Radio Comunitaria Mapuche Petü Mogeleiñ en El Maitén.
Los procedimientos se realizaron bajo órdenes del juez penal Jorge Criado, en el marco de una investigación a cargo de la fiscal general María Bottini y de Ismael Cerdá, Procurador de la Fiscalía, por un incendio de unas maquinarias en una estancia de la localidad de Trevelin. Sin embargo, no se encontraron armas, ni elementos vinculados al delito investigado. En cambio, se reportaron graves irregularidades: una mujer fue detenida arbitrariamente, y personas mayores -incluyendo ancianos de 80 y 82 años- fueron maltratadas durante los operativos. Las denuncias por violencia y hostigamiento institucional tampoco fueron escuchadas.
Hoy, la Fiscalía, lejos de actuar como garante de derechos, se posiciona como parte acusadora en conflictos territoriales que tienen raíces históricas y estructurales. En lugar de tomar las denuncias de las comunidades y de investigar el origen de los títulos de propiedad de terratenientes extranjeros o la venta ilegal de territorios ancestrales con el aval del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, niega el proceso histórico genocida y se enfoca en perseguir penalmente a quienes ejercen el derecho a la autodeterminación y la reafirmación territorial, ante la falta de respuestas a sus reclamos judiciales.
Incluso cuando las comunidades logran demostrar su inocencia, como ocurrió en 2019, cuando cinco integrantes de Pu Lof fueron absueltos de los cargos de usurpación y abigeato -ratificado por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut- el Estado incumple sus propios fallos. La mesa de diálogo ordenada por el Poder Judicial no se pudo realizar porque el Estado provincial apeló. En cambio, se reactivan causas civiles para solicitar desalojos, se intensifican los operativos policiales y se niega sistemáticamente la recepción de denuncias por parte de las comunidades.
La derogación de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos en territorios indígenas, agravó aún más esta situación. Hoy, comunidades como Pu Lof en Cushamen enfrenta un juicio civil impulsado por Benetton, el mismo terrateniente extranjero que ya perdió en sede penal.
La falta de acceso a la justicia es una forma de violencia institucional. Cuando el Ministerio Público Fiscal criminaliza derechos colectivos, pero ignora los delitos cometidos contra comunidades indígenas, perpetúa el despojo, la impunidad y la desigualdad estructural. Así, la fiscalía en lugar de garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales y los tratados internacionales que protegen a los Pueblos Indígenas se convierte en instrumento de persecución.
En este contexto, durante la noche del 6 de noviembre, fueron detenidos en la localidad de Gualjaina cuatro comuneros mapuche-tehuelche. Entre ellos se encuentran Eusebio Antieco, integrante del Consejo de Participación Indígena y del Lof Newentuaiñ Inchiñ, y la werken Susana Martin, representante del Lof Fentren Kimun. Las detenciones se produjeron en el marco de una reivindicación territorial, luego de que -según expresaron en un comunicado público- “se agotaran todas las instancias administrativas ante organismos como el I.A.C., el Juzgado de Paz, la Defensa Pública local y la Comisaría del Departamento de Gualjaina, sin obtener respuesta alguna hasta la fecha”.
Una vez más, se evidencia la rapidez selectiva con la que actúan las fiscalías. Al cierre de esta nota, los cuatro comuneros permanecen detenidos en dos comisarías de Esquel.
Frente a esta realidad, las comunidades siguen resistiendo, denunciando y convocando a la sociedad a acompañar sus luchas.
📷 Roxana Sposaro
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