Lo que le dejó Milei a los pueblos indígenas en su primer año de gobierno

29 Dic 2024

Regresiones de derechos, inseguridades e incertidumbres, y desarticulación de políticas

Escribe Silvina Ramírez

Todo final e inicio de año lleva, ineludiblemente, a mirar hacia atrás para llevar adelante un balance, para sacar cuentas e identificar lo bueno y lo malo del período. Es el caso de la gestión de gobierno de Javier Milei, un gobierno ideológicamente adverso a los pueblos indígenas, principalmente porque los desconoce como sujetos políticos y colectivos, y porque ignora sus derechos fundamentales. Las medidas que fue tomando desde su asunción traducen un objetivo claro de desarticulación de las políticas públicas destinadas a respetar sus derechos, vinculado también con la solidificación de un modelo económico amarrado al extractivismo. En la ideología anarco capitalista libertaria, los derechos indígenas se presentan como un obstáculo a superar.

Desde el primer momento del gobierno se tomaron acciones tendientes a socavar sus derechos. La eliminación de Instituto nacional contra la Discriminación (INADI), la reorganización del Institución nacional de Asuntos indígenas (INAI) eliminando áreas de trabajo, son algunas de las decisiones que se tomaron y que apuntan a debilitar las políticas destinadas a los pueblos indígenas. Sin embargo, la derogación de la prórroga de la ley de emergencia territorial indígenas ha sido “la cereza del postre” de una andanada de decisiones que socavan sus derechos territoriales y que promueven y facilitan los desalojos, y que, en definitiva, profundizan los despojos territoriales.

Para tomar otro ejemplo, la eliminación en la práctica del registro nacional de comunidades indígenas (RENACI) es un mensaje de que la concesión de personerías jurídicas, –no olvidemos que la personería jurídica es un derecho reconocido constitucionalmente, y no una obligación para las comunidades indígenas- a futuro, se van a restringir al máximo. Todo eso disfrazado bajo el ropaje de un falso federalismo, de un discurso que otorga a las provincias las facultades de manejar todo lo relativo a las personerías, cuando muchas veces estas provincias o carecen de instancias especiales que las habiliten, o cuando han demostrado a lo largo del tiempo una resistencia a otorgarlas, precisamente por su resistencia a reconocer los derechos indígenas.

Así las cosas, y tomando estos ejemplos como hitos en un camino más largo que no está conduciendo, precisamente, a la construcción de un Estado intercultural –y ojalá, en algún momento, plurinacional- debemos replantearnos cuáles serán las líneas de acción en un futuro, ya sea desde el actual gobierno, ya sea desde las organizaciones y comunidades indígenas, quienes están visibilizando estos retrocesos, y manifestando las situaciones de inseguridad jurídica que les plantean a todo nivel, pero especialmente en la protección de sus territorios.

La pregunta, entonces, es qué esperar a futuro, mucho más teniendo presente que este gobierno está transitando sólo su primer año de mandato, que aún cuenta con una importante legitimidad social, y que es esperable que siga sosteniendo y profundizando un modelo estatal claramente adverso a los derechos e intereses de los pueblos indígenas.

Desde el gobierno, no cabe ninguna duda que el escenario político y jurídico en los próximos años desarrollará las políticas que empezó a formular en su primer año de gestión, y gestará condiciones negativas para el ejercicio de los derechos indígenas. Eliminar la ley de emergencia y con ella, dejar de lado la suspensión de los desalojos, es una muestra clara de una intención transparente, que pretende apropiarse de los territorios indígenas. El Régimen de incentivos a las grandes inversiones (conocido como el RIGI) es también una demostración indubitable de cuál es el horizonte que persigue esta gestión.

Desde las organizaciones indígenas y las comunidades indígenas se están desplegando, paulatinamente, acciones de resistencia. Desde la judicialización de las medidas del gobierno, las denuncias ante diferentes organismos internacionales, la elaboración de estrategias jurídicas desde el ámbito jurídico por los/las abogados/as que acompañan su lucha, se están desarrollando acciones tendientes a proteger sus derechos y a poner un alto a la embestida del gobierno.

No obstante, la resistencia parece ser insuficiente. Es necesario, desde mi perspectiva, gestar acciones proactivas que saquen a los pueblos indígenas de una postura meramente contestataria y de rechazo, y que puedan tomar la iniciativa para plantarse frente a acciones estatales que incumplen todas las obligaciones que el mismo Estado se comprometió a cumplir. Por supuesto que adoptar otras posturas es muy difícil, porque requiere de “una organización” entre las diferentes organizaciones indígenas de las decenas de pueblos indígenas que existen en Argentina siempre difícil de alcanzar. Junto con esto, también exige de las organizaciones no indígenas y de todas aquellas personas que acompañan a las comunidades indígenas en sus reivindicaciones, una articulación y un diálogo transversal que no es sencillo provocar.

A mayor gravedad de la situación para los pueblos indígenas, se requiere mayor creatividad en las acciones a adoptar, y mayor organización y consenso alrededor de esas acciones, a fin de defender sus derechos. Derechos indígenas que, más allá de las decisiones gubernamentales, existen, están vigentes y tienen fuerza normativa. Es un presupuesto y un argumento que debe estar presente en cualquier determinación que se adopte y una bandera que debe mantenerse en alto.