Lof Frenten Kimun: Despojados e imputados
El juez penal José Luis Ennis ordenó la liberación de Eusebio Antieco, Susana Martín, Matías Cisterna y Paola Martínez, detenidos durante un operativo policial tras una reivindicación territorial impulsada por la Lof Frenten Kimun. La comunidad había realizado reiteradas presentaciones administrativas ante distintos organismos, denunciando la venta irregular de parte de su territorio.
La audiencia de control de detención se llevó a cabo el 7 de noviembre en el Juzgado Provincial de Esquel. Allí, el magistrado dispuso la apertura de una investigación penal por seis meses y prohibió a los cuatro mapuche acercarse al territorio en disputa. A la sala ingresaron diez personas mapuche -capacidad máxima permitida- y representantes de la prensa local. Afuera, unas treinta personas, entre ellas integrantes de comunidades mapuche-tehuelche de la zona, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Esquel – Trevelin, del No a la Mina y vecinos autoconvocados, celebraron la liberación.
La Fiscalía, representada por el procurador Ismael Cerda, imputó a los detenidos por “robo en despoblado y en banda con agravante de usurpación”, y sostuvo que los hechos ocurrieron “mediante violencia y clandestinidad”. También los acusó de haber sustraído una motosierra y una amoladora, elementos que no fueron hallados.
La defensa, a cargo del abogado Luis Virgilio Sánchez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, negó la existencia de robo y rechazó la supuesta clandestinidad. Afirmó que se trató de una reivindicación territorial notificada formalmente a las autoridades. En esa notificación, Lof Frenten Kimun detalló la falta de respuesta a las solicitudes administrativas presentadas entre abril del 2022 y octubre de 2025 ante el Juzgado de Paz de Gualjaina, la Defensoría Pública, la Comisaría local y el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC).
Sánchez recordó que los imputados ya habían denunciado maniobras de fraude y venta ilegal de tierras, y que el territorio en cuestión forma parte del espacio comunitario de la Lof Fentren Kimun y que la comunidad cuenta con personería jurídica 2679.
Horas después de anunciar la reivindicación sobre los lotes 9 y 10 de la Sección D, en Costa de Gualjaina, la presidenta de la comunidad, Susana Martín -quien firmó el documento- fue detenida junto a los tres comuneros. Los trasladaron a dos comisarías de Esquel, a unos 90 kilómetros, donde pasaron la noche hasta ser llevados al juzgado para la audiencia pública.
Para concretar la orden judicial, se desplegó un operativo desproporcionado. “¿Para qué tantas armas, si nosotros no tenemos armas? A veces ni siquiera tenemos para comer…”, relató Eusebio Antieco, representante del Consejo de Participación Indígena (CPI).
“No me van a callar”
Durante la audiencia, Eusebio Antieco explicó que se encontraba en el lugar cumpliendo su rol como representante del Pueblo Mapuche Tehuelche e interlocutor entre las comunidades originarias y el Estado. Integrante de la comunidad mapuche-tehuelche Newentuaiñ Iñchin, de Costa de Lepá, Antieco rechazó todas las acusaciones y exigió una solución política. “Somos pueblos preexistentes, no terroristas”, afirmó.
Antieco relató que envió cartas al actual presidente del IAC Horacio Masaccese, al gobernador Ignacio Torres y a intendentes de distintas gestiones para abrir una mesa de diálogo, sin obtener respuesta. “Este es un problema político que no vamos a resolver hoy acá. Estoy dispuesto a dialogar porque sé que no estoy cometiendo ningún delito”, sostuvo.
También denunció la criminalización de las recuperaciones territoriales, la falta de aplicación del Convenio 169 de la OIT y la negativa de las autoridades provinciales a establecer canales de diálogo. “Yo no voy a callar mi verdad ni mi voz porque ustedes me acusen. Acá hay un pueblo que resiste, un pueblo que se va a levantar. Lo van a tener que matar nuevamente, y háganlo señores, acá estoy”, declaró ante el tribunal.
El referente mapuche remarcó que el título que adquirió Aldo Duscher es parte del territorio comunitario reconocido por el mismo Estado argentino a los Antieco. “El Estado reconoce las tierras comunitarias de los Antieco y después dice que no lo son. ¿Cómo puede ser?”, cuestionó.
También criticó al gobernador Ignacio Torres por modificar la Ley 157 que “garantizaba” el derecho de las comunidades a elegir sus representantes en la Comisión de Tierras Indígenas en el IAC mediante un paquete de leyes sancionadas en marzo pasado en la legislatura provincial. “Al presidente del IAC, cuando asumió le hice llegar una nota por mesa de entrada para sentarnos a dialogar. Todavía no me ha llamado pero resulta que en cinco minutos sacó un documento de que el señor Duscher tiene un título”, afirmó.
El juez aclaró que la titularidad de las tierras deberá resolverse en los fueros civil o administrativo, y ordenó la restitución provisoria del predio a los denunciantes, Aldo Duscher -hijo del ex intendente de Gualjaina José Duscher- y Sebastián Bestene -apellido empresarial conocido por otros conflictos en la zona-, quienes habrían comprado parte del territorio con autorización del IAC, a pesar de que allí Susana Martín vive y cría a su ganado.
La “estabilidad” de las comunidades indígenas depende del delgado hilo del reconocimiento estatal. Algunas tienen sus personerías jurídicas, pero aún esperan el relevamiento territorial, otras han sido relevadas por el INAI y cuentan con Carpetas Técnicas que reconocen la ocupación tradicional, actual y pública, otras no tienen nada de nada. El punto en común de la mayoría es que carecen de título de propiedad comunitaria. De este modo, el Estado provincial sigue clasificando los territorios indígenas como “tierras fiscales”. A su vez, en Chubut, el IAC autoriza la venta de lotes sin reconocer que allí viven y se desarrollan familias mapuche-tehuelche. Así, se venden territorios con familias, ganado, huertas y toda una historia de vida dentro.
Declaraciones e incumplimiento sistemático
La Constitución de la Provincia del Chubut establece que las tierras fiscales deben administrarse de forma racional y adjudicarse en propiedad, reconociendo a los Pueblos Indígenas la posesión y propiedad individual de los territorios que ocupan legítima y tradicionalmente. Este principio, expresado en los artículos 95 y 34, se articula con normas nacionales e internacionales que garantizan tanto la propiedad individual como comunitaria de los Pueblos Originarios.
El Estado provincial detenta el dominio privado originario de las tierras fiscales, pero tiene la obligación de adjudicarlas reconociendo la ocupación indígena. Este reconocimiento no depende de títulos formales, sino de la ocupación histórica, pública y culturalmente vinculada a la vida de las comunidades. La propiedad comunitaria indígena está respaldada por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, ratificado en la ley 24071.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Pueblos Indígenas son titulares de derechos sobre los territorios que forman parte de su identidad y modo de vida. En Chubut, este principio implica que las tierras fiscales ocupadas por comunidades mapuche-tehuelche no pueden venderse ni adjudicarse a terceros sin respetar esos derechos. Sin embargo, el Estado provincial habilita ventas sin aplicar estos marcos legales, lo que genera conflictos, judicialización y despojos.
La colonización que nunca cesó
El IAC, basándose meramente en documentación administrativa, niega la existencia y la ocupación histórica de las comunidades – muchas desde antes de la conformación del Estado provincial en 1955- y habilita ventas -generalmente a empresarios o privados relacionados a sectores de poder- sin respetar el carácter colectivo, indivisible e inalienable de los territorios. Por otro lado, el Poder Judicial investiga y condena a quienes denuncian y resisten el despojo, pero no actúa consecuentemente ante las denuncias por la intervención irregular del IAC en la venta de territorios comunitarios.
Si el Estado provincial desconoce la posesión de las familias que habitan esos territorios, si el Poder Legislativo no legisla conforme al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional -que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y obliga a garantizar sus derechos colectivos-, si el Poder Judicial criminaliza a quienes reclaman su cumplimiento, y si el Poder Ejecutivo decide con quién dialogar según criterios arbitrarios que distinguen entre “verdaderos” y “falsos” mapuche, ¿qué alternativa les queda a las comunidades para defender sus derechos?
Pese a la persistente negativa estatal, Antieco cerró su declaración ante el juez y el fiscal con el pedido urgente de abrir un diálogo verdadero. “¿Por qué podemos no llegar a un entendimiento si somos personas pensantes? Yo fui a la escuela y terminé a los manotazos el séptimo grado. Pero tengo un kimún (conocimiento), un rakizuam (pensamiento), mis kuifi (antiguos) me hacen hablar. No soy yo el que habla, acá están mis antepasados que sufrieron este mismo atropello que estamos sufriendo hoy”.
📷 Roxana Sposaro
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